El bloqueo político de las Cortes ahoga al Consejo de Cuentas
Jesús Encabo, en el centro, presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León
El presidente, Jesús Encabo, reclama la reforma del sistema con el que se aprueba el plan de trabajo anual, de hecho, solo en Castilla y León depende del parlamento regional
La actividad del Consejo de Cuentas de Castilla y León, órgano que fiscaliza cómo gastan el dinero público y cómo contratan las administraciones de la comunidad, está en una situación muy comprometida.
El Consejo de Cuentas de Castilla y León arrastra desde hace casi un año un estado de funcionamiento anómalo. El plan de trabajo que presentó para 2017 no salió adelante en la Comisión de Hacienda de las Cortes, que es quien tiene la última palabra sobre el mismo. Tampoco la propuesta alternativa, de mínimos, presentada a finales de año por el presidente de organismo, Jesús Encabo Terry, para poder iniciar, al menos, tres informes que han empezado todos los órganos de fiscalización autonómicos bajo la coordinación del Tribunal de Cuentas estatal.
Ha terminado 2017 y la situación se ha agravado. Jesús Encabo, presidente del órgano fiscalizado, ha solicitado a los responsables de los grupos políticos a los que informó de la situación a la que está abocado el organismo si el plan anual de fiscalizaciones de 2018 corre la misma suerte que la propuesta de 2017.
Se están quedando sin carga de trabajo. Una paradoja en unos años en los que ha aumentado la desconfianza ciudadana en la gestión política (así lo reflejan las encuestas de CIS) y no hay político que no ponga en valor el control de la gestión pública y la transparencia cada vez que encara un micrófono.
La plantilla del Consejo, personal técnico de alta cualificación, ultima en estos momentos tres informes del plan de 2016 sobre gestión de universidades, la Renta Garantizada de Ciudadanía y los acuerdos municipales contrarios a los reparos que hicieron los interventores. Una vez concluidos, los equipos de auditoría que los han realizado podrían estar condenados a pasar su jornada laboral mano sobre mano.
Fuentes del Consejo de Cuentas sitúan ese escenario en abril, si los grupos políticos de las Cortes mantienen su posición y no prosperan las conversaciones para deshacer el empate de nueve votos a favor y nueve en contra en la Comisión de Hacienda. Los técnicos solamente podrían efectuar las fiscalizaciones que son obligatorias por ley: de la cuenta general de la comunidad, de la contratación administrativa y de las cuentas del sector público local, principalmente.
Encabo, acompañado de los dos consejeros del órgano de control (Miguel Ángel Jiménez (propuesto por el PP como el presidente) y Emilio Melero (propuesto por el PSOE), ha vuelto a plantear a los portavoces parlamentarios la idoneidad de reformar la forma en la que se aprueba el plan de trabajo anual. Solo en Castilla y León depende de las Cortes.
En otras regiones, el parlamento puede plantear que se incluyan auditorías puntuales, pero no vetar su aprobación. Los responsables del Consejo han insistido en que es necesario dejar al organismo de control fuera de tensiones políticas como las que lo han sumido en la situación que atraviesa en la actualidad.
A todo lo anterior se añade que el mandato de Encabo, Jíménez y Melero termina en marzo y que los máximos responsables del Consejo de Cuentas entrarán en situación de interinidad hasta que los grupos parlamentarios designen a sus sucesores, nombramientos que PP y PSOE consensuaban en la etapa bipartidista. Los tres consejeros insistieron ayer en que les gustaría dejar su responsabilidad habiendo solucionado la 'crisis' de la institución, con el plan anual de 2018 en vigor y la reforma sobre un sistema de aprobación que otorgue autonomía de decisión al Consejo encarrilada.
Deuda sanitaria y educación concertada
La propuesta para 2018 que Encabo trasladó ayer a los grupos parlamentarios rescata fiscalizaciones planteadas para 2017 y que no han visto la luz, caso de la gestión de la Fundación Siglo, por efecto de ese empate político que hay en las Cortes. El documento es un borrador. Lo dejaron claro los responsables del Consejo de Cuentas, que también señalaron que quieren presentar una propuesta con visos de salir adelante antes de final de mes.
El proyecto incorpora auditorías sobre áreas de gestión que son demandas históricas de la oposición. Figuran la deuda sanitaria, los gastos de funcionamiento de los principales hospitales públicos o las partidas que financian los centros docentes públicos y concertados. Junto a estos, incluye la fiscalización de las subvenciones a las empresas de líneas de autobús deficitarias, que son casi todas las que dan servicio al medio rural.