El Juzgado investiga si Pascual ha usado la AECT Duero-Douro para su enriquecimiento

Según informa el diario La Razón, al exalcalde de Trabanca, José Luis Pascual, actual secretario de Asuntos Económicos del sindicato de prisiones Agrupación de Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) y actual presidente en funciones de esta entidad, le ha sido abierto un expediente sancionador por parte de Instituciones Penitenciarias, en el que se investiga la presunta incompatibilidad de su condición de funcionario con el desarrollo de otras actividades en su ámbito privado. La Secretaría General de este organismo, dependiente del Ministerio del Interior, investiga ahora si esas supuestas incompatibilidades podrían ser constitutivas de una falta muy grave al carecer éste de autorización. De ser así, acarrearían una sanción que va desde los tres años de suspensión de empleo y sueldo hasta la posibilidad de ser apartado definitivamente del servicio.

Cabe recordar que José Luis Pascual lleva casi una década en puestos de responsabilidad de varias asociaciones, entre las que destaca la AECT Duero-Douro y la Asociación Vinduero-VinDouro, ambas con sede en Trabanca, el municipio donde ejerció de regidor entre 1999 y 2011.

De acuerdo con las mimas fuentes, el Juzgado de Vitigudino investiga si estas organizaciones han servido de instrumento de enriquecimiento personal. Los ingresos de explotación de la AECT en 2016 ascendían a 3.124.271 euros. Asimismo, la asociación VinDuero-VinDouro, en la que figura como presidente, se dedica al comercio al por menor de bebidas en establecimientos especializados, concretamente a "vinos, licores y cervezas", pero también a la promoción de empresas relacionadas con el sector turístico y agroalimentario. La facturación de VinDuero-VinDouro el año pasado alcanzó 1.464.907 euros.

Además de estas asociaciones, Pascual mantiene puestos de responsabilidad en Frontera Sostenible, S A, una sociedad cuyo objeto social es la "prestación de servicios relacionados con cualquier tipo de producto relacionado con las empresas donde participa" y cuyo único socio es la AECT Duero-Douro. También, y según las mismas fuentes, Pascual es el presidente de EFI Duero Energy SCEL (Sociedad Cooperativa Europea Limitada) y que tiene como objetivo el comercio de energía eléctrica, presuntamente para el contrato con eléctricas de tarifas exclusivas para los municipios de la AECT Duero-Douro.

El expediente incoado por Interior sigue su curso y aún no se ha resuelto, aunque estaba a la espera de que se cambiaran sus instructores. Desde el entorno de Pascual Criado vinculan la apertura de este expediente a las denuncias que viene haciendo el sindicato Acaip contra la política de Instituciones Penitenciarias y lo achacan a intentos de "acallar y reprimir" la acción sindical en las cárceles.

Como publicó LAS ARRIBES AL DÍA el pasado 20 de octubre, tras la publicación realizada en el BOE por La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, comunicando la incoación de expediente disciplinario, por falta muy grave, contra el presidente nacional de la Acaip y exalcalde de Trabanca, el Comité Ejecutivo Nacional en pleno y por unanimidad se ratificó en el acuerdo alcanzado unánimemente el 19 de septiembre pasado por el que se decidió, presentar una "querella criminal contra Ángel Yuste Castillejo y contra José María Pérez Peña, por las coacciones y persecución personal que estaban llevando a cabo contra el presidente del sindicato Acaip, para limitar, conscientemente, el ejercicio del derecho fundamental de libertad sindical amparado en la Constitución, a través del acoso sistemático con continuas amenazas de expediente contra José Luis Pascual".

Así, se manifestaron el pasado día 8 de noviembre frente a la sede de Instituciones Penitenciarias, en la calle Alcalá de Madrid, bajo el lema "Nada que nos pare, nadie que nos calle. Por la libertad sindical de prisiones". Según La Razón, de esta manera denuncian que el expediente está siendo instruido por inspectores que estaban designados por Ángel Yuste, el director general del organismo, con quien Acaip tiene abiertas varias querellas y, por tanto, consideran que "no es un proceso garantista".