El Gobierno no prorrogará la concesión a Iberpistas de la AP-6

El Ejecutivo central ha decidido no prorrogar la concesión de la autopista AP-6 por parte de Iberpistas, compañía filial de Abertis, y esperará a que se agote el periodo de la adjudicación, por lo que tampoco retira de inmediato la explotación a la empresa. Por lo tanto, y con los plazos actuales que maneja el Ministerio de Fomento, en noviembre de 2019 acabará la gestión privada de esta vía de peaje, medida que la Administración central ultima extender al resto de la red de alta capacidad, como dejó entrever el ministro.

Dicha fecha no es caprichosa. Se trata del plazo que firmó la predecesora de Íñigo de la Serna en la cartera de Fomento, Ana Pastor, y que figura en el real decreto por el que el Estado prolonga la vigencia actual de la concesión. Esta ampliación es contraria a las tesis que sostienen algunos partidos políticos como PSOE o Podemos, así como sindicatos y organizaciones ecologistas, que recuerdan la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia Europeo que fijaba a finales de este pasado mes de enero la fecha de finalización de la concesión. Dicho fallo resolvía que se encontraba fuera la legalidad.

De la Serna confirmó la idea del Gobierno de «no prorrogar los contratos». Será la Administración central la que adoptará las medidas oportunas sobre la explotación de esas autopistas «en el momento en el que reviertan» al Estado.

Costes para la empresa

En lo que respecta a los expedientes sancionadores abiertos a Iberpistas por su actuación durante la nevada del fin de semana de Reyes, el ministro ha concretado que el proceso se halla en el monento de las alegaciones de la empresa. Además, hay otros procesos implícitos a los que deberá enfrentarse la concesionaria, como asumir «los costes que acarreó para la Administración General del Estado». También deberá afrontar si con más inversiones se habría logrado mejorar la situación, así como las reclamaciones de particulares.

El ministro refrendó la apertura de dos expedientes a Iberpistas. Uno de penalización y otro sancionador derivado del cauce informativo incoado tras el caos que mantuvo atrapados a más de 3.000 vehículos durante más de quince horas. Las infracciones están catalogadas como graves, añadió el titular de Fomento. Las multas han de adecuarse a lo que dicta la ley, que impone una sanción máxima de 15.000 euros en casos graves.