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Ahmed Mansoor, activista emiratí condenado a diez años de prisión por expresar sus ideas en las...
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Ahmed Mansoor, activista emiratí condenado a diez años de prisión por expresar sus ideas en las...

Actualizado 07/08/2018
Marcelino García

"El encarcelamiento de un destacado defensor de los derechos humanos en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), a causa de sus publicaciones en Facebook y Twitter contra el Estado, es un golpe enorme para la libertad de expresión en el país" (Amnistía Interna

Ahmed Mansoor, activista emiratí condenado a diez años de prisión por expresar sus ideas en las... | Imagen 1Ilektra Sevastopoulou

Activista por los derechos humanos

Ahmed Mansoor, una de las pocas voces críticas del país, ha sido condenado el 29 de mayo por el Tribunal Federal de Apelación de Abu Dabi a diez años de prisión y a una fuerte multa, por el cargo, entre otros, de insultar a los EAU y sus símbolos. Según sus acusadores, los contenidos de sus publicaciones en las redes fueron "dañinos para la armonía social de los EAU", promovían informaciones falsas y difundían el odio y el sectarismo, tanto para el país mismo como para sus líderes. Para colmo de males, el Tribunal le acusó también por haber colaborado con una organización terrorista, cargo del que al final se le absolvió.

Más en detalle, el hombre, que es padre de cuatro hijos, fue detenido el 20 de marzo de 2017, después de una orden de la Fiscalía de Delitos Informáticos, en su domicilio, en el emirato de Ajman, y confinado en un lugar que nunca se confirmó. Se le acusa de "delito cibernético", que puede basarse en presuntas violaciones de la represiva ley cibercriminal de 2012 de los EAU; las autoridades han usado muchas veces dicha ley para encarcelar a varios activistas e imponerles sanciones financieras. Ahmed Mansoor ha estado recluido de forma prolongada en régimen de aislamiento, lo cual puede constituir tortura y malos tratos. Desde su detención, solo ha podido ver su familia dos veces, y ambas bajo supervisión.

Hay que destacar que Mansoor es miembro del Consejo Asesor de GCHR (Centro de Derechos Humanos del Golfo) y ganador del prestigioso premio Martin Ennals para los Defensores de derechos humanos en 2015. Es uno de los activistas más destacados de los derechos humanos en su país, pero ha sufrido numerosos hostigamientos, incluso encarcelamientos y ciberataques.

Por ejemplo, es notable que en 2016 su iPhone fue atacado con spyware que se vendía solo a los gobiernos. Este fue un intento de convertirlo en un dispositivo de rastreo, para descubrir todos sus contactos y a dónde se dirigía. Desde 2011, como mínimo, las autoridades le tenían sometido a vigilancia física y electrónica. El activista ya había sido víctima de intentos previos de hackeo por parte del gobierno del país; esta era la tercera vez que se usaba el software espía contra él y era el intento más sofisticado y costoso de captar sus comunicaciones.

El caso de este defensor tan valiente ha suscitado el interés de numerosas ONG y otros organismos ya desde el 2011. Más específicamente, las Naciones Unidas califican su detención como un acto arbitrario y solicitan su liberación inmediata; es más claro que el agua que dicha acción es un ataque directo a los defensores de los derechos humanos. Según expertos del organismo, su gran contribución en la protección de los derechos humanos y el avance de la democracia no pueden pasar desapercibidos; su colaboración transparente con los mecanismos de la ONU ha sido de gran importancia y su valor beneficia no solo a los EAU, también a toda la región.

Amnistía Internacional da por sentado el derecho a la libre expresión de las personas y por eso pide la inmediata liberación de Ahmed. No cabe ninguna duda de que comunicarnos entre nosotros y expresarnos libremente es fundamental para vivir en una sociedad abierta y justa. Sin embargo, esto no se confirma en realidad, ya que muchas personas son encarceladas o sufren tortura por hablar en público.

Por eso, Amnistía Internacional pide que todos los presos de conciencia sean liberados inmediatamente sin ninguna condición; además, todas las leyes que penalizan a las personas que hablan abiertamente o protestan pacíficamente deben ser eliminadas de las leyes; las leyes contra el discurso de odio u otras incitaciones a la violencia no deberían utilizarse para reprimir la disidencia legítima.

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