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Plan de choque para incorporar 168.000 desempleados menores de 25 años al mercado laboral en tres...
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durante 2019-2021

Plan de choque para incorporar 168.000 desempleados menores de 25 años al mercado laboral en tres...

Actualizado 08/12/2018
Redacción

Con 50 medidas y financiado con 2.000 millones de euros, el Gobierno prevé rebajar la tasa de paro juvenil hasta el 23,5%

El Gobierno ha apruebado el Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 cuyo objetivo es favorecer el acceso de los jóvenes a la formación y al trabajo digno y estable. El Consejo de Ministros también ha dado luz verde el anteproyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución para reforzar la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Además, ha impulsado una serie de medidas para mejorar la competitividad de la industria y del comercio.

Este plan busca reducir la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación. Estará financiado con 2.000 millones de euros y prevé rebajar la tasa de paro juvenil hasta el 23,5% y que 168.000 desempleados menores de 25 años se incorporen al mercado laboral.

Como resaltó la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, este Plan va a ser muy beneficioso para los jóvenes -"que son el futuro, pero también el presente"- y para España "porque el país los necesita, económica y socialmente". "Apostar por la formación y el empleo joven es apostar por la cohesión social", ha dicho Valerio, que ha señalado que los jóvenes tienen derecho a tener una autonomía personal y una vida independiente. "De esta forma valorarán la democracia en la que viven y se sentirán integrados" y se evitará que tengan "tentaciones por salidas aparentemente fáciles a problemas que son muy complejos".

Las 50 medidas transversales contenidas en el plan se organizan en torno a seis ejes: orientación, formación, oportunidades de empleo, igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, emprendimiento y mejora del marco institucional. Diseñadas a través de un proceso muy participativo entre varios ministerios, estas medidas han recibido el apoyo unánime de la Mesa de diálogo social, en la que están representados los interlocutores sociales. Asimismo, su ejecución se hará en coordinación con las comunidades autónomas, diputaciones provinciales y ayuntamientos.

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