Los pleitos sanitarios de la Junta han costado más de dos millones de euros en dos años

Algo más de dos millones de euros es la cuantía total que la Consejería de Sanidad y la Gerencia Regional de Salud (Sacyl) reconocen haber abonado con cargo al «subconcepto 22603» de sus presupuestos de 2016 y 2017. Bajo el epígrafe titulado 'Jurídico y contenciosos' se recogen las cuantías abonadas como consecuencia de sentencias judiciales desfavorables en concepto de indemnizaciones, costas e intereses.

En concreto, según la respuesta de la Junta a la pregunta formulada por el grupo de Ciudadanos en las Cortes, el importe abonado por la Consejería de Sanidad en 2016 fue de 27.317,68 euros, con un incremento exponencial al año siguiente, 223.236,08 euros. A ello se suman las mayores cuantías de indemnizaciones que asume Sacyl, que en el ejercicio de 2016 abonó 1.083.493,94 euros, mientras que en 2017 la cifra por sentencias desestimatorias se redujo y pagó 669.642,46 euros.

El secretario general de la Consejería de Sanidad, José Ángel Amo Martín, explicó respecto de estas partidas que «oscilan mucho según los años» y corresponden al dinero que se paga como resultado de sentencias condenatorias, la mayoría, relacionadas con reclamaciones retributivas del personal (despidos, jubilaciones...) y otros desacuerdos laborales. Las costas judiciales que se imponen en estos casos oscilan en un arco de 300 a 1.200 euros. «Si se tiene en cuenta que el sistema sanitario de la Junta tiene unos 36.000 trabajadores, con unas retribuciones de 1.760 millones de euros en la nómina de 2017, la proporción de reclamaciones que terminan en pleito es muy pequeña», subraya, al tiempo que defiende que muchos casos no llegan a los juzgados por la «mediación», en referencia al convenio de Sacyl con Unsespa y el Consorcio de Compensación de Seguros sobre los gastos de facturas médicas por casos de accidentes de tráfico.

De esta 'caja' también salen las costas judiciales por responsabilidad patrimonial cuando se producen intereses de demora, así como las indemnizaciones por sentencias relacionadas con contratos de la administración con proveedores. Por ejemplo, cuando una empresa concurre a una licitación de una obra en un centro de salud, es excluida de la adjudicación y recurre la decisión administrativa. El tribunal le da la razón, pero en ese tiempo la adjudicataria ya está ejecutando la obra, así que a la empresa perjudicada se le reconoce «el lucro cesante, el beneficio que hubiera obtenido» y se le indemniza.

Además, de estas partidas proceden las indemnizaciones por responsabilidad civil no relacionadas con errores profesionales, como reclamaciones por caídas en instalaciones del Sacyl, accidentes y decisiones administrativas.

Errores médicos

Estas cuantías no incluyen las indemnizaciones que se abonan a través del seguro de responsabilidad civil o patrimonial que tiene contratada la Gerencia Regional de Salud con Segurcaixa Adeslas para situaciones de negligencias médicas y errores profesionales, una póliza cuyo límite de indemnización por anualidad es de 14 millones de euros. Este contrato de seguro de responsabilidad civil y patrimonial se suscribió el pasado 1 de abril y estará en vigor hasta el 31 de marzo de 2020. La prima total que pagará Sacyl durante este periodo es de siete millones de euros, repartida en tres anualidades.

La póliza contempla, para la responsabilidad civil profesional un límite de indemnización por siniestro de dos millones, con un 'sublímite' por víctima de 1,2 millones. En el caso de responsabilidad civil por explotación, el límite está en cuatro millones de euros y en casos de responsabilidad patronal o por accidente de trabajo la cuantía anual máxima es de cuatro millones y un 'sublímite' por víctima de 1,2 millones, según recoge el contrato. Se establece además una franquicia general en los pagos o indemnizaciones para todos los siniestros objeto de cobertura de 8.000 euros.

Ciudadanos decidió hace un mes realizar una pregunta a través de las Cortes ante el cúmulo de sentencias contrarias a la Junta que, a su juicio, son el resultado de que «se toman decisiones con escaso amparo jurídico, no se atienden las reclamaciones previas y la táctica jurídica es seguir recurriendo sistemáticamente las decisiones adversas para dilatarlas, incurriendo en gastos innecesarios como consecuencia de los gastos jurídicos y el pago de intereses, porque prefiere litigar que negociar».

«Gastos improductivos»

Sostiene el procurador Manuel Mitadiel que «el constante goteo de sentencias adversas, tanto en el ámbito de la asistencia sanitaria como en el de la gestión de personal evidencia que tiene que mejorar la gestión de la Consejería de Sanidad para evitar gastos improductivos, cuando los recursos económicos son tan necesarios para mejorar la asistencia sanitaria». Subraya que si se añaden a estos gastos los pagos por intereses como consecuencia de no pagar las facturas de proveedores a tiempo, «nos encontramos con una cantidad que podría financiar muchas contrataciones de personal sanitario».

Respecto del coste económico de los errores sanitarios en Castilla y León durante el último lustro, las cantidades más elevadas hasta el momento se abonaron entre 2014 y 2016, según los propios datos de la Junta. En ese periodo, las indemnizaciones por actuaciones sanitarias negligentes costaron 13.825.127 de euros a Castilla y León. Los errores de Sacyl motivaron el pago de 232 indemnizaciones como consecuencia de 141 sentencias condenatorias, siendo Valladolid la que más acumuló, 53 resoluciones judiciales, que comportaron el pago de casi cuatro millones de euros.

Pero para El Defensor del Paciente, las cifras de la Junta no cuadran con sus datos. Según fuentes jurídicas de la asociación, tan solo en 2016 las sentencias de casos ganados en Castilla y León sumaron 405.875 euros y las de 2017 suman indemnizaciones por valor de 908.457 euros. En total, más de 1,3 millones de euros. Puntualizan dichas fuentes que ellos llevan casi el 30% de todos los casos que se denuncian en la comunidad, y que hay otros afectados que plantean demandas contra la Administración a través de otros bufetes o llegan a acuerdos particulares, de manera que consideran que el coste para la Junta sería mayor.