El PP asegura que el nuevo Proyecto de Ley refuerza la posición del consumidor”

El diputado del Grupo Popular, Bienvenido de Arriba, ha afirmado que "nuestra obligación es seguir dando pasos en el marco del dialogo, del acuerdo y de la transigencia para garantizar el más alto nivel de protección de todos nosotros como consumidores". "Este Proyecto de Ley contribuye con todas las garantías que incorpora a un reforzamiento de la posición del consumidor", ha asegurado, a la vez que ha añadido que "nos encontramos ante una Ley que, sin duda, dará un nuevo impulso a la resolución extrajudicial de litigios en materia de consumo, mejorará las relaciones entre consumidores y empresarios e impulsará el comercio electrónico y transfronterizo".

Durante su intervención en el Pleno, el dirigente del PP ha señalado que vuelve al Congreso el Proyecto de ley por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo.

"La búsqueda de una mayor protección para el consumidor y la mejora de su capacidad en la mejora de sus derechos, nos han permitido llegar a un relevante acuerdo que se traducirá en un respaldo del arco parlamentario a este Proyecto de Ley", ha afirmado el diputado popular.

Así, ha remarcado que "este texto alcanzado es fruto del dialogo y establece los requisitos mínimos y armonizados de calidad que deben reunir las entidades encargadas de gestionar mecanismos extrajudiciales de resolución de litigios, que voluntariamente soliciten la acreditación para ser notificadas e incluidas en un listado único consolidado de la Comisión Europea".

"En él se regula el procedimiento para la acreditación de estas entidades y se establecen las obligaciones que deben asumir las mismas", ha explicado, a la vez que ha aclarado que "la finalidad es garantizar a los residentes de la UE la posibilidad de resolver litigios con empresarios establecidos en cualquier Estado miembro".

En este sentido, ha

puntualizado que "con esta norma se facilitará a los consumidores que los posibles problemas derivados de los contratos con los empresarios puedan encontrar una solución sin tener que recurrir a la vía judicial".

El diputado del PP ha puesto de manifiesto que "se han conseguido muchos avances, tales como el reconocimiento de nuestra distribución competencial, de igual modo se ha tenido en cuenta la sensibilidad de los distintos territorios, en concreto de los que tiene lenguas cooficiales, y se ha incorporado, a lo largo de las enmiendas al articulado la obligación de garantizar el uso del castellano y el uso de la lengua cooficial de la comunidad donde se encuentre establecida la entidad".

Además, ha añadido "a lo largo de la tramitación hemos conseguido consensos que, sin duda, han permitido enriquecer el texto que esperamos se apruebe en esta Cámara y un ejemplo de ello es el garantizar la gratuidad para los consumidores, la imposibilidad de acreditar a personas empleadas o retribuidas exclusivamente por organizaciones o asociaciones empresariales a las que pertenece el empresario o impedir que las entidades pudieran acogerse en función de la cuantía económica a la inadmisión de las reclamaciones".

También, ha apuntado el dirigente del PP "se establecen más requisitos para garantizar la independencia de las personas o de los profesionales que resuelven y se incorpora la posibilidad de interponer una reclamación ante la entidad de resolución cuando las partes entiendan que hay un anormal funcionamiento de la entidad, falta de independencia o imparcialidad".

De igual modo, "se recoge el papel del Centro Europeo del Consumidor en la asistencia que presta a los consumidores en sus reclamaciones". "La obligación de la aceptación de los empresarios a estos procedimientos en sectores especialmente conflictivos, como es el financiero o el de las aerolíneas, y en este último caso se ha dado un paso más estableciendo el carácter vinculante del resultado para las partes".