La Junta custodia ya los expedientes y los interesados podrán utilizarlos para dar continuidad a sus tratamientos en otras clínicas o para iniciar sus demandas en los tribunales
Tras el cierre a mediados de junio de la clínica de la empresa en Santa Marta, donde ofertaban tratamientos odontológicos con el reclamo de supuestas subvenciones a los pacientes, este jueves efectivos de la Guardia Civil y funcionarios de la Junta de Castilla y León han accedido a las instalaciones para reunir los historiales de los pacientes.
El delegado territorial de la Junta, Bienvenido Mena, explicaba en Radio Salamanca, que esta medida se tomaba por un auto de la Fiscalía del Juzgado número 3. De este modo, esa documentación queda bajo la custodia de la Administración regional, "para que los interesados los puedan utilizar para dar continuidad a sus tratamientos o seguir las causas judiciales".
Los afectados por el cierre de iDental deben remitir una solicitud al Servicio Territorial de Sanidad para acceder a esa documentación. La Consejería de Sanidad ha puesto a disposición de los afectados un formulario de solicitud en el Portal de Salud de la Junta de Castilla y León: Enlace iDental.
Dada la especial protección de los datos contenidos en dichos historiales las copias sólo se entregarán al propio paciente o a un representante legal siempre, que este último acuda al Servicio Territorial de Sanidad con un poder notarial de representación.
La Asociación de afectados de iDental (Adafi) explicaba que "bajo una promoción de tratamientos con el lema publicitario 'asistencia dental social' se han ofertando tratamientos odontológicos de manera irregular, que en algunos casos ni siquiera se han iniciado, con el reclamo de supuestas subvenciones -ayudas privadas- y, tras el cierre de las clínicas en la Comunidad se han quedado sin tratamiento y continúan pagando".
Desde la Consejería de Sanidad se informa también que se han tramitado tres expedientes sancionadores incoados a iDental por proceder al cierre de sus centros en Valladolid, Salamanca y Segovia sin la preceptiva comunicación previa, los cuales se unen a los 13 expedientes sancionadores, por un importe superior a los 30.000 euros y a los dos cierres cautelares ya tramitados mientras dichos centros estaban operativos.