CCOO tacha de propagandísticas y demagógicas las medidas del CGPJ sobre las cláusulas suelo

El Consejo General del Poder Judicial ha hecho públicas en su página web las medidas para atender la más que previsible avalancha de demandas relacionadas con la cláusula suelo y los gastos de formalización de los préstamos hipotecarios tras las sentencias de los altos Tribunales de Justicia europeos y españoles que reconocen que los bancos cargaron sobre los consumidores unos gastos abusivos en las hipotecas.

"Desde su poltrona los/as gobernantes del Poder Judicial han decidido designar en cada provincia de la Península y en las islas principales a uno de los juzgados ya existentes para atender de forma exclusiva pero no excluyente" estos asuntos en su provincia o isla a partir del día 1 de junio próximo. Es decir, según aseguran desde CCOO, no se crearán nuevos juzgados (en todo caso, juzgados bis "si el ingreso de asuntos ?sin determinar cuántos- es superior") sino que uno de los ya existentes conocerá de este tipo de demandas además de los asuntos ordinarios que ya tiene asignados; la entrada de menos asuntos ordinarios a los juzgados especializados podrá establecerse o no modificando, en cada caso, las normas de reparto.

Para ello el CGPJ pone a disposición a los 65 nuevos jueces que están ahora en prácticas en la Escuela Judicial y donde no sea posible se nombrarán jueces de adscripción territorial, jueces sustitutos o se otorgarán comisiones de servicio a jueces titulares de otros órganos.

El sindicado asegura que "como resulta obvio, estos jueces, en solitario, no pueden tramitar y resolver los asuntos y necesitarán para ello obligatoriamente el suficiente personal de los cuerpos de funcionarios de la Administración de Justicia, aspecto que a los señores y señoras del Consejo no parece preocuparles, pasándoles la patata caliente de los fondos necesarios para pagar a este personal al Ministerio de Justicia o a las CCAA con competencias transferidas en sus respectivos ámbitos de gestión, jugando, mientras tanto, con las condiciones de trabajo del personal afectado a cuyos representantes sindicales ni tan siquiera se les ha pedido opinión para dimensionar las plantillas necesarias y la forma de provisión, en su caso, de los nuevos puestos de trabajo".

CCOO lleva varios meses demandando información al CGPJ, que éste ha negado al sindicato, y exigiendo tanto al Ministerio de Justicia como a las CCAA con competencias la negociación del incremento necesario de plantilla para atender este aumento sustancial de las cargas de trabajo ya que, "con los recortes presupuestarios, es más que probable que el nombramiento de nuevas plazas se va acometer, en el mejor de los casos, con criterios restrictivos y cargando, una vez más, a las espaldas de los trabajadores y las trabajadoras destinadas en estos juzgados especializados una nueva carga de trabajo a sumar a las que ya soportan de forma excesiva y en pésimas condiciones (recordemos el nefasto funcionamiento de los medios informáticos)".

En Castilla y León los Juzgados que atenderán estas demandas son los siguientes:

-Ávila: Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº2

-Burgos: Juzgado de 1ª Instancia nº4

-León: Juzgado de 1ª Instancia nº7

-Palencia: Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº2

-Salamanca: Juzgado de 1ª Instancia nº9

-Segovia: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1

-Soria: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº4

-Valladolid: Juzgado de Primera Instancia nº4

- Zamora: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº6

Solo habrá Juzgados bis en León, Burgos, Salamanca y Valladolid y "no sabemos si en alguna provincias más ya que en el Acuerdo del Pleno del CGPJ recoge que habrá 5 jueces de refuerzo para Castilla y León. Se anuncian, aunque no oficialmente, plantillas de cuatro funcionarios/as que no se sabe quién ha decidido ni con qué criterio, y en algunos casos, como en Salamanca, sin local disponible donde ubicarlo". El Juez será uno de la Escuela Judicial y el Letrado de la Administración de Justicia será en principio el del juez del cual se hace el Juzgado bis y en caso de no aceptar la "Prolongación de Jornada" se daría a otro LAJ que tuviera poco trabajo.

En Asturias, el Gobierno Autonómico ha contestado por escrito a CCOO que "se tomarán las medidas de refuerzo tanto de medios humanos como materiales que sean necesarias para poner en marcha el Plan de Urgencia y dar así una respuesta eficaz", sin aceptar ningún tipo de negociación; en Euskadi, se ha convocado una reunión el día 29 de mayo para "tratar el tema"; en Andalucía, el Consejero de Justicia, ha manifestado en los medios que es "materialmente imposible" destinar fondos no presupuestados a personal, aplicaciones informáticas e incluso locales y medios materiales para su ubicación y en el resto de CCAA no se ha producido ningún tipo de negociación ni información a pesar de haber sido también reiterada por CCOO.

Para CCOO, el acuerdo del Consejo General de Poder Judicial se quedará en un mero acto propagandístico, de falsas, aparentes y demagógicas intenciones de atender las justas demandas ciudadanas sin los medios ni la planificación necesarios. Mientras tanto, el Gobierno y el Partido Popular, "en lugar de obligar a los bancos a devolver sin más a los ciudadanos el dinero que nos han cobrado (robado) indebidamente, nos obliga a acudir a unos tribunales de justicia cada vez más colapsados de trabajo porque han decidido que la Administración de Justicia tiene que seguir siendo el pariente pobre de los servicios públicos y que el personal a su servicio tiene que seguir soportando resignadamente los continuos ataques a sus condiciones de trabajo".