La Renta Garantizada, el freno autonómico ante la exclusión social

La Renta Garantizada de Ciudadanía de Castilla y León nació para dar respuesta a una situación en la que una parte de la población se encontró en riesgo de exclusión social, como consecuencia de la crisis, y sin perspectivas de poder salir de esa situación a corto plazo (información sobre requisitos y trámites para acceder a esta prestación). Por ello, Castilla y León aprobó la Ley 7/2010 de 30 de agosto, que daba cumplimiento a lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía, que consagra, como derecho de los ciudadanos castellano leoneses el acceso a una renta garantizada de ciudadanía cuando se encuentren en situación de exclusión social.

Así pues, la Renta Garantizada de Ciudadanía se configura como un derecho subjetivo reconocido en el Estatuto de Autonomía a todas las personas y familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social en Castilla y León, cuya finalidad es proporcionar los medios y apoyos necesarios para atender sus necesidades básicas y de subsistencia y promover su integración.

A lo largo de estos años, se han alcanzado también importantes acuerdos en esta materia con el Diálogo Social, fruto de los cuales fue la aprobación del Decreto-Ley 2/2013, por el que se han ido adoptando medidas extraordinarias de apoyo a las personas y familias afectadas por la crisis en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social en Castilla y León y se han impulsado importantes medidas de mejora de la prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía.

Durante 2017 fueron 36.643 las personas beneficiarias de la Renta Garantizada de Ciudadanía, a la cual la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades destinó 77,7 millones de euros. El perfil de los perceptores de esta prestación en 2017 indica que el 55 % se encuentran entre los 36 y los 55 años; el 60,85 % fueron mujeres y el 39,15 %, hombres; el 64,09 % vivía en medio urbano y el 35,91 %, en el medio rural; el 59,15 % tenía cargas familiares y el 40,85 % fue beneficiario único, y el 89,71 % fueron españoles y el 10,29 %, extranjeros.