En los tiempos que corren uno se sorprende ya de pocas cosas, pero aún conserva cierta capacidad de incomprensión cuando oye algunas críticas ácidas sobre asuntos que considera elementales en una sociedad plural y democrática. La inercia del pasado ha pesado en el presente mucho más de lo debido, lo que demuestra que las transiciones son más largas de lo que se nos ha contado, y que se convierten en realidad casi en sinónimas de la historia misma.
Lo hablaba en estos días con unos atentos estudiantes colombianos, interesados en saber cómo había transcurrido la experiencia española de "justicia transicional". La respuesta la saben todos ustedes: en España hubo transición política con los condicionantes del momento y con las audacias de algunos, pero la justicia encargada de traer a primera línea lo que hoy en ciertos meridianos se considera un derecho fundamental: el derecho a la verdad, se dejó solo para el debate de historiadores, cada uno con sus particulares sesgos ideológicos. Y tal vez fue así, porque se promovió de manera mucho más amplia y rotunda lo que es ahora otro derecho esencial, según algunos tribunales supranacionales, respecto a conflictos armados y regímenes autoritarios: el derecho a la no repetición.
Entre los equilibrios siempre complicados que trataron de enhebrar del modo que mejor se supo la libertad, la igualdad, el pluralismo y la justicia, se colaron numerosas concesiones, como no podía ser de otra manera, si se querían propiciar acuerdos amplios y superar enfrentamientos cervales. Pero con todo ello, a mi modesto entender, se mantuvieron también algunos elementos que formaban parte sólo de una coyuntura concreta -aunque larga-, y no del tarro de las esencias, que la dictadura había tendido a mitificar. Ha sido habitual, por ejemplo, el debate sobre las estatuas ecuestres del dictador en diversos lugares, y que en Salamanca hemos vivido de primera mano en forma de un insólito pleito sobre el más famoso medallón de la Plaza Mayor.
El argumento de unos ha sido que todo eso formaba parte de la historia patria. Afirmación de difícil defensa, porque una cosa es lo que ocurrió en los tiempos pasados -que todo el mundo puede discutir, pero que nadie sensato niega- y otra seguir en el momento presente ensalzando sólo a los símbolos de uno de los dos bandos. Unos, y algunos otros, rehuyendo de manera reiterada la profundización en la reconciliación de las generaciones más jóvenes. La tradición goyesca de nuestras dos Españas, que helaron al corazón a algunos de nuestros poetas más sensibles.
Y con todo ello se mantuvo una posición pública desproporcionada de una de las religiones de los españoles. Me da lo mismo si es o no mayoritaria; es más, me parece irrelevante a estos efectos. En un Estado en el que la Iglesia había llevado al dictador bajo palio, la prudencia y generosidad en la transición eran también necesarias en este aspecto y algunos ejemplos hubo de posiciones abiertas y misericordiosas, aunque contrarrestaron las más reaccionarias. Por eso quedaron rezagos de nacional-catolicismo que un Estado plural debe evitar.
Desde mi catolicismo crítico y curioso, respetuoso siempre de los valores propios y ajenos, no concibo otra cosa que prometer y no jurar los cargos, y doy por obvia la eliminación en los actos estrictamente públicos de toda referencia a la religión en un Estado democrático que pretenda ser de verdad integrador; así como considero incuestionable el respeto a la religión en el ámbito personal, no solo privado.
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