UPA-COAG exige modificar las normas urbanísticas para que las explotaciones puedan ser rentables

La Alianza UPA-COAG ha remitido un escrito a la Diputación de Salamanca para exigir la modificación de las normas urbanísticas subsidiarias de los municipios de la provincia para adaptarlas a las necesidades actuales y favorecer que "nuestras explotaciones agrícolas y ganaderas puedan ser rentables y permitan fijar población activa en los pueblos".

Según han explicado hoy los técnicos de la organización agraria, la normativa actual es del año 1989 y, aunque se realizó una pequeña modificación en el año 2010, "para nada cumple con los parámetros que requieren las explotaciones e impiden que un ganadero que quiere fijar población activa en un pueblo pueda hacerlo, porque lo que le dejan construir es muy pequeño para ser viable y funcional", ha indicado Carlos Rodríguez Santos, técnico de UPA.

Por este motivo, además de haber solicitado una reunión con los responsables de la Diputación Provincial, la Alianza UPA-COAG ha presentado varias propuestas para la modificación de las normas urbanísticas solicitada para los municipios que no tiene normativa propia y evitar que "queden desamparados". Entre los cambios que se exigen está la altura de los aleros de las naves, que pase de los 7 metros actuales a los 9 metros, con el fin de adaptar las edificaciones a las dimensiones de la actual maquinaria y evitar accidentes, así como elevar el porcentaje de ocupación, que actualmente está regulado en algunas zonas al 10 ó 15%.

Asimismo, como ha explicado el técnico Jesús Navarro, se pide un cambio en los retranqueos y que la protección que afecta a un área concreta se aplique únicamente a esa zona y no a los municipios enteros. "Con estos cambios nos daríamos por conformes porque se adaptaría la normativa urbanistica a las necesidades actuales de las explotaciones salmantinas", ha indicado.

Por otra parte, Aurelio Pérez y Guillermo González han aprovechado su comparecencia de este jueves para explicar algunos de los logros conseguidos por la organización agraria en los tribunales y que han beneficiado a "todo el sector". Se han referido a los procesos judiciales abiertos en los últimos años y que han permitido a los ganaderos y agricultores tenga acceso a créditos importantes; el haber conseguido que la Administración se haga cargo de los daños por la avutarda; la eliminación de los 3 euros de ayuda en la remolacha; o las indemnizaciones con más de 100.00o euros por los ataques del lobo.

"Nuestra organización no se dedica a salvar los muebles de cuatro dirigentes, como han hecho otras asociaciones, y dejar tirado al conjunto del sector", ha subrayado Aurelio Pérez, quien también ha anunciado que seguirán luchando en los tribunales por la norma del ibérico, un recurso que ha llegado al tribunal de Luxemburgo y "el único que queda vivo".