Sobreseída la causa contra ocho altos cargos de la Junta en el caso de la Perla Negra

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid, que investiga si existieron delitos de prevaricación, malversación y fraude a la Administración en las operaciones urbanísticas del edificio de ADE de la Junta (hoy, Soluciones Empresariales y denominado Perla Negra) en Arroyo de la Encomienda, y los terrenos del parque empresarial fantasma de Portillo, ha sobreseído la causa contra ocho altos cargos de la Junta de Castilla y León relacionados inicialmente con el caso.

Se trata del actual delegado territorial de la Junta en Valladolid, Pablo Trillo Figueroa, el director general de Presupuestos y Tributos de la Junta, José Armando Baeta, el director general de Industria y Competitividad, Carlos Martín Tobalina, el director general de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, José Manuel Jiménez Blázquez, el que fuera director general de Economía en los 90, Javier Rodríguez Segovia, el secretario general de la Consejería de Economía y Hacienda, Francisco Javier de Andrés, el director de proyectos de ADE, Andrés Álvarez Viñuela, y Benedicto González, director gerente de la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León. Junto a ellos, quedan eximidos también de responsabilidad Abdón Dueñas Hernández (representante de Caja de Ahorros Salamanca y Soria en el Consejo de Administración de Gesturcal), Efrén Luciano Martínez Izquierdo (presidente de la Diputación de Soria entre 2000 y 2008) y el empresario Fernando Mínguez Beltrán.

El juez entiende que, tras la toma de declaraciones y atendiendo a la evolución del proceso de los hechos investigados, se concluye que «claramente no tienen responsabilidad criminal en los hechos», según el auto al que ha tenido acceso El Norte de Castilla, y advierte además de que sobre esta serie de investigados se ha acreditado que «tienen una relación casi nula con los hechos o no tenían poder decisorio o de actuación sobre los mismos, al margen de su posición en un organismo colegiado que bien poco pueden analizar las circunstancias que llevaron a su intervención o que tuvo otra intención que la de conocer las actuaciones realizadas a posteriori».

El magistrado puntualiza además que en el caso de los afectados se trata de «personas que, como la investigación desvela, fueron las únicas que pusieron algún obstáculo o 'pero' a la actuación, tal y como se reconoce en el citado auto judicial Las primeras declaraciones judiciales respecto del caso de la Perla Negra se iniciaron en los meses de mayo y junio del 2016 y desde entonces hasta ayer, día en el que está fechado el auto, se han practicado el suficiente número de diligencias que permiten vislumbrar «una serie de indicios que permitían distinguir sobre la diversa participación de unos y otros de los implicados». En base a esta medida, el magistrado acordaba tomar esta decisión de sacar del caso a estos once altos cargos de la Administración regional.