El 25 de mayo de 2018, el 66,4% de los votantes de Irlanda votó a favor del derecho al aborto, derogando así la Octava Enmienda a la Constitución del país, que prohíbe la interrupción voluntaria del embarazo en todas circunstancias.
Ilektra Sevastopoulou
Activista por los Derechos Humanos
Más específicamente, 1.429.981 personas votaron a favor de la legalización del aborto y 723.632 se opusieron, en un país católico en su mayor parte y que, junto con Malta, tiene las leyes más restrictas contra el aborto de toda la Unión Europea. Según la Octava Enmienda de la Constitución de Irlanda, se otorgaba derecho completo a la vida de los nonatos, igualando este al de la madre. Como consecuencia, desde 1980 casi 170.000 irlandesas viajaron a Inglaterra o a Holanda para abortar.
Un factor coadyuvante para el desarrollo de la campaña a favor del aborto fue el caso de Savita Halappanavar, una mujer irlandesa que murió con 31 años de septicemia después de que se le negara el aborto durante su embarazo involuntario. A través de la investigación de su muerte, se vio claro que la mujer podría haber sobrevivido, si no fuera por la restrictiva posición constitucional de Irlanda sobre el aborto. Su muerte tan trágica y prematura provocó no solo la sorpresa, sino también la indignación de su esposo y de la opinión pública irlandesa, y poco a poco se abrió el camino para el referéndum del mayo.
Sin duda, de gran envergadura ha sido el apoyo del primer ministro del país, Leo Varadkar, quien ha estado desde el principio al lado de las mujeres y sus derechos fundamentales, declarando que "no puedo entender por qué a las mujeres se les prohibiría cruzar la frontera para tales procedimientos cuando ya se les permite el acceso a la atención médica en la República de Irlanda". Después de su victoria en el referéndum, dijo claramente que "espero que este voto afirmativo ayude a eliminar ese estigma y ese legado de vergüenza que existe en nuestra sociedad".
Sin embargo, durante toda la campaña sobre la prohibición o no del aborto apareció una controversia importante: por un lado, la opinión de que la vida empieza con la concepción; por lo tanto, debe estar totalmente prohibido cualquier tipo de "violencia" sobre los no nacidos, incluso si es para garantizar los derechos de los ya nacidos; ninguna vida humana vale menos que otra y hay que respetar al embrión de igual manera que a su madre.
Por otro lado, muchos creen que el aborto tiene que ser legal si el embarazo pone en riesgo la vida o la salud, o si es producto de una violación. Cada mujer y niña es responsable de su propio cuerpo y tiene el derecho a la salud, a la privacidad, a la igualdad y a la no discriminación, así como al derecho a no sufrir tratos crueles, inhumanos o degradantes. Todas las mujeres embarazadas deben ser tratadas con respeto, dignidad e igualdad. La prohibición de la interrupción del embarazo se considera como una violación de los derechos fundamentales de la mujer, lo que significa que, cuando se queda embarazada, automáticamente pierde sus derechos.
Amnistía Internacional, por su parte, siempre ha luchado por el respeto universal de los derechos sexuales y reproductivos de las personas, haciendo hincapié en que se deben ejercer sin ningún tipo de coacción, discriminación o violencia. Apoya abiertamente la despenalización del aborto, siempre dentro de unos plazos razonables (si peligra la salud de la madre o sus derechos humanos), garantizando que las mujeres reciban asistencia médica si se derivan complicaciones. Cada mujer debe tener la opción a terminar su embarazo si siente que se ponen en riesgo sus derechos básicos.
El referéndum de Irlanda provocó una gran sensación de alivio y orgullo de que este pequeño país haya demostrado ser tan comprensivo y dinámico en relación con los derechos de las personas; se ha dado un paso enorme hacia la emancipación de las mujeres y para otros cambios radicales en el futuro. Sin embargo, a pesar de esta victoria aplastante, sigue persistiendo la realidad de que las reformas sobre el aborto se ganan con mucho esfuerzo.
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