El consejero de Medio Ambiente pide reforzar la financiación para aplicar medidas preventivas frente al lobo y evitar el conflicto con los ganaderos
"Un encuentro cordial". Así ha calificado el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, la reunión mantenida con el ministro de Agricultura, Luis Planas, en Madrid, que ahora espera que fructifique "en medidas concretas".
Y entre las inquietudes que el consejero ha transmitido al ministro está la Ley de Vías Pecuarias, que data de 1995. Suárez-Quiñones explicó que Castilla y León acapara un tercio de los 150.000 kilómetros de vías pecuarias de España, de ahí la importancia de estos corredores ecológicos para la trashumancia del ganado. "Queremos preservar este patrimonio y esta riqueza", aunque el consejero admitió "disfunciones, que la ley no soluciona" relativas a la gestión de estas vías que atraviesan núcleos urbanos y polígonos industriales. En este sentido, la Consejería ha planteado al ministro el estudio de una modificación de la ley actual.
El lobo, con el 60% de los ejemplares de España en Castilla y León, ha sido otro de los temas analizados. "Tenemos un problema de coexistencia con la ganadería extensiva muy relevante que tratamos de atajar", manifestó el consejero tras la reunión. Suárez-Quiñones ha incidido en la necesidad de reforzar la financiación para aplicar medidas preventivas y evitar el conflicto con los ganaderos. Por lo que se refiere a los incendios, ha destacado que ha sido una temporada con daños medioambientales muy inferiores a otros años.
Otro de los asuntos tratados con el ministro se refiere al desarrollo de la Ley de Montes "para reglamentar los contratos que afectan al sector maderero y las subastas de madera, con un encaje difícil en la actual configuración de contratos del sector público", manifestó el consejero. Con su desarrollo, afirmó, se permitirá a los ayuntamientos, que son mayoritariamente los titulares de las masas forestales, mayor agilidad y evitar ingresos en los retrasos de los ingresos en los consistorios.