Mª Jesús Moro defiende la nueva ley “para recuperar la vivienda que ha sido ocupada...

La portavoz de Justicia del Grupo Popular en el Congreso, María Jesús Moro, ha afirmado que "esta Ley pretende agilizar y acortar el procedimiento de recuperación de la vivienda ocupada ilegalmente".

Durante su intervención en la Comisión de Justicia para ratificar la Ponencia con Competencia Legislativa Plena de la proposición de Ley de Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, por la que se regula un procedimiento específico para garantizar la posesión de viviendas titularidad de propietarios personas físicas y para asegurar a las entidades sociales y a las administraciones públicas la disponibilidad de las viviendas en su haber destinadas a alquiler social, la portavoz popular ha dejado claro que "es una modificación de una Ley procesal que determina un instrumento, entre otros, de defensa de derechos constitucionales de carácter fundamental".

"Esta es una Proposición de Ley que pone de manifiesto cómo las fuerzas políticas si quieren construir, pueden construir siempre que no nos hagamos películas, como las que hemos oído a lo largo de la ponencia y hoy aquí", ha afirmado María Jesús Moro.

En su opinión, "nos estamos acostumbrando demasiado en este país a defender a los que delinquen y a dejar de lado, e incluso a abandonar, a las víctimas, a los que son objeto de presión, acoso y delito".

A su juicio, "aquí no estamos hablando del Código Penal ni de delito, estamos marcando un instrumento que ya existe en este momento en la Ley de Enjuiciamiento Civil para adaptarlo a supuestos que determinan la violación de derechos en materia de posesión de personas de distinto orden, de distintas capacidades económicas y que, sin embargo, se encuentran en una auténtica batalla para poder recuperar aquello que es suyo, que en muchas ocasiones, a diferencia de lo que se ha dicho, es lo poco que tienen o lo poco con lo que pueden subsistir".

En este sentido, la dirigente del PP ha recordado que se ha dicho mucho en esta Comisión que "abusamos del Derecho Penal y, sin embargo, cuando apoyamos un instrumento civil, de recuperación rápida y ágil, se considera mal".

"Es una Ley Procesal, no es una ley de la vivienda, tampoco es una ley de declaraciones y, por tanto, articulamos un mandato a todas las administraciones competentes para hacer realidad las preocupaciones por todo aquel que, en cualquiera de estos procedimientos se aprecie que está de vulnerabilidad económica o residencial", ha aseverado Moro.

Para la dirigente del PP "no era necesario, pero se ha considerado que en este momento la ley procesal también se tiene que vestir de cercanía a los ciudadanos"

Así, la portavoz popular ha destacado que "hemos incorporado un instrumento más que no resuelve el problema de la ocupación ilegal pero, además de proteger a los poseedores de viviendas sirve para poder comunicar a los servicios sociales cualquier situación de vulnerabilidad que se aprecie para que las Administraciones competentes puedan adoptar las medidas adecuadas".

Además, ha añadido que "es un instrumento más de carácter civil, que puede ser valioso, que no priva de garantías, ni de otros procedimientos para ir contra las mafias o contra los delincuentes".

Finalmente, Mª Jesús Moro ha subrayado que "en esta Ley se ha aprobado la prórroga de 2 años, 30 de junio de 2020, para la entrada en vigor de la Ley de Registro Civil 2011".

Ana Zurita: "La ocupación es uno de los problemas fundamentales de la política de vivienda"

Como ha remarcado la portavoz de Vivienda del GPP, Ana Zurita, "la ocupación es uno de los problemas fundamentales de la política de vivienda y no puede entenderse como una vía de acceso a esta".

En este sentido, la portavoz popular, ha indicado que "la ocupación ilegal hace imposible e inviable la gestión de una política de vivienda porque no se trabaja con la realidad del parque de viviendas".

Según ha explicado Zurita, "esta Ley aborda las dos vertientes que tiene la ocupación en España". "Un primer caso englobaría a grupos criminales organizados que se lucran de estas ocupaciones y a los movimientos antisistema que no respetan el derecho a la vivienda, y el segundo son personas en situación de vulnerabilidad que ocupan una vivienda por necesidad", ha apuntado la portavoz popular, quien ha considerado que este último grupo es quien "merece todo nuestro esfuerzo para que puedan recuperar las condiciones económicas y sociales originarias".

Por ello, ha señalado Zurita, esta iniciativa legislativa "prevé la recuperación de la propiedad y da la garantía de que sus ocupantes, siempre que esté probada su situación de vulnerabilidad, puedan reconducir su situación de manera legal".

"La ocupación ilegal no sólo afecta a propietarios, afecta también a las comunidades de propietarios y a barrios enteros de nuestras ciudades", ha concluido.