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La vivienda: un derecho humano objetivo de la especulación
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La vivienda: un derecho humano objetivo de la especulación

Actualizado 18/07/2017
Marcelino García

Amnistía Internacional en su Informe "La crisis de la vivienda no ha terminado" critica que el gasto público de España en "vivienda y servicios comunitarios" fue del 0,50% del PIB en 2014, inferior al de la mayoría de los países de la OCDE, entre ellos

Autor: Jesús Piñuela Martín, activista por los Derechos Humanos.

La convulsión que supuso la 2ª GM en la que fallecieron unos 42 millones de personas, en su mayoría civiles indefensos por primera vez en la historia, produjo, al mismo tiempo un rearme moral para proteger a los ciudadanos, en definitiva para defender la vida. Por ello, la Declaración de 1948 se basó en el principio de dignidad humana para establecer una relación de treinta artículos recogiendo los Derechos Humanos. En línea con dicha Declaración, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado en 1966 (ratificado por España en 1977), dispone en su preámbulo que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana. Siguiendo esta orientación, el artículo 11 del Pacto Internacional alude a la existencia del derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados.

La vivienda: un derecho humano objetivo de la especulación | Imagen 1 A partir de los años ochenta, como consecuencia de la aplicación de políticas neoliberales, las rentas del trabajo empiezan a disminuir provocando, a su vez, la reducción de la demanda y el crecimiento económico. Por otra parte, el aumento del sector financiero y la escasa rentabilidad de las inversiones en el sector productivo de la economía (donde se producen los bienes y servicios) explican que crecieran las inversiones especulativas, sobre todo en inmuebles, dando lugar a la Recesión actual.

En el Informe de la Relatora Especial sobre la Vivienda de Naciones Unidas, publicado en enero de este año, se hace hincapié en que la internacionalización de los acuerdos de comercio e inversión ha provocado que las políticas de vivienda de los Estados respondan ante los inversores en lugar de ante los derechos humanos.

En el Informe que acabo de citar, la Relatora Especial destaca que la vivienda y los bienes inmuebles urbanos se han convertido en el producto de elección para el sector financiero corporativo, una "caja de depósito segura" para los ricos, un depósito de capital y del exceso de liquidez de los mercados emergentes y un lugar conveniente para que las empresas ficticias guarden su dinero con muy poca transparencia. Además, las empresas radicadas en paraísos fiscales que generan enormes cantidades de beneficios opacos a la tributación, que se calcula que representan el 30% del producto interno bruto mundial, se sienten especialmente atraídas por la vivienda y los bienes inmuebles. En la mayoría de los países, la inversión en vivienda ofrece muchas ventajas fiscales, de manera que el propio sistema de vivienda proporciona un paraíso fiscal para los ricos.

La vivienda: un derecho humano objetivo de la especulación | Imagen 2 Amnistía Internacional en su Informe "La crisis de la vivienda no ha terminado" critica que el gasto público de España en "vivienda y servicios comunitarios" fue del 0,50% del PIB en 2014 (últimos datos comparativos disponibles), inferior al de la mayoría de los países de la OCDE, entre ellos Estados Unidos (0,54%), Portugal (0,60%), Eslovaquia (0,61%) y Francia (1,44%). España es, de todos los Estados de la OCDE, el que tiene la peor relación entre el precio de la vivienda y los ingresos. España es también el país de la UE donde más ha subido el gasto particular en vivienda, pasando de representar el 17,4% del gasto total de los hogares en 2005 al 23,0% en 2015.

Amnistía Internacional pone en evidencia la existencia de una tasa de desempleo que todavía asciende al 18,6% (20,3% para las mujeres y 17,2% para los hombres), el índice medio de exposición a la pobreza es del 22,1%, y del 37,5% en el caso de las familias monoparentales. No es de extrañar que en 2016 hubiera 34.193 desahucios de viviendas en alquiler en España (además de 26.397 desalojos hipotecarios). Un porcentaje importante de ellos en Madrid y Barcelona.

A pesar de estos datos, la reivindicación de organizaciones y colectivos de afectados ha conseguido un pequeño pero significativo logro, y que al mismo tiempo marca el camino a seguir, recientemente se ha producido el anuncio de un proyecto de Ley para modificar los artículos 17 y 32 de la Ley 5/2005 Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, que permitiría modificar el requisito existente que hasta ahora implicaba que la mayoría de las víctimas de violencia de género no conseguía el apoyo necesario para poder satisfacer su derecho a la vivienda.

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