La vivienda no es una mera mercancía

Miguel Hernández Bermejo

Activista por los Derechos Humanos

Nadie que haya vivido en los últimos años en España es ajeno a la intensa crisis económica y social que ha azotado a todo el mundo occidental durante el último decenio. Esta crisis no ha dejado indiferente a nadie, aunque a algunos les ha afectado más que a otros. Concretamente a las familias víctimas de los desahucios. Este es un tema que ha estado en boca de todos, y la gran mayoría de la población conoce a alguien que se ha visto afectado por esta tragedia, o ha oído de algún caso cercano por boca de otros.

Nuestra Constitución consagra el derecho a una vivienda digna en su artículo 47, que viene incluido dentro del Título Primero, dedicado a los derechos y deberes fundamentales, y aunque no sea un derecho con un nivel de protección como el derecho a la vida del artículo 15, sigue siendo un derecho fundamental. ¿Por qué, entonces, hemos vivido esta ola de desahucios, este drama social?

Fuera del Gobierno central, que con sus tímidas medidas no ha sido capaz de dar una solución satisfactoria, dentro del Gobierno vasco los socialistas decidieron elaborar una Ley de Vivienda en 2013, que pese a haber sido rechazada en su presentación por la oposición, consiguió salir adelante, únicamente para ser puesta en tela de juicio por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2016, que la llevó ante el Tribunal Constitucional. En su momento, este órgano intérprete de la Constitución suspendió de manera cautelar algunos de los artículos de esta Ley, pero recientemente ha sido reinstaurada en gran medida, aunque no de forma íntegra.

Como resumen de las innovaciones de esta Ley, el texto garantizaba el derecho subjetivo a la vivienda para todo aquel que reuniera ciertos requisitos, establece la función social de las viviendas por encima de la propiedad, se penaliza a los propietarios de inmuebles que tengan viviendas desocupadas durante más de dos años y que durante ese periodo no se hayan puesto en venta o en alquiler. Además, crea un organismo para gestionar las políticas de vivienda, impulsa las políticas públicas de alquiler y contempla la expropiación de viviendas que reúnan las condiciones a los bancos.

Como decía antes, en el recurso iniciado en 2016 la mayor parte de esta Ley fue suspendida cautelarmente, aunque en estas últimas semanas el Tribunal Constitucional haya decidido dar su visto bueno a casi todos los aspectos de la Ley. Este cambio de parecer en un lapso de tiempo tan breve, tan solo dos años para un órgano que normalmente se toma su tiempo para tomar decisiones, podría deberse al "cambio de sombreros" que ha tenido lugar en el Gobierno central hace tan solo unos meses, ya que uno de los principales objetores a esta Ley era el propio Partido Popular.

En cualquier caso, el hecho de que se permita la aplicación de la mayoría de esta Ley abre unas nuevas posibilidades interesantes para los afectados por los desahucios en los últimos tiempos, por las características citadas anteriormente. De esta manera, las políticas públicas que se iniciarán serán de alquiler público, dejando de lado por completo la construcción de viviendas de protección oficial para la venta. Esto tiene como finalidad ofrecer una alternativa a la compra de viviendas, haciendo del alquiler una opción asequible y ni de lejos tan gravosa como una hipoteca.

Los críticos y los escépticos señalan que al ofrecer estas condiciones, específicamente el derecho subjetivo a la vivienda, tendrá lugar un "efecto llamada", causando que un gran número de personas puedan decidir trasladarse al País Vasco y empadronarse allí, con tal de gozar de este derecho. Sin embargo, más que un efecto llamada, tendría que tener como efecto una llamada de atención al resto del país, para que se tomen medidas similares en todo el territorio para así proteger a las víctimas de la crisis que se hallan en un estado de indefensión.