La Diputación comunica la imposibilidad de ejecutar la sentencia que declara nulo el presupuesto...

El pleno extraordinario celebrado este jueves en la Diputación de Salamanca tenía como único punto del orden del día aprobar que se comunique a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León la imposibilidad de ejecutar la sentencia por la que se declaraba nulo el presupuesto de 2016 y la relación de puestos de trabajo de ese mismo año.

Con la ausencia del diputado de Ganemos, responsable de la sentencia, los votos a favor del Grupo Popular y Ciudadanos y la abstención del PSOE, han servido para aprobar comunicar al Tribunal Superior de Justicia que no es posible ejecutar la sentencia en lo relativo a la convocatoria y celebración del pleno de presupuestos de 2016 dado que, una vez extinguido, por pérdida de vigencia, "no se puede debatir una propuesta de aprobación de un presupuesto ya inexistente".

Asimismo, se comunicará la imposibilidad de ejecutar la sentencia relativa al pleno para la aprobación de la plantilla y Relación de Puestos de Trabajo correspondiente a 2016, dado también su pérdida de vigencia al haberse aprobado ya las correspondientes a los años 2017 y 2018 y afectar, en caso de que se ejecutara, a cuatro trabajadores de la Diputación Porvincial totalmente ajenos a este proceso.

A pesar de dar su apoyo, el portavoz de Ciudadanos, Manuel Hernández, se ha mostrado crítico con la forma de actuar del equipo de Gobierno al convocar un pleno extraordinario para tratar un asunto "que conocen desde el mes de octubre y que se podía haber resuelto en anteriores plenos ordinarios", evitando así el gasto que supone esta convocatoria. Asimismo, tras reconocer que el fallo de la sentencia no es ejecutable, ha exigido responsabilidad política al presidente de La Salina por este incidente.

Por su parte, la portavoz del Grupo Socialista ha hecho hincapié en que la ejecución de la sentencia pueda afectar a trabajadores de la institución y ha pedido "meditar las consecuencias de nuestros propios actos porque afectan al bienestar de familias de trabajadores". Carmen García también ha exigido que, para evitar situaciones como la que se ha producido, "se trabaje con más tiempo los presupuestos".

Tras la intervención de los grupos de la oposición, el vicepresidente de la Diputación, Carlos García Sierra, ha explicado que la comunicación se debe presentar antes del 10 de marzo en el Tribunal Superior de Justicia y que se ha trabajado desde que se conoció la sentencia pero "es un tema que hay que estudiar bien judicialmente y lleva su tiempo". Asimismo, ha lamentado que se vean afectados unos trabajadores ajenos a este proceso.