Y Australia también lo hizo....
Refl exionar sobre el drama de las personas refugiadas que intentan huir de la guerra considerando únicamente el panorama europeo signi ca observar meramente una pequeña fracción del problema. De hecho, Europa solamente conoce una mínima realidad de lo
Autor: Elena Domínguez Crespo
Activista por los Derechos Humanos
Australia aplica una medida cruel y denigrante a cada solicitante de asilo que recibe: enviar a estas personas a centros de detención obligatoria de manera indefinida. Según cifras estudiadas por Amnistía Internacional en 2016, 1.414 personas estaban recluidas en este tipo de centros en territorio australiano. La desfachatez de estas políticas no acaba aquí, dado que Australia mantiene un acuerdo con el gobierno de Papúa Nueva Guinea para desviar a los solicitantes de asilo a la isla de Nauru para retenerlos allí de forma indefinida. El mismo acuerdo mantiene con la República de Manus, la cual comprende una única isla en el área de Micronesia.
¿Puede ser más insoportable una situación en la que una persona tiene que huir con lo puesto de su propia casa por miedo a morir, ser trasladada a Australia, un país a más de 11.000km de Siria - por poner un ejemplo, ya que el origen de estas personas es muy diverso - y de ahí ser encerrada en un centro situado en una remota isla en mitad del Océano Pacífico? Sí, parece que puede ser peor.
Comenzando por la isla de Nauru, en 2016 se encontraban malviviendo en este centro 383 personas, de las cuales 290 eran hombres, 49, mujeres y 44 niñas y niños. Al futuro incierto al que se enfrentan estas personas, hay que añadirle los malos tratos a los que se exponen en el centro de Nauru: condiciones higiénicas deplorables, agresiones diarias, violaciones, negación de tratamiento médico, racionamiento de comida... Los datos son obtenidos a cuentagotas dado que los periodistas y observadores independientes tienen muchas restricciones para entrar a visitar el centro y los funcionarios del gobierno de Australia se enfrentan a penas de dos años de prisión si revelan cualquier tipo de información sobre lo que ocurre. La mayoría de las personas que viven en este centro sufren enfermedades físicas y psicológicas muy graves por las experiencias tan traumáticas que han soportado desde el estallido del conflicto en sus Estados hasta su actual situación en Nauru, pasando por la arriesgada huida que han sufrido. No es de extrañar que los suicidios o intentos de suicidio sean muy frecuentes en el centro, incluso por parte de menores.
En el centro de detención de Manus se repiten los mismos patrones que en el de Nauru. Es por esto que el Tribunal Supremo de Papúa Nueva Guinea lo declaró inconstitucional el pasado año. De hecho, 6 personas han muerto en circunstancias sospechosas durante la vida de este centro. Sin embargo, los 718 habitantes de este centro están preocupados por su futuro y se encuentran atrincherados a la espera de una solución satisfactoria desde su cierre el pasado 31 de octubre. Las razones de este encierro son las escasas alternativas que les ha dado el gobierno australiano a estas personas: por un lado, se les ha ofrecido ingresar en el centro de Nauru, una solución, como se ha analizado, evidentemente gravosa, o en diferentes centros de Lorengau, también en la misma isla. Estos centros están igualmente bajo sospecha al haberse registrado varios intentos de suicidio durante el pasado mes de octubre. Australia se niega a acogerlos, Nueva Zelanda ha ofrecido asilo a estas personas, pero el gobierno australiano igualmente lo ha rechazado, debido a que está a la espera de que Estados Unidos cumpla su parte en un acuerdo que rmaron ambos países al inicio de la llegada de personas buscando refugio, por el cual Australia intercambiaría sus refugiados por los centroamericanos llegados a Estados Unidos, como si estas personas se trataran de simple mercancía.
En ambos casos, hay una clara ganadora: la empresa española Ferrovial, cuya filial Broadspectrum gestiona en exclusiva ambos centros y que se está lucrando de este negocio sin responsabilizarse por las aberraciones que ocurren en su interior. No se conoce concretamente de qué cantidad de dinero estamos hablando, debido al secretismo de este contrato. Muchas ONGs como Amnistía Internacional o Human Rights Watch exigen el asentamiento de estas personas en territorio australiano, mientras se resuelven sus solicitudes de asilo, respetando los derechos fundamentales que deben ser garantizados por el gobierno de Australia, la apertura de una investigación sobre los hechos ocurridos, así como la asunción de responsabilidades sociales por parte de la multinacional Ferrrovial para que deje de lucrarse a través de este negocio siniestro y visceral.
Para más información, es muy recomendable el documental Chauka, Please Tell Us the Time.
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