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La pena de muerte en 2017
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La pena de muerte en 2017

Actualizado 22/05/2018
José Javier Rodríguez

En muchos países se han dictado sentencias de muerte en contra de personas con discapacidad mental o intelectual, y en muchos casos no se respetan las normas internacionales sobre juicios justos.

La pena de muerte en 2017   | Imagen 1

Edith Mangraviti

Activista por los Derechos Humanos

Si la pena de muerte tuviese un efecto disuasorio para evitar que se cometieran más crímenes, el número de ejecuciones y de condenas a muerte debería disminuir constantemente. Pero, en realidad, esos números no se modifican sustancialmente. Esto queda claro mirando la situación de Estados Unidos, donde el porcentaje de asesinatos es mayor en los estados con pena de muerte que en los que no la aplican.

En el 2017 se registra una reducción del uso de la pena de muerte respeto a las cifras del 2015 y del 2016, que fueron años record por número de ejecuciones y condenas, pero el número de los países que llevaron a cabo ejecuciones y que impusieron condenas a muerte continua siendo similar al de los últimos años. Amnistía Internacional registró ejecuciones en 23 países en el 2017, la misma cifra que en el 2016, aunque con una reducción de los números de ejecuciones del 4% respeto al 2016.

Los métodos de ejecución utilizados son decapitación, ahorcamiento, inyección letal y arma de fuego, pero no se han registrado ejecuciones por lapidación. El 84% de todas las ejecuciones registradas fueron llevadas a cabo en 4 países: Irán, Irak, Arabia Saudí y Pakistán, y de esas el 51% fueron realizadas en Irán, que aun así ha registrado una disminución del 11% comparado con el 2016. Se señala una reducción de los números también en Arabia Saudí y en Pakistán (31%), y un aumento del 42% en Irak.

También en el número de las condenas a muerte se registra una disminución del 17% de la cifra total respecto al record registrado en el 2016, pero los números siguen siendo similares a los de los años pasados. Hay que tener en cuenta que en Irán al menos 31 ejecuciones fueron llevadas a cabo de forma pública, y se anotaron ejecuciones y condenas a muerte de personas que eran menores de 18 años en el momento en el que fue cometido el delito. Amnistía Internacional tiene motivos para creer que eso también ocurre en otros países.

En muchos países se han dictado sentencias de muerte en contra de personas con discapacidad mental o intelectual, y la mayoría de los países que han dictado sentencias de muerte o que han aplicado la pena capital no respetan las normas internacionales sobre juicios justos, basándose en confesiones obtenidas mediante tortura y otros malos tratos. Además, en varios países sigue aplicándose la pena de muerte preceptiva, que no permite tener en cuenta las circunstancias personales del acusado y las circunstancias en las que se cometió el delito, violándose así los derechos humanos. En 15 países la pena capital fue impuesta por delitos relacionados con las drogas, aunque solamente en cuatro países (China, Irán, Arabia Saudí y Singapur) se han registrado ejecuciones por estos tipos de delitos, y se impulsó esta pena también para otros delitos que no entran entre los más graves, como los delitos económicos, secuestro, brujería, etc.

Sin embargo, se reconoce, por segundo año consecutivo, una reducción de los países en el que se ha impuesto la pena de muerte. Guinea y Mongolia abolieron la pena de muerte para todos los delitos y Guatemala se puede clasificar como país abolicionista únicamente para los delitos comunes, mientras que en Kenia el Tribunal Supremo abolió la pena capital preceptiva para el asesinato.

Guinea fue el 20º país del África Subsahariana en abolir la pena de muerte para todos los delitos, haciendo de esta región un ejemplo para el resto del mundo. Además Gambia, junto a Madagascar y Santo Tomé y Príncipe que ya habían abolido la pena capital, a través de la firma del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se comprometió a no llevar a cabo ejecuciones y actuar para abolir la pena de muerte; y Burkina Faso y Chad, a través de nuevas propuestas de leyes, se acercaron a la abolición de la pena de muerte. En esta región en el 2017 solamente Somalia y Sudán del Sur han llevado a cabo ejecuciones, aunque se registre un ligero incremento en los números, de 22 en 2016 a 28 en 2017, y en cuanto a la condena a muerte, fue impuesta en 15 países, frente a los 17 del 2016, aunque el 71% se impusieron en Nigeria, que tiene la población condenada a muerte más alta de toda la región.

También en otros países se pueden anotar limitaciones del uso de la pena de muerte. Por ejemplo, en Afganistán se ha aprobado el nuevo Código Penal en el que hay una reducción del número de los delitos para los que se pueda imponer la pena capital; en China fueron aprobadas normativas para garantizar juicios justos, y en Irán la nueva legislación contra los estupefacientes aumentó la cantidad de drogas necesaria para que se pueda aplicar la pena de muerte. En 21 países se registraron casos de conmutaciones e indultos, además de 55 casos de exoneraciones de personas condenadas, la mayoría en Nigeria y Zambia.

Al terminar del 2017, 142 países habían abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica pero, a pesar de esto, en todo el mundo había al menos 21.919 personas condenadas a muerte, número al que se debe añadir los condenados y ejecutados en China, país en el que esas informaciones están clasificadas como secreto de estado, y que se supone que sea el mayor ejecutor del mundo.

Por último, hay que tener en cuenta que la imposición de la pena de muerte es arbitraria, irreversible y discriminatoria, aparte de constituir una violación de los artículos 3 y 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos casos, sin excepciones, y trabaja por su abolición en todo el mundo.

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