La Junta, pendiente de una prórroga del presupuesto que retrasará obras y subvenciones

Este 14 de octubre es la fecha límite para que el Gobierno de Juan Vicente Herrera registre en las Cortes el proyecto de presupuestos para 2019. No lo ha hecho. Era previsible, a tenor de las declaraciones de las últimas semanas tanto del presidente de la Junta como de la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, de que «no se daban las condiciones» y esa ausencia de cuentas afianza los pasos para que las consejerías empiecen 2019 con las partidas prorrogadas de 2018. A esto último contribuye la circunstancia de que el trámite habitual requiere unos dos meses. Los presupuestos entran en las Cortes a mediados de octubre y se votan en la segunda mitad de diciembre. Incluso aunque la Junta presentara un proyecto antes de fin de año, sería casi imposible aprobarlo a tiempo.

¿Qué supone una prórroga presupuestaria?

De inicio, que no se puedan iniciar obras nuevas ni tampoco convocar líneas de subvenciones que no estén reflejadas en el presupuesto actual. Cualquier proyecto pendiente que estuviera previsto para iniciarse en 2019 queda en suspenso, a la espera de que se presente, tramite y vote un presupuesto efectivo.

La consejera de Economía y Hacienda dispone de las previsiones de gasto, partida por partida, que le han enviado sus compañeros de Gobierno, pero tanto ella como el presidente insisten en el argumento de que «no se dan las condiciones» para programar unos ingresos con los que respaldar estos gastos. ­Fundamentan esa falta de certeza en que la ­ausencia de presupuestos estatales no ­permite concretar, más allá de la comunicación provisional, las partidas de ingresos que llegan del Gobierno central. Y esas son el 65% de los fondos del presupuesto autonómico. Tampoco disponen de datos como el objetivo de déficit que debe cumplir la Junta y el límite de endeudamiento, claves para poner cifra a la partida de deuda disponible para cuadrar los ingresos generales.

La Junta, según la Ley de Estabilidad de Castilla y León, no puede elaborar su techo de gasto sin el dato del objetivo del déficit, y la aprobación de ese techo de gasto es un paso previo e imprescindible para la presentación del proyecto de presupuestos y de la ley de medidas que le acompaña y que es en la que se suben, bajan o crean impuestos.

Trámite «automático»

El Estatuto de Autonomía estipula que la Junta debe presentar las cuentas en las Cortes «antes del 15 de octubre de cada año» y que, si no están aprobadas antes del 1 de enero, «quedarán automáticamente» prorrogadas las del año anterior. Juan Vicente Herrera ha tomado esta decisión en dos ocasiones. La primera en 2012, cuando José Luis Rodríguez Zapatero convocó elecciones generales a finales de 2011 sin dejar presupuesto para el año siguiente, y en 2017. En esta última, la comunicación de las entregas a cuenta que envió el ministro Cristóbal Montoro variaron a la baja y el Gobierno de Rajoy se plantó en vísperas de Navidad sin haber aprobado ni el objetivo de déficit ni el de deuda y carecía de apoyos para aprobar las cuentas ­estatales.

¿Qué pueden hacer los ­consejeros de la Junta con unas cuentas prorrogadas? No es imprescindible, pero tanto en 2012 como en 2017 la consejera Pilar del Olmo elaboró un decreto que guió la aplicación de la prórroga. Los empleados públicos de la plantilla autonómica tienen garantizado el cobro de las doce nóminas y las dos pagas extra y los bancos y fondos de inversión que han prestado dinero a la Junta recibirán puntualmente el abono de los ­intereses.

Los gastos de funcionamiento de los hospitales, los colegios, los centros sociales, las oficinas de la Junta y demás centros están garantizados para que abran con normalidad y las inversiones en marcha pueden continuar, siempre con el límite de la partida que tengan consignada en 2017. Se pueden iniciar obras o programas que se consideren urgentes o de emergencias, pero con una memoria justificativa y tras recibir ese gasto el visto bueno de la Consejería de Economía yHacienda. Pilar del Olmo puede declarar «indisponibles» para emplear en 2019 partidas que sí están en las cuentas prorrogadas para evitar que el gasto se desboque.

Las consejerías gestionarán con normalidad el abono de pensiones, subvenciones y ayudas cuyo beneficiario tuviera ese derecho el 1 de enero. ¿Afectaría la situación de prórroga a nuevas solicitudes, por ejemplo, de la Renta Garantizada de Ciudadanía que perciben familias sin ingresos o con ingresos muy bajos? No, porque esta prestación estaría catalogada como gasto «imprescindible». La Junta podría gestionar los proyectos de convenios o contratos-programa que cuentan con financiación firme.

Todo lo demás deberá esperar, salvo que el titular de la consejería que lo ­promueva considere que es urgente y lo justifique con argumentos solventes para que los especialistas del área de Hacienda autoricen ese gasto. O hasta que haya presupuesto en vigor, votado por las Cortes, que se disuelven en marzo. Luego viene una campaña electoral y con urnas para finales de mayo. Los nuevos procuradores tomarán posesión de los escaños a finales de junio y son los que elegirán al sustituto de JuanVicente Herrera al frente de la Junta, que es la que debe presentar el presupuesto en las Cortes. Si este no se aprueba antes de marzo, el calendario pasa de golpe hasta otoño de 2019.