El Procurador del Común propone homogeneizar la normativa sobre el uso de patinetes eléctricos
El objetivo de la iniciativa es garantizar el derecho de los ciudadanos a circular en condiciones de seguridad por las vías públicas
Ha solicitado información sobre normativas y accidentes a los ayuntamientos de más 5.000 habitantes de la comunidad
El Procurador del Común ha iniciado una actuación de oficio con la idea de formular sugerencias o recomendaciones a los ayuntamientos de más 5.000 habitantes de Castilla y León para unificar el uso de patinetes eléctricos y "garantizar el derecho de los ciudadanos a circular en condiciones de seguridad por las vías públicas". Así queda recogido en una carta remitida a los diferentes alcaldes en demanda de información sobre el uso de estos 'vehículos de movilidad personal' en sus municipios.
El Procurador del Común quiere conocer cuál es la normativa reguladora sobre patinetes eléctricos en cada localidad o, en el caso de no existir, qué "previsiones temporales y criterios generales" se tienen en cuenta para regular la materia. Además, el equivalente regional del Defensor del Pueblo solicita un informe sobre los accidentes ocurridos en los últimos tres años "concretando, si fuera posible, el número de siniestros en los que hubo daños personales y las causas".
El organismo que preside Tomás Quintana demanda igualmente información sobre el número de sanciones impuestas por el uso de patinetes eléctricos y "las causas más comunes que motivaron las denuncias", así como "cualquier otro aspecto relacionado con el tema que pueda ser, a su juicio, de interés en la tramitación de la presente actuación de oficio".
En la misiva, firmada por la adjunta al Procurador del Común, Anabelén Casares, se recuerda que la competencia sobre la ordenación del tráfico en las vías urbanas corresponde a los municipios y que la Dirección General de Tráfico solo ha emitido hasta la fecha una instrucción no vinculante con «una serie de criterios muy básicos e insuficientes dirigidos a los ayuntamientos». El Procurador del Común entiende que "los núcleos urbanos más consolidados deben actuar sin necesidad de esperar a la regulación general prevista" y considera que debe intervenir para que los municipios de Castilla y León dispongan de criterios comunes.