Una veintena de colectivos exige la supresión de los peajes de las autopistas a Madrid

La Plaza Mayor ha sido escenario de la lectura de un manifiesto y la recogida de firmas para exigir al Gobierno que cumpla la sentencia europea y suprima los peajes de las autopistas AP-6 con su conexión a Ávila (AP-51) y a Segovia (AP-61). El acto ha contado con el respaldo de casi 20 sindicatos, partidos políticos, colectivos ciudadanos y asociaciones de Salamanca como Fevesa, PSOE, Ciudadanos, Podemos, Ganemos, Adecocir, COAG, Fauba, Bateun, Adecasal, IU, Alter, CCOO, UGT, CSIF y Astasa, a los que podrían sumarse asociaciones de ganaderos y de transporte.

Chema Collados, representante de Cavecal, ha recordado que en el año 2010, el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó la ilegalidad de la concesión del contrato de las obras y la ampliación del peaje para la construcción, conservación y explotación de las autopistas de peaje: AP-6, con su conexión a Segovia y a Ávila. La sentencia, afirma Collados, "sigue sin ejecutarse y los costes de los peajes se ha incrementado" por lo que exigen "la inmediata reversión del peaje del túnel de Guadarrama de la AP-6 en 2018 y la liberación de los peajes de la AP-51 y la AP-61".

"Es imprescindible que estas autopistas se conviertan en autovía y no se pague peaje, porque se trata de una conexión directa con Madrid", ha afirmado, remarcando la puesta en marcha de plataformas, como ya se ha hecho en Ávila y Segovia, para que se haga realidad esta reclamación de los diferentes colectivos.

Manifiesto

Las autopistas de peaje AP-6, AP-51 y AP-61 constituyen una barrera económica infranqueable que afecta a todo el noroeste del país, castigando especialmente a nuestra región, con altos índices de desempleo y despoblación. Los peajes constituyen un ejemplo de desigualdad con respecto a otras regiones limítrofes con Madrid y su eliminación sería un factor decisivo para la creación de empleo al facilitar que las empresas que busquen una ubicación en la periferia de Madrid puedan instalarse en estas provincias castellano-leonesas generando empleo directo.

La existencia del peaje de la AP-6 provoca además la total masificación de vehículos en la alternativa gratuita que constituye la carretera N-VI, con una media diaria de 12.000 vehículos diarios, de los cuales 1.200 son vehículos pesados (datos de la DGT). Esta gran cantidad de tráfico provoca una situación de gran inseguridad tanto ambiental como personal, que en caso de San Rafael ha resultado en numerosos accidentes y atropellos en su travesía, algunos de ellos con víctimas mortales. A raíz de ello, actualmente la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Fomento han entablado negociaciones para subvencionar el peaje de la AP-6 a los vehículos pesados con dinero público para evitar su paso por la N-VI, lo cual conllevaría un injustificable aumento del gasto público y unas sustanciosas ganancias para Abertis y que además no solucionaría el paso de la gran mayoría del tráfico, esto es, de los vehículos ligeros.

Es evidente que la eliminación del peaje supondría la liberación del inmenso tráfico que soporta la N-VI y el final de este grave problema de seguridad. Pero no sólo es necesario eliminar los peajes de la AP-6, AP-51 y AP-61 para igualar las oportunidades de desarrollo con las demás provincias limítrofes con Madrid y eliminar la masificación de vehículos que transitan por las zonas protegidas y núcleos urbanos, sino por asegurar y defender lo público y además han de eliminarse por imperativo judicial.