El coste de los errores judiciales para las arcas públicas alcanza los 2,4 millones de euros en...

La dilación indebida en los procesos judiciales es uno de los supuestos que con mayor frecuencia, según expuso el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, dan lugar a indemnizaciones por parte del Ministerio de Justicia a los ciudadanos, alcanzando los 2,4 millones de euros el coste que asumieron las arcas del Estado en 2017 por el funcionamiento anormal de la administración de justicia, el error judicial o la prisión preventiva seguida de absolución o del archivo de la causa. Un montante que en los últimos cuatro años el coste para las arcas públicas en materia de responsabilidad patrimonial se sitúa en los 15 millones de euros.

El presidente del CGPJ ha participado este miércoles, junto al rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, y el decano de la Facultad de Derecho, Fernando Carbajo Cascón, en la inauguración del curso 'El anormal funcionamiento de la administración de justicia', que se desarrollará en la Universidad de Salamanca durante tres jornadas.

Los expedientes de responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal de la administración de justicia emitidos por el CGPJ han sido 284 durante 2017, según los datos aportados por Lesmes, una cifra inferior a la registrada en 2016, con 402 informes. "En contra de lo que podría pensarse la mayoría de los expedientes, el 63%, son favorables a la reclamación de los ciudadanos, sobre todo por dilación indebida en los procesos", añadió.

"Estamos ante una realidad que nos debe interesar desde distintos puntos de vista", siendo además objeto de actualización en la jurisprudencia. Recientemente, el pasado mes de julio, el Tribunal condenaba al Estado, por no cumplir un dictamen de un Comité contra la Discriminación de la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW) y "por no cumplir con su deber de diligencia", a indemnizar con 600.000 euros a una víctima de violencia de género cuya expareja, denunciada en 47 ocasiones por malos tratos y otras causas, asesinó a una hija que tenían en común.

Tras el acto de inauguración, el consejero permanente del Consejo de Estado y jurista del Tribunal Supremo, Fernando Ledesma, ha impartido la ponencia "La responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial y a consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia".