La Policía Local podrá acceder al interior para comprobar el cumplimiento de la normativa, con sanciones que alcanzan los 3.000 euros y el cierre de hasta seis meses
Garantizar la calidad de los apartamentos y viviendas destinadas a uso turístico, evitar el intrusismo y luchar contra los alojamientos ilegales son los grandes objetivos que se recogen en el borrador de una nueva ordenanza del Ayuntamiento "necesaria y proporcionada", resultado del grupo de trabajo del que han formado parte los cuatro grupos políticos, la Asociación de Hostelería y los técnicos municipales. Actualmente, son 337 los registrados en la ciudad, cifra que alcanza los 492 en algunos portales especializados en temporada alta, con un nivel de ocupación del 30% en temporada baja y del 40% en alta, con un crecimiento en los últimos años del 2,7%.
Julio López Revuelta, concejal de Cultura y Turismo, ha reconocido que este tipo de viviendas de uso turístico "son una realidad porque hay demanda", afirmando que la nueva ordenanza de 18 artículos, utilizando como base otro texto ya en vigor sobre Actividades Inocuas del Ayuntamiento, no pretende "prohibir" estos establecimientos, pero tampoco incentivar su uso sin regulación. Con las competencias dependientes de la Junta de Castilla y León, el concejal destacó varias novedades de la normativa. Será el propietario del alojamiento el que adopte las medidas necesarias tanto para garantizar la seguridad y evacuación como para evitar molestias a vecinos y residentes.
En lo que va de año, recordó, la Policía Local ha realizado 75 intervenciones por ruidos y molestias, de las que solo cinco correspondían a viviendas y apartamentos destinados a turistas, un porcentaje "muy pequeño".
Una de las ventajas que acarreará la nueva normativa para el usuario de este tipo de alojamientos es que, ante cualquier deficiencia, la Policía Local y los técnicos municipales podrán acceder al interior para realizar una inspección, por lo que se garantizará "más calidad y menos problemas" para los turistas. López Revuelta aseguró que la normativa incluye la clausura de la vivienda, con sanciones que oscilan entre los 750 euros por infracciones leves, 1.500 euros y clausura hasta tres meses por graves y hasta 3.000 euros y cierre durante seis meses por muy graves. Para el concejal, se trata de una regulación "de acuerdo a una demanda de propietarios y turistas", asegurando que este tipo de viviendas destinadas al turismo "no son malas, captamos nuevos turistas".
Con la presentación del borrador de la ordenanza, a partir de ahora hay un plazo de 10-15 días para realizar propuestas, un mes de exposición pública en la web municipal para que los ciudadanos realicen sus aportaciones, paso por la Comisión de Policía, pleno, nueva exposición pública, y de nuevo a la Comisión y al pleno para su visto bueno definitivo.