Venden calabacines a cinco céntimos y ajos a 0,50 para denunciar los abusos comerciales
Denuncian los bajos precios que pagan a los productores
"Las grandes corporaciones son las que marcan el precio que pagan a los agricultores y ganaderos sin tener en cuenta unos gastos de producción" lamenta UPA
Ajos por los que el productor recibe 50 céntimos por kilo que se venden en las grandes superficies a cuatro o cinco euros; calabacines pagados a cinco céntimos vendidos después en las fruterías a un euro? así una larga lista de productos -patatas, berenjenas, zanahorias, pimientos o tomates- en los que se reflejan las enormes diferencias de precios que reciben los que producen y lo que pagan los consumidores en el destino final.
Para exigir precios justos para agricultores y ganaderos, UPA Granada se ha manifestado esta semana vendiendo verduras y hortalizdas al mismo precio que le pagan a los productores. UPA ha querido mostrar a la sociedad la injusticia que se produce con los agricultores y ganaderos instalando un puesto de venta en el que el público ha adquirido productos agrarios. Pero esta propuesta comercial itinerante se diferencia de cualquier otra porque, en lugar de comercializar a los precios habituales de tiendas o supermercados, los alimentos se han vendido al precio que reciben los productores; es decir, a unas cantidades irrisorias que, en muchas ocasiones, no les permiten cubrir los costes de producción.
Así, algunos de los productos que se han vendido han sido ajos, a 60 céntimos el kilo, mientras que se adquieren en los comercios por unos 5 euros. También había calabacines a 5 céntimos, que en supermercados está a más de 90 céntimos. Algo parecido con patatas, judías, etc. Es decir, diferencias de precio que suponen unos beneficios exponenciales para los sectores de la distribución y la comercialización, que son los que marcan las reglas del juego y cada vez dejan más fuera de él a los agricultores y ganaderos.
En cualquier sector productor, el precio lo marcan los propios productores, poniéndose de acuerdo el sector en base a unas reglas comerciales, unos gastos de producción y las circunstancias socioeconómicas de los mercados locales y globales, pero en el caso de los agricultores y ganaderos, esto no es así, el sector se encuentra aún tan atomizado que no tiene la fuerza suficiente para poder fijar un precio mínimo a sus cosechas, explican.
Son un reducido número de grandes corporaciones agroalimentarias las que marcan el precio que pagan a los agricultores y ganaderos por sus productos. Estos gigantes comerciales no tienen en cuenta los gastos de producción, que no dejan de aumentar: fertilizantes, carburantes o la energía. Sin embargo, lo que reciben los productores por sus cosechas o ganado se sitúa en cifras de hace 30 años. Y no solo se trata de pagar poco, es que además, a pesar de existir una Ley de Cadena Alimentaria desde hace varios años, dicha regulación no impide a estas grandes cadenas llevar a cabo prácticas desleales: venta a pérdidas o la utilización de alimentos estratégicos como el aceite de oliva o la leche a modo de productos reclamo o gancho y, en otros alimentos, la aplicación de márgenes comerciales abusivos.
"Necesitamos reformar la Ley de Cadena Alimentaria, introduciendo Ley de Márgenes Comerciales, Contratos con precios mínimos ligados a los costes de producción, la catalogación de la venta a pérdidas como una práctica comercial desleal y la posibilidad de establecer por convenio, dentro de las Interprofesionales, unos precios justos", declararon Miguel Cobos, secretario general de UPA Andalucía, y Nicolás Chica, de UPA Granada.