El Ejecutivo asume el control de Cataluña mientras espera la reacción del Govern

La incógnita no tardará en resolverse. Desde que el viernes pasado, una vez aprobado el 155, Rajoy anunció el cese del Govern la pregunta está ahí. ¿Qué harán hoy Carles Puigdemont y los ya exconsellers de la Generalitat? Reconocen fuentes cercanas al Gobierno que están preparados para cualquier escenario, y no ocultan desconocer qué pasa en estos momentos por la mente del presidente cesado. Su declaración, grabada, en TV3 no despejó del todo la incógnita este sábado. Yesa indefinición solo aporta más interrogantes. ¿Qué ocurrirá si Carles Puigdemont se encierra en su despacho? Bueno, para eso primero tendría que acceder a él, que esa es otra. No podría llegar en coche oficial, porque ya le ha sido retirado y, es evidente, los Mossos tendrían que darle el paso.

Dejando a un lado el Govern, otro de los interrogantes se ciernen sobre los altos cargos y, sobre todo, si los 200.000 funcionarios de la Generalitat siguen sus directrices y cuáles las rechazan bajo el riesgo de sanciones de empleo y sueldo. Porque desde esta mañana quien tiene el control de la administración catalana es el Gobierno. Uno de los puntos calientes, el control de los Mossos, parece que quedó solucionado a las primeras de cambio, a juzgar por las manifestaciones de los agentes del cuerpo.

Solventada la seguridad, vigilar las cuentas de la Generalitat de Cataluña ha sido una de las principales obsesiones del Gobierno desde que comenzó el desafío independentista. Precisamente, el Ejecutivo sabe que uno de los pilares básicos para hacer viable el artículo 155 está en el control de las finanzas públicas de la Generalitat. Así consta en una de las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros extraordinario del pasado viernes y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE): «Se habilita al gobierno de la nación a ejercer las competencias necesarias en materia económica, financiera, tributaria y presupuestaria». Para ello, el departamento que dirige Cristóbal Montoro asume la mayor parte de las competencias de la consejería de Economía y Hacienda del depuesto Oriol Junqueras.

En cualquier caso, la intención de Hacienda es efectuar un control administrativo que no implique ninguna toma de decisión relevante a la espera de que se constituya un nuevo Gobierno autonómico tras las elecciones del 21 de diciembre. Por tanto, el principal cometido será controlar que ningún recurso público se desvía para fines independentistas. Hasta ahora ya retenían alrededor de 1.400 millones procedentes del sistema de financiación que sólo desembolsaban con la debida justificación vía factura avalada por la interventora de la Generalitat. Sin embargo, ahora Hacienda también controlará los tributos propios y cedidos, que suponen cerca de 3.200 millones anuales (unos 260 millones mensuales).

Organismos públicos

Asimismo, también quedarán bajo la supervisión de Hacienda los más de 500 organismos públicos (consorcios, fundaciones o sociedades mercantiles) dependientes de la Generalitat. Entre ellos se encuentra uno de los más polémicos: la Agencia Tributaria de Cataluña. Sin embargo, el Gobierno no tiene intención de suprimir esta institución que los partidos independentistas querían convertir en el embrión de una futura Hacienda catalana. El organismo contaba con 700 empleados en septiembre que no podrían ser sustituidos por funcionarios de la Agencia Tributaria Estatal por falta de personal. Por tanto, Montoro se limitará a supervisar el funcionamiento de este organismo en la recaudación de los impuestos propios.

Eso sí, Hacienda pondrá fin al plan del gobierno de Carles Puigdemont de que los impuestos estatales (IVA, IRPF o Sociedades) se pagaran a través de la Agencia Tributaria de Cataluña. Algo que habían empezado a hacer alrededor de 150 empresas públicas catalanas y que pretendían extender a contribuyentes privados. Unas prácticas que bajo la nueva tutela de Hacienda serán suprimidas.

ELNORTEDECASTILLA