Pablo Fernández manifiesta "la frontal oposición" a este expediente porque no se dan las condiciones ni para la expropiación forzosa ni para la declaración de urgencia del proyecto
Podemos Castilla y León ha anunciado este martes en Salamanca que presentará alegaciones al expediente de expropiación forzosa de diversos terrenos en la zona de Retortillo aprobado por la Junta a propuesta de la empresa Berkeley para la ampliación de la mina de uranio. El secretario general de Podemos, Pablo Fernández, ha asegurado que este expediente se publicó el pasado 13 de octubre en el Boletín Oficial de la Provincia y que sus alegaciones "consisten en una frontal oposición a esta solicitud porque entendemos que no se dan las condiciones ni para la expropiación forzosa ni para la declaración de urgencia del proyecto".
Pablo Fernández también ha señalado "la insuficiencia" del trámite de información pública y ha denunciado el expediente completo de la concesión no está accesible ni para la ciudadanía ni para los grupos parlamentarios, por lo que "la opacidad y la falta de transparencia es realmente grave" por la transcendencia social y por el impacto medioambiental de este proyecto.
Ha recordado las reiteradas peticiones que Podemos ha realizado a la Junta de Castilla y León para conocer la totalidad del expediente del proyecto de la mina de uranio, pero "nunca ha querido dar a conocer en el portal de Gobierno Abierto ese expediente completo". Según Pablo Fernández, la Junta tampoco tiene en cuenta que el Gobierno de España ha suspendido el procedimiento de autorización de construcción de la planta a expensas de que hay una resolución del Consejo de Seguridad Nacional y considera que "no se justifica de ninguna manera la declaración de urgencia de la expropiación de terrenos planteada por Berkeley".
Por último, Pablo Fernández ha criticado que la Junta, atendiendo la solicitud de declaración de urgencia de la expropiación, "se haya puesto de una manera tan clara del lado de la empresa Berkeley y en contra de los intereses de los ciudadanos". En su opinión, la Junta, con Herrera a la cabeza, y con Fernández Mañueco como presidente del PP de Castilla y León, "está siendo cómplice de este desatino y atropello poniendo una alfombra roja a la empresa a costa de destrozar el medio ambiente en Salamanca y está cometiendo una deslealtad institucional con el Gobierno, con el Procurador del Común y con los ciudadanos".