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Amnistía fiscal
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Amnistía fiscal

Actualizado 10/06/2017
Julio Fernández

Profesor de Derecho Penal de la Usal

En el año 2010, cuando era presidente Zapatero, el gobierno lanzó un globo sonda sobre la hipotética aprobación de una norma que permitiera una amnistía fiscal, dicho de otra manera, posibilitar que ciudadanos y empresas que tenían depositados miles de millones de euros en el extranjero, legalizaran su situación ingresando el dinero en España y aplicándoles un tipo impositivo notablemente inferior que al resto de los ciudadanos que tienen depositados sus ahorros en nuestro país.

El entonces jefe de la oposición, Rajoy, manifestó que era una "ocurrencia" y que el PP nunca apoyaría una amnistía fiscal. La número 2 de este partido, Dolores De Cospedal, calificó la medida como "impresentable" porque suponía una amnistía fiscal a aquellos que "hayan defraudado a Hacienda".

Tan sólo dos años después y gobernando el PP por mayoría absoluta, se aprobó mediante Real Decreto Ley 12/2012 una amnistía fiscal (regularización fiscal para el gobierno, no amnistía fiscal) de la que se beneficiaron unas 30.000 personas y 618 empresas. Por más que insistieron los grupos políticos de la oposición, nunca se publicaron los listados de las personas y empresas que se beneficiaron de tal "regularización fiscal". Pero, gracias a investigaciones periodísticas y, sobre todo, judiciales, se han ido divulgando nombres, algunos de ellos fueron altos cargos del gobierno muy conocidos, como Rato, Bárcenas, Blesa o Edmundo Rodríguez (mano derecha de Ignacio González, ex presidente de la Comunidad de Madrid); otros, fueron dirigentes sindicales muy conocidos , como Fernández Villa y alguno partícipe de corruptelas de miembros de la Casa Real, como Diego Torres (condenado, junto a Urdangarín por el caso Nóos). El PP, instalado en la soberbia permanente y la ausencia de discurso sensato y coherente, seguía insistiendo que todo esto era una mera "regulación tributaria" para mejorar los ingresos del Estado en un momento de grave crisis económica.

Pues bien, después de varios años, el Tribunal Constitucional ?mediante sentencia dictada por unanimidad de sus miembros- ha dado la razón al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PSOE, anulando la amnistía fiscal y dándole un varapalo de envergadura al gobierno del PP. En la sentencia se establece claramente que esta medida supone "legitimar conductas insolidarias con el resto de los ciudadanos". El TC acusa al Estado de "abdicar de su obligación de recaudar impuestos a todos por igual" y califica de injusto el sistema tributario diseñado por el ministro Montoro, vulnerando claramente el principio de igualdad que plasma el artículo 31.1 de la CE, sobre el "deber de todos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad".

Que el problema de la corrupción en el PP es algo gravísimo en un Estado de Derecho, no tiene ninguna discusión. Lo que nunca sabremos es si realmente el gobierno decidió promover la amnistía fiscal para recaudar más ingresos del Estado en momentos de grave crisis económica o, por el contrario, la motivación para la aprobación de este Real Decreto Ley pudo ser la regularización de conductas relacionadas con presuntos delitos de corrupción política en el PP garantizando mejor su anonimato e impunidad.

Este último argumento parece ser compatible con las maniobras realizadas por el PP durante esta semana para torpedear la comisión de investigación sobre financiación del PP, creada en el Congreso de los Diputados. Y, por supuesto, esta rabieta de algunos miembros del PP insistiendo en que la comisión se ha creado únicamente para lincharlos, es difícilmente compatible con la transparencia que dice tener este partido y el deseo de aclarar todas las sombras de duda que haya.

Si realmente desean aclararlo todo y están seguros de no haber cometido ninguna irregularidad contable ni presunta financiación ilegal, no deberían tener miedo alguno para comparecer y responder a todas cuantas cuestiones se le planteen. "El que nada debe, nada teme"

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