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Más de 5.800 opositores para personal de servicios de la Junta repiten el examen en Salamanca
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TRAS EL RECURSO DE 131 ASPIRANTES POR SU EXCESIVA COMPLEJIDAD

Más de 5.800 opositores para personal de servicios de la Junta repiten el examen en Salamanca

Actualizado 02/12/2018
Redacción

La prueba se celebraba en los IES Fray Luis de León y Lucía Medrano, así como en la Escuela Oficial de Idiomas y dependencias de la USAL en el Campus Unamuno

La escena previa era la habitual ante cualquier oposición: multitud de aspirantes y un ambiente tenso por los nervios propios de una prueba de esta importancia. Sin embargo, este examen era distinto. Se trataba de la repetición del que se realizaba el 3 de junio.

Hablamos de las oposiciones para acceder a las 384 plazas que corresponden a la categoría laboral más básica de la administración autonómica, como son las de operarios de limpieza, cocina y portería en residencias de ancianos, centros juveniles y educativos dependientes de la Junta de Castilla y León.

Sin embargo, la falta de adecuación entre las categoría de las plazas ofertadas y las preguntas formuladas, por entender una excesiva complejidad en cualquier caso ajena a la naturaleza de la prestación laboral, motivó la interposición de 131 recursos por parte de otros tantos opositores.

La Junta de Castilla y León, mediante resoluciones fechadas el 31 de agosto y el 3 de septiembre, estimó los recursos formulados contra el ejercicio celebrado el 3 de junio pasado, que anuló y ordenó su repetición que ha tenido lugar este domingo 2 de diciembre en las capitales de Burgos, León, Salamanca y Valladolid.

En total son más de 18.000 opositores en Castilla y León. De ellos, 5.821 se han examinado en la ciudad charra, en concreto en los institutos Lucía de Medrano y Fray Luis de León, así como en la Escuela de Idiomas, en el edificio FES del Campus Unamuno y en las facultades de Biología, Medicina, Farmacia y Derecho.

El ejercicio constó de cerca de noventa preguntas distribuidas en cinco apartados relativos a normas que afectan a la administración autonómica, y cinco específicamente ligados al trabajo ofertado.

Fotos de Alberto Martín

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