La Ley de Cámaras de Comercio garantiza una financiación estable para estas instituciones en...

El pleno de las Cortes autonómicas dio luz verde este miércoles, con el beneplácito de todos los grupos parlamentarios y la única abstención de los integrantes del Grupo Parlamanetario Ciudadanos al proyecto de ley por el que se regulan las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios y el Consejo de Cámaras de Castilla y León. Esta norma nace con la garantía de financiación estable a partir de una cuantía presupuestaria contenida en las cuentas autonómicas.

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, desgranó el contenido de esta nueva norma que nace para que estas corporaciones de derecho público «adecúen sus servicios y funcionamiento a la realidad empresarial» atendiendo a un marco legal oritentado a que sean «más ágiles y dinámicas». La Ley 4/2014 de 1 de abril de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación también recoge la necesidad de que las autonomías aprueben una ley propia para adaptar el modelo cameral a las singularidades de sus territorios y su tejido productivo, algo a lo que hoy ha dado cumplimiento el Parlamento autonómico de Castilla y León.

El Proyecto de Ley se estructura en ocho capítulos y 50 artículos, una disposición adicional, dos transitorias, una derogatoria y tres finales, según relató Pilar del Olmo. Una de las principales novedades de esta ley, considerada también como uno de sus «pilares básicos» es la creación del Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León, que contempla la existencia de las entidades camerales de ámbito provincial (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora) y las de ámbito local (Arévalo, Briviesca, Miranda de Ebro, Astorga y Béjar), para garantizar «una adecuada coordinación» entre todas las entidades existentes, al tener atribuidas funciones de «representación, dirección y coordinación del ejercicio de las facultades que tienen las entidades camerales de la Comunidad».

Del Olmo defendió que el «reto» con esta nueva ley es «aprovechar» las sinergias del trabajo colectivo «sin renunciar a la particularidad» de esta red y a los beneficios que supone su singularidad. En definitiva, la consejera de Economía y Hacienda entendió que se trata de «un ambicioso proyecto» que destaca por haber sido un texto «participativo» por todas las cámaras a través de su comisionado, que reconoce la importancia de las cámaras básicas para el desarrollo empresarial de la Comunidad.

Igualmente, la consejera recalcó que este proyecto de ley es «fiel reflejo» del doble objetivo que se fijó al inico de la legislatura para estas entidades, que fue el de «consolidar» la existencia de cámaras «dinámicas y adaptadas a la realidad», así como alcanzar un nuevo modelo cameral «consensuado» con los principales agentes implicados, que sea «eficiente», que aproveche su particularidad en el territorio y sea un modelo «sostenible».

Los diferentes grupos parlamentarios presentaron un total de 89 enmiendas a este proyecto de ley, de ellas 50 correspondientes al Grupo Socialista; 19 correspondientes a los grupos parlamentarios Podemos y también de Ciudadanos; y una única, que fue rechazada, presentada por el procurador del Grupo Mixto (UPL), Luis Mariano Santos.

Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, el procurador José Francisco Martín estimó que la norma supone «una oportunidad» para adaptar las cámaras de Castilla y León a un entorno «más eficiente y acorde al conjunto de los ciudadanos». Preocupado por el futuro de las entidades camerales, anunció su voto favorable a este proyecto, para el que se contemplaron «un número importante» de las enmiendas presentadas por los socialistas que, a su juicio «enriquecen sustancialmente» el proyecto de la Junta. También confió en que la ley se aproveche para hacer las modificaciones que permitan a las cámaras ser «más modernas y eficientes», no solo por la propia ley, sino también por las aportaciones de los socialistas recogidas en en la nueva legislación de otras comunidades.

La réplica corrió a cargo del procurador 'popular' Salvador Cruz, quien recordó la disponibilidad de financiación estable, y estimó que el texto se ha mejorado «sustancialmente» con las aportaciones del resto de grupos. Para el Grupo Popular, la norma supone «un avance en la modernización de las cámaras de comercio» que da cumplimiento a un compromiso de legislatura, por lo que se congratuló de que los socialistas respalden el proyecto de ley que es «de futuro» para que las entidades camerales puedan garantizar «un servicio al conjunto de las empresas de la Comunidad».

Ley descafeinada

El procurador del Grupo Parlamentario Podemos, Félix Díez Romero, consideró que la ley nace «descafeinada», lo que atribuyó a que el Grupo Popular «no ha sido capaz de desarrollar toda su potencialidad». Para Díez Romero, se trata de «la ley del PP» y del modelo empresarial de los 'populares', aunque reconoció «avances» que han sido «evidentes»respecto a la legislación anterior, lo que llevó a la formación morada a respaldar la norma.

El procurador de Podemos consideró que las enmiendas aportadas por la formación morada habrían dado «un impulso mayor a esta ley» además de que habrían «reforzado» a las entidades, además de que instó al PP a plantearse su voluntad de consenso en el debate dada la aprobación de cuatro enmiendas de la formación morada. «Durante la siguiente legislatura, esta ley va a ser objeto de modificaciones, porque es poco ambiciosa, se queda a mitad de camino y no aprovecha la potencialidad de las cámaras para impulsar el comercio y desarrollar el músculo empresarial necesario para crecer y reducir el paro», advirtió. «Cuando se comprometa la financiación anual será cuando veamos el compromiso del PP», declaró.

A ello le respondió el procurador 'popular' Jesús Alonso, quien dijo no extrañarse de que el modelo ecómico de Podemos sea «diferente» al del PP. Sin embargo, Alonso insto a los miembros de Podemos a votar a favor de una ley que dará «cobertura y estabilidad» para que las cámaras puedan prestar «buenos servicios» y un desarrollo «normalizado» de las funciones que les atribuye la normativa, además de que garantizó que el compromiso de los 'populares' con las cámaras «ya está aquí» en la propia configuración del proyecto de ley.

Financiación

La postura más crítica con esta norma llegó por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos, que se abtuvo en la votación final. El procurador David Castaño consideró que se ha perdido la posibilidad de disponer de una ley que porporcione «una arquitectura moderna, dinámica y sencilla de las cámaras» y de disponer por ley de una financiación «suficiente» para estas entidades. «Hemos conseguido mediante enmienda pactada que la financiación sea estable, que todos los años, a través de los presupuestos, se garantice una financiación anual, pero no hemos dejado atado que esa financiación sea suficiente», lamentó.

A su juicio, si la Junta apostara «realmente» por las cámaras de comercio, habría trasladado un proyecto de ley «más ambicioso» con una ley que contemplara «una verdadera cámara autonómica» con una delegación «al menos» por provincia. «Es una ley de mínimos que habrá que modificar en poco tiempo, probablemente para adaptarla a los nuevos tiempos empresariales», auguró.

En relación a la financiación, Castaño abogó por «invertir» la financiación. «Son las cámaras las que deben financiar al Consejo y no el Consejo el que debe financiar a las cámaras de comercio», dijo el procurador de la formación naranja, quien pidió a los 'populares' que demuestren su apuesta por las cámaras.

El procurador Jesús Alonso se preguntó si será más difícil «convencer a Ciudadanos que a Podemos» del respaldo de la Ley, y rechazó que la Junta no crea en el funcionamiento de las camaras. «Porque creemos en su funcionamiento y en la autonomía para hacer frente a los retos de las cámaras, por eso se presenta este proyecto de ley», respondió. Por ello, Alonso instó a Castaño a «no quedarse marginado» y a dar «un paso adelante».