Cada cierto tiempo nos agitamos con asuntos recurrentes por donde planea el choque entre el supuesto interés particular cortoplacista y el general más indeterminado. Aunque se hace difícil sobresalir entre la sarta de estupideces que pueblan el debate político en España, recupera actualidad el pago por el uso de las infraestructuras para el transporte. En breve parece que se esfumara el peaje en parte de la AP-1, y el exiguo debate presupuestario plantea aplicar la "euroviñeta", una tasa por el uso de infraestructuras, un acuerdo europeo vigente en varios países desde hace años.
Da más que la sensación que la sociedad española es bastante incapaz de plantear debates sosegados, con sentido común y contando con todos los elementos de juicio. Sin ir más lejos, hemos desaprovechado la crisis para repensar el país, en especial nuestra base económica y energética, y así nos va. El mundo del transporte, tan vital para el modelo económico que nos sustenta, indudablemente tiene costes, como todo. El problema está en que no se le imputan realmente todos los que genera, sólo ahora se están empezando a contabilizar los llamados costes externos o ambientales.
Aunque hay medios con una mayor autofinanciación como la carretera, es inevitable que incluso para esta toda la sociedad también aporte. Además del dinero necesario para construirlas, que salen de los impuestos, existen otros. Claro que la rentabilidad de una infraestructura también está en su uso, por ello la carretera se autofinancia más que el infrautilizado ferrocarril. El transporte es uno de los mayores consumidores de recursos públicos, y la carretera la principal forma de mover personas y cosas.
Según el Ministerio de Fomento, la red total de carreteras tiene más de 166.000 km. La Asociación Española de la Carretera dice que cada kilómetro necesitaría 65.000 euros para mantenerse en buen estado. Y todos los años hay que gastar en su mantenimiento. También está en la cabeza como emisor de contaminantes y gases de efecto invernadero, siendo los camiones, quienes más desgastan la infraestructura, responsables del 30% de la aportación de la carretera. Sin olvidar las casi 40.000 muertes prematuras por contaminación en España, o del importante pellizco del P.I.B. anual que supone. Y el casi imparable, si no hacemos nada, Cambio Climático que agudiza esta situación complicada.
Son perennes las demandas para construir autovías, alta velocidad, aeropuertos, subvencionar vuelos, etc. Como si aparecieran por generación espontánea o el dinero para pagarlas fuera infinito. A pesar de la crisis y el exuberante uso de términos como deuda y déficit presupuestario, es sorprendente que todavía cueste entender que el Estado que garantizan nuestra convivencia en sociedad, lo formamos todas las personas que habitamos en España. Y que el dinero que aportan depende de lo que queramos, o podamos, poner para ello y los servicios (sanidad, educación, gasto social, etc) que queramos recibir a cambio. Recuerdo, por ejemplo, la energía del gobierno de turno para imponer el copago farmacéutico que aumenta la financiación de la sanidad, y que no existe para tasas por el uso de infraestructuras del transporte.
Parece este un buen momento para repensarlo todo y abrir un debate realista sobre las infraestructuras del transporte que de verdad necesitamos y cómo las vamos a pagar. Qué modelo de transporte queremos o podemos permitirnos. Los problemas ambientales exigen desincentivar el uso de los vehículos que los generan, necesitamos que aumente la eficiencia y cambiar la prevalencia de la carretera frente al ferrocarril. Pero también cómo reconvertir sectores económicos de forma ordenada y minimizando problemas sociales, no se puede repetir lo ocurrido con la reconversión industrial, el cierre de minas o centrales nucleares respecto al empleo y el futuro de territorios. Aunque claro, como no son banderas, la religión o el rey, supongo que son los temas que rompen España.
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