Podemos denuncia que tanto la ciudad, como el alfoz y el resto de la provincia "pierden población desde el año 2011"
"El problema de la despoblación es alarmante". Así se han manifestado Ignacio Paredero, secretario general del Podemos Salamanca e Isabel García, Consejera Ciudadana de Salamanca, que han presentado propuestas "a muy largo plazo" similares a las aplicadas en las Tierras Altas de Escocia para hacer frente a una pérdida de población que afecta tanto a la ciudad, como al alfoz y al resto de la provincia.
Paredero ha hecho referencia a la evolución de la población en los últimos años, indicando que entre 1971 y 2017 se han perdido 46.420 habitantes, lo que supone un 12% menos. Caída más acentuada a partir de 2011, con 17.105 personas menos, un 4,87%.
Por lo que se refiere a los nacimientos, indicó que de seguir el ritmo del descenso de 2017, con 208 menos, un -9,52%, "en diez años no habría ningún nacimiento".
En cuanto a edades, destacó que Salamanca no solo está perdiendo población joven. Desde 2002 han sido 27.476 personas entre 20 y 35 años, un 34,38%, "en 30 años no habrá jóvenes si se siguen marchando a este ritmo". De Salamanca ciudad se han marchado 15.318 desde 2006, un 9,59%.
"Se pierde población de todas las edades"
En este sentido, destacó que desde hace seis años tanto la ciudad, como el alfoz y el resto de municipios pierden, "acelerándose la marcha de personas cada vez más mayores, hasta 50 años", afirmó el responsable de Podemos Salamanca, porque "no hay empleo para nadie".
En definitiva, el descenso de los nacimientos del 10% y la caída de la población más acentuada a partir de 2011 con un saldo migratorio negativo llevan a Podemos a proponer diferentes propuestas para frenar la pérdida de población.
Para Ignacio Paredero, es fundamental que la transformación del sector primario se realice aquí y no se marche el valor añadido, afirmando que hay que apostar por diferentes sectores como la Universidad, las industrias creativas, la energía, el sector financiero o la alimentación.
Asimismo, consideró prioritario las comunicaciones y la banda ancha para las zonas rurales, las infraestructuras y equipos básicos, vivienda asequible y de calidad, un marco normativo específico para el ámbito rural y el fomento del emprendimiento social para atender las zonas más despobladas.