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El Consejo de Cuentas incrementa en 296,5 millones el déficit declarado por la Junta en 2016
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números rojos del gobierno de castilla y León

El Consejo de Cuentas incrementa en 296,5 millones el déficit declarado por la Junta en 2016

Actualizado 16/11/2018

El informe alerta de que la bolsa de facturas sanitarias sin presupuestar, de 462 millones de euros ese año, genera costes en intereses de demora por el retraso en el pago

Las cuentas presentadas por la Junta de Castilla y León en 2016 (consejerías, gerencias, empresas y fundaciones autonómicas y en este último caso también las de las cuatro universidades públicas) esconden números rojos. La fiscalización de la cuenta general de la comunidad elaborada por los auditores del Consejo de Cuentas y registrada ayer en las Cortes corrige al alza el déficit presupuestario declarado por la Junta. 296,5 millones de ajuste, que sumados a los que reflejaban los balances rendidos por el Gobierno autonómico sitúan el resultado presupuestario en terrenos negativos y con un montante de 753,34 millones de euros.

Los cálculos efectuados por el organismo que preside (en funciones a la espera de relevo) Jesús Encabo Terry, a lo largo de un informe de casi 500 páginas, proponen ese ajuste en las cuentas gestionadas por el Gobierno de Juan Vicente Herrera. También reconocen que la Junta cumplió los límites de endeudamiento y déficit que se le exigían.

Esta corrección del Consejo de Cuentas a la Junta se ha convertido en un clásico. Este informe de control, obligatorio por ley, recoge año tras año ajustes negativos y repite conclusiones y recomendaciones. El trabajo de fiscalización vuelve a llamar la atención a los responsables autonómicos sobre la situación presupuestaria de la Gerencia Regional de Salud. «Existen obligaciones pendientes de imputar al presupuesto de 2016 por importe de 462,25 millones de euros», refleja el informe. Se trata de gasto realizado y no reflejado, que queda aparcado para ejercicios siguientes, pero que hay que pagar. 70,8 millones de ese contingente abonaron gastos, incluso, de años anteriores al inspeccionado.

Clave en esta situación es la cuenta 409, que es donde se reflejan las facturas que no se imputan al presupuesto en la tramitación normal del pago y que afloran meses después. El análisis de esa cuenta apunta que a 31 de diciembre tampoco recogía «el importe de todas las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto». Encabeza el uso de esa cuenta la Gerencia Regional de Salud, pero la utilizan todas las entidades incluidas en la contabilidad autonómica.

Desde el Consejo de Cuentas concluyen en esa «insuficiencia de crédito para financiar obligaciones en la Gerencia Regional de Salud» se ha convertido en un mal crónico y ocasiona «gastos en intereses de demora, como consecuencia de los retrasos en los pagos a acreedores».

Los autores del análisis insisten a la Junta en que elabore un inventario completo de bienes y derechos y resaltan la imposibilidad en la práctica de poder expurgar de las partidas de cobros pendientes de ingresar en las cuentas autonómicas aquellas que deben considerarse, a efectos de balance, como deudas de difícil cobro. «El mejor indicio para sospechar que una deuda ha de darse de baja en contabilidad es su antigüedad», argumentan los redactores del informe, que cuantifican en 299,57 millones de euros el importe sin cobrar reflejado en presupuestos cerrados entre 2003 y 2014, que siguen arrastrando las cuentas que gestiona la Junta.

El informe depositado en las Cortes recomienda a la Junta elaborar un protocolo claro para la concesión de avales y el seguimiento del riesgo de los mismos, porque la ausencia de esa protocolo «facilita la valoración subjetiva por parte del personal que los evalúa». Este es un instrumento que se emplea para facilitar el acceso a financiación a empresas que en muchos casos atraviesan dificultades económicas.

Los técnicos del Consejo calculan el «riesgo vivo» de los 33 avales existentes a principios de 2016 en 523,62 millones de euros. Son operaciones suscritas por la propia Junta, el Instituto Tecnológico Agrario (Itacyl) y la Agencia de Desarrollo (Ade), hoy Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE). El organismo fiscalizador reconoce que el Itacyl aplica, a fecha de 2016, un control más efectivo que la Ade sobre los avales que concede. Del ente que depende de la Consejería de Economía y Hacienda apunta que realiza «en los casos que procede, controles 'in situ' y seguimiento sobre las posiciones financieras correspondientes a los préstamos avalados, si bien en algún caso, a la luz del resultado final, no se ha realizado de manera apropiada».

El pleno del Consejo de Cuentas (Jesús Encabo y los consejeros Miguel Ángel Jiménez y Emilio Melero) refleja como opinión que la cuenta general de 2016 «refleja de forma fiable la actividad económico y financiera de la misma, excepto por los incumplimientos recogidos en las conclusiones y las salvedades» que reflejan al menos en ocho apartados de ese capítulo, el de las conclusiones.

Los responsables del organismo instan a la Junta a cambiar de criterio contable (dejen el de devengo y utilicen el de caja) con el fin de evitar, entre otras distorsiones, duplicidades y sobrevaloraciones contables en operaciones internas de transferencia de fondos y cesiones de bienes.

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