Las Mareas Blancas de Castilla y León mantienen su movilización del 20 de enero en Valladolid

A pesar de que el número de pacientes que se encontraban esperando una operación en alguno de los hospitales de Sacyl a fecha de 31 de diciembre de 2017 era de 24.495, es decir, un total de 3.715 personas menos que en la misma fecha del año anterior, las Mareas Blancas de toda la comunidad mantienen su convocatoria para una manifestación conjunta, que será en Valladolid el próximo 20 de enero, en defensa de nuestro modelo de Salud Público

Una iniciativa de la Marea Blanca de Castilla y León, que integra plataformas y organizaciones de toda la Comunidad Autónoma, muchas de las cuales fletarán autobuses gratuitos para facilitar el desplazamiento.

Izquierda Abierta CyL ha manifestado su apoyo a este llamamiento. De hecho, su portavoz, Adelina Rodríguez, manifestaba el respaldo "a la denuncia de la austeridad que cuestiona y pone en evidencia la gestión Hospitalaria en CyL, provoca auténticos escándalos de corrupción en Burgos, que Hospitales se caigan a pedazos en Salamanca y el cierre de plantas enteras en la práctica totalidad de las provincias. Así mismo nos encontramos ante el recorte en plantillas y falta de sustituciones en los centros de salud rurales y urbanos, la multiplicación de las listas de espera en las citas con los médicos generales, la chapuza constante que rodea al programa MEDORA o las listas de espera que ya son enfermedad endémica de nuestra sanidad pública en manos del PP".

"Estamos ante un auténtico asalto a la sanidad pública, con la intención de precarizarla, maltratarla, y de este modo generar negocio fácil para la sanidad privada. Por esto es fundamental asaltar Valladolid el 20 de enero y obligar a la Junta y el PP a tomar nota y dar un giro copernicano a sus políticas, que no son mas que el traslado de una ideología muy concreta que odia a lo público y pretende desmantelarlo", añadía Alberto Novoa, coportavoz de Izquierda Abierta de Castilla y León

Las reivindicaciones de la Marea Blanca de Castilla y León son las que siguen:

Acabar con los recortes recuperando, cuando menos, el equivalente al presupuesto sanitario alcanzado en 2010, con un mayor peso en el gasto de la Atención Primaria, especialmente de los servicios en el medio rural.

Recuperar el empleo perdido en el sistema sanitario público y fidelizar a sus profesionales acabando con la precarización laboral, eliminando los contratos basura, las interinidades indefinidas y los puestos "comodín", al tiempo que protegiendo la carrera profesional.

Que no se cierren plantas y camas hospitalarias. Al contrario, utilizar intensivamente el uso de los recursos que tiene la sanidad pública mediante la contratación del personal necesario, para reducir las listas de espera quirúrgicas y diagnósticas, eliminando los conciertos con la sanidad privada.

Un modelo de Sanidad 100% Pública:

Reversión del Hospital de Burgos, poniendo fin a modelos de colaboración público-privada, auténtica sangría de las arcas públicas.

Abandonar el proceso de implantación de las Unidades de Gestión Clínica, por ser un camino hacia la privatización del sistema sanitario.

Reconvertir los servicios externalizados asumiendo su gestión y provisión directas, siempre más caros y de peor calidad en m anos privadas.

5. Implementar programas de Prevención y Promoción de la Salud en el ámbito de la atención primaria,

6. Acercar la Atención Especializada y hospitalaria a los núcleos rurales de población alejados de los hospitales de área, mediante el desarrollo debidamente dimensionado de estos servicios, una mayor dotación del transporte sanitario (urgente y programado) y establecimiento de los convenios de colaboración oportunos con la sanidad pública de comunidades autónomas limítrofes.

7. Legislar para restituir el derecho a recibir asistencia sanitaria de personas que residan en nuestro territorio, en tanto no se derogue el R.D.L. 16/12.

8. Nombramientos de gerentes atendiendo a su perfil profesional, no político, e introducir medidas detransparencia de su gestión económica, mediante auditorías independientes.

9. Cumplimiento riguroso de la ley de incompatibilidades del personal sanitario, hasta una nueva regulación de la dedicación exclusiva para quien trabaje en la sanidad pública.

10. Poner en funcionamiento cauces eficaces de participación social y profesional en todos los niveles del sistema sanitario, con participación ciudadana en la toma de decisiones y corresponsabilización en el buen uso de los servicios.