Stop Uranio presenta un recurso de alzada contra la autorización excepcional de suelo rústico en...

La plataforma antimina Stop Uranio ha presentado un recurso de alzada ante el Consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León por la 'Autorización de uso excepcional de suelo rústico' solicitada por la empresa minera Berkeley, para el desarrollo del proyecto minero de extracción de uranio en Retortillo, y que fue concedida por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Salamanca el pasado 20 de julio.

En este recurso se solicita la anulación de esa decisión por considerarla "nula de pleno derecho" al no haber informado el Ayuntamiento de Retortillo las alegaciones presentadas y haberlas resuelto directamente la Comisión Territorial, sin invocar precepto legal alguno que fundamente esa asunción de competencias por parte de la Administración autonómica.

En el recurso presentado, también se han utilizado los argumentos expuestos por el Procurador del Común en la Resolución que ha adoptado esa institución en relación a la mina de uranio de Retortillo, y de lo que ayer jueves informó este diario. Cabe recordar que el Procurador insta a la Junta de Castilla y León a realizar una nueva Evaluación de Impacto Ambiental, ya que la aprobada mediante la Orden FYM/796/2013, de 25 de septiembre, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, tenía validez para los dos municipios afectados, Retortillo y Villavieja de Yeltes, cuando la Autorización de uso excepcional es sólo para Retortillo, lo que supone una alteración de las condiciones aprobadas en la Declaración de 2013.

Según Stop Uranio, la Resolución del Procurador del Común "obligaría a la Junta de Castilla a la realización de un nuevo proceso de Evaluación de impacto, o motivar los fundamentos jurídicos de no realizar nuevamente ese trámite. En el caso de que la Junta de Castilla y León asuma las tesis del Procurador del Común, significaría la obligación de que Berkeley Minera empiece el proyecto de nuevo otra vez, lo que ?en opinión de Stop Uranio? puede provocar la estampida de los 100 millones de euros prometidos por el Sultanato de Omán".

De acuerdo con un comunicado emitido por la plataforma antimina, la Junta "tiene dos meses para adoptar una decisión en relación a la Resolución del Procurador del Común y tres meses para resolver el recurso presentado por Stop Uranio". En el caso de que desoyera la resolución del Procurador, Stop Uranio advierte que recurrirá a los tribunales.