No se gobierna con las vísceras

Los presuntos hechos delictivos cometidos por Pablo Casado en la obtención de su título de master universitario (cohecho impropio y prevaricación administrativa) y por lo que la Jueza Rodríguez-Medel ha elevado la causa al Tribunal Supremo (puesto que Casado es aforado) está provocando reacciones furibundas e irracionales en algunos miembros del PP (además de en el propio Casado). En el escrito de la jueza (de 54 páginas) llega a calificar los hechos como "patrón de conductas delictivas", puesto que en la investigación de los mismos ha acreditado que a ciertos alumnos (además de Cifuentes y Casado) se les regaló el título académico sin realizar actividad académica alguna. Hay que recordar que la Comunidad de Madrid, presidida por Esperanza Aguirre destinó nada menos que 370.000 euros en subvenciones al Instituto de Derecho Público de esa universidad, durante los años en que, precisamente, Cifuentes, Casado y otros alumnos privilegiados obtuvieron sus títulos de master. La conexión entre concesión de elevadas partidas de dinero público a la universidad y la obtención de los títulos de estos alumnos escogidos, parece evidente. Es más, si Casado no fuera aforado ya estaría imputado como lo están otros alumnos de ese grupo.

Como ejemplo de reacciones irracionales están las relativas a las críticas del PP por el acercamiento de dos presos de ETA a cárceles del País Vasco, diciendo que el gobierno está cediendo ante el chantaje del terrorismo y como "contraprestación a una moción de censura vergonzante", por lo que se van a "oponer frontalmente". Unas críticas en las que, paradójicamente, también entra Ciudadanos (partido que no tiene criterio propio, pues está haciendo un seguidismo escandaloso de la oposición troglodita del PP; para ambos partidos el gobierno está cediendo ante los "terroristas, los separatistas y los golpistas", bien sean vascos o catalanes). Esta oposición frontal del PP de Casado y las críticas de Ciudadanos contrastan, curiosamente, con la "adecuación a la legalidad" de los traslados de estos presos, que es como la califican las asociaciones de víctimas del terrorismo. La propia Consuelo Ordóñez, hermana del concejal del PP asesinado por ETA manifiesta que los traslados "cumplen con los requisitos legales; no nos oponemos".

Desgraciadamente el PP está volviendo a la carga, haciendo política con el terrorismo para sacar un puñado más de votos, sabiendo que acudir a las vísceras en la gestión política (sobre todo en temas de violencia terrorista y seguridad ciudadana) da réditos electorales (al menos a corto plazo). Siguen reivindicando la intimidación, la venganza y la expiación como finalidad de las penas de prisión (sobre todo las impuestas a terroristas), en lugar de la resocialización como prevé la Carta Magna y la legislación penitenciaria. Es decir, apelan al cumplimiento de la Constitución y las leyes en otros casos, cuando les conviene políticamente, pero no en este, que jurídicamente hablando es contrario a lo establecido en el artículo 25.2 de la CE, la legislación penitenciaria, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, las Reglas Penitenciarias Europeas o el Convenio Europeo de Derechos Humanos, entre otras normas nacionales e internacionales.

En un Estado Social y Democrático de Derecho nunca se puede gobernar con las vísceras, sino con la razón. Ni, por supuesto, tampoco hacer oposición política al gobierno de turno apelando a los sentimientos de odio, resentimiento o venganza, porque lejos de avanzar en la construcción de una sociedad cohesionada, moderna e igualitaria, nos hace regresar a la caverna, a la aplicación de la ley del talión y al Estado salvaje, fallido o de "no derecho". Y no sólo ocurre esto en políticas penales, antiterroristas, de seguridad ciudadana o inmigración, sino también en otras relacionadas con la cuestión territorial. El descenso a la caverna en las críticas hacia el gobierno en este asunto (tanto por el PP como por Ciudadanos), en las que se le acusa de aliarse con independentistas, secesionistas y golpistas o de querer romper España, es un buen ejemplo de ello. Esta guerra de banderas la utilizan políticamente, sí, los radicales independentistas (catalanes o vascos), pero también los ultranacionalistas españoles, a los que, por desgracia, se están uniendo los sectores oficiales del PP con Pedro Casado y, peligrosamente, con las últimas maniobras políticas, también Ciudadanos. Este partido, que parecía más moderado, se está escorando hacia la derecha más radical provocado por esa huida hacia el conservadurismo más rancio, que ha iniciado el PP.

Ese espacio que, tanto PP como Ciudadanos están abandonando, y que, no olvidemos, es parte del carril socialdemócrata por donde, queramos o no admitirlo, discurren los gobiernos de los países más avanzados del mundo, no sólo antaño, sino también hogaño, lo van a ocupar los partidos de centro izquierda e izquierda menos radical, es decir, PSOE y algunos sectores de Podemos. No es extraño que las encuestas de intención de voto estén determinando una caída del PP y de Ciudadanos, partido este último que estaba en pleno ascenso antes de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno; pero una vez investido el gobierno de Sánchez y elegido Casado como presidente del PP, Rivera y sus correligionarios se han alineado incondicionalmente con el PP en todos los asuntos políticos que se han debatido hasta el momento. Mal por el PP, aunque éste se lo ha buscado en sus peculiares "primarias", pero peor para Ciudadanos que si continúan en esta línea tendrán que entonar la famosa frase de Marx (Groucho Marx), cuando decía que : "partiendo de la nada hemos alcanzado las más altas cotas de miseria".