“Las rebajas en el IRPF que ha impulsado la Junta no hacen caer la recaudación”

Comparecencia de la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León, para explicar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2017

Señora presidenta, señoras y señores procuradores, buenos días.

Comparezco hoy para informar a sus señorías del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2017, un proyecto de ley de singular importancia, sin duda, que recoge el origen y destino de los 10.293.186.358 euros a que se eleva el Presupuesto aprobado por la Junta para este ejercicio; una cifra que supone mejorar la de 2016 en un 4,6 %, 449,5 millones de euros más.

Ese proyecto, junto al de Ley de Medidas Tributarias y Administrativas que le acompaña, fueron aprobados por el Consejo de Gobierno el pasado 27 de abril; una fecha que no es la prevista en la que tradicionalmente se aprueban y que ha venido marcada por circunstancias de las que hemos hablado y debatido en estas Cortes en más de una ocasión.

Conocen, pues, las razones que lo justifican:

De un lado, el retraso en la elaboración y aprobación del techo de gasto, proceso que nuestra Ley 7/2012, de 24 de octubre, de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria, impone con carácter previo y bajo unas condiciones que no se han producido hasta tardíamente. Precisamente el mantenimiento de un Gobierno central en funciones durante casi un año llevó a la aprobación de los objetivos de estabilidad para la Comunidad el día 23 de diciembre pasado.

Por otra parte, la Junta de Castilla y León decidía esperar unas pocas semanas más para concluir el proyecto contando ya con los datos importantes que se confirman tradicionalmente con la aprobación del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado, y que se producía, recordemos, el 31 de marzo.

Con ello, el límite de gasto no financiero aprobado finalmente el día 8 de febrero por el Pleno de estas Cortes en 9.159,8 millones de euros se ha podido revisar al alza en 88 millones tras la aprobación de las cuentas del Estado para 2017 por el Consejo de Ministros, que elevan tanto las entregas a cuenta de recursos del sistema de financiación comunicadas a la Comunidad previamente como las transferencias finalistas procedentes del Gobierno central.

En definitiva, unos mayores ingresos ordinarios que, junto con la mayor capacidad de endeudamiento que otorga el objetivo de déficit autorizado frente al inicialmente previsto para 2017, fijan el gasto no financiero del presupuesto aprobado por la Junta en 9.248 millones de euros; un límite de gasto no financiero que se encuentra dentro de los objetivos de déficit y de deuda aprobados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera y el Gobierno de la Nación, y cuyo crecimiento se encuentra dentro de la denominada 'regla de gasto' en los términos que recogen la Ley Orgánica y el resto de normas establecidas en materia de estabilidad presupuestaria.

Un Presupuesto que alcanza, como he señalado, un total de 10.293 millones de euros, un 4,6 % superior al de 2016, que permite incrementar el gasto no financiero en 338 millones respecto a dicho año y en el que deben quedar reflejadas todas las actuaciones y gastos que desde 1 de enero se han venido realizando, junto con las que se van a realizar hasta que estas Cuentas Generales de la Comunidad se aprueben por estas Cortes.

ESCENARIO MACROECONÓMICO

Señorías, unas referencias obligadas al escenario macroeconómico considerado en el proceso de elaboración del proyecto presupuestario, comenzando por destacar que es, un año más, de crecimiento de la economía y también del empleo, aunque aún insuficiente para atender a todos los demandantes de empleo.

En el ejercicio 2016, según los principales indicadores coyunturales disponibles, la economía de Castilla y León siguió una tendencia similar a la observada en el conjunto nacional, con un crecimiento medio anual del 3,2 %, dos décimas superior al estimado en 2015.

Este mayor dinamismo de la actividad en el conjunto de 2016 es consecuencia fundamentalmente de la fortaleza de la demanda interna, que aumentó su contribución positiva al crecimiento del PIB hasta los 3,3 puntos porcentuales, frente a 2,4 puntos en 2015; en cambio, el sector exterior (con resto de España y resto del mundo) detrajo una décima al crecimiento del PIB de la Comunidad en 2016, en contraste con una aportación positiva de 0,6 puntos en 2015.

El análisis de los principales componentes de la demanda revela que el gasto en consumo final creció el 3,4 %, observándose un mayor dinamismo tanto del consumo privado (que creció el 3,6 % en 2016, dos décimas más que el año anterior) como del consumo final de las administraciones públicas (que creció el 2,7%, frente a una tasa de variación nula en 2015). Por su parte, la inversión en bienes de equipo se incrementó el 4,6 % en 2016, y la inversión en construcción el 1,2 %, desacelerándose el ritmo de crecimiento de ambos agregados con respecto al observado en 2015. Finalmente, cabe señalar que el aumento de las exportaciones totales de bienes y servicios se moderó en mayor medida que en el caso de las importaciones, hasta el 2,3% y el 2,4%, respectivamente, haciendo que el sector exterior contribuyera de forma negativa al crecimiento del PIB, restando una décima (frente a una aportación positiva de seis décimas en 2015).

Desde el punto de vista de la oferta, en 2016 se intensificó el ritmo de crecimiento en el sector primario, en la industria manufacturera y en los servicios de mercado, estimándose unas tasas de avance interanual del VAB de 5,8 %, 5,2 % y 3,5 %, respectivamente; en cambio, se desaceleró el dinamismo del sector de la construcción y de los servicios no de mercado, cuyo crecimiento se estima en 1,7 % y 1 %, respectivamente. Por último, las ramas energéticas moderaron su descenso, hasta el 1,9 %.

El mercado laboral mostró una evolución positiva, en consonancia con la experimentada por la producción, estimándose un aumento del empleo (en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo) del 3,2 % para el conjunto de 2016 y una reducción de la tasa de paro hasta el 15,8 % de la población activa en media anual.

Partiendo de estos datos, y teniendo en cuenta la información más reciente (procedente de los indicadores publicados en los primeros meses del año en curso, de diversas hipótesis sobre la posible evolución futura de las principales variables económicas y financieras, así como de las previsiones de crecimiento nacional e internacional), se ha elaborado el escenario macroeconómico que acompaña al Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para el ejercicio 2017.

Dicho escenario contempla la continuidad del crecimiento de la actividad económica a lo largo de este año, si bien a un ritmo más moderado que el observado en los dos ejercicios precedentes.

En concreto, se prevé un incremento del PIB regional del 2,5 %, que se fundamenta en la contribución positiva de la demanda interna, estimada en 2,2 puntos porcentuales (gracias al comportamiento positivo tanto del consumo privado como de la inversión), a la que se añadirá una aportación también positiva de la demanda externa, estimada en 0,3 puntos porcentuales (resultado de un incremento de las exportaciones al resto de España y resto del mundo superior al de las importaciones).

En cuanto a la evolución esperada de los principales componentes de la demanda, se prevé que el consumo privado aumente en 2017 el 3 %, moderando su dinamismo con respecto al año anterior como consecuencia de diferentes factores, entre los que cabe destacar la evolución alcista de los precios (derivada a su vez del encarecimiento del petróleo y de otras materias primas) y la atenuación del ritmo de creación de empleo. Por su parte, el gasto en consumo final de las administraciones públicas prácticamente se estabilizará con respecto al año anterior.

La inversión en bienes de equipo crecerá a un ritmo del 4,5 %, impulsada por unas expectativas favorables y por el mantenimiento de un entorno de tipos de interés reducidos; mientras la inversión en construcción se desacelerará, aunque manteniendo una tasa de variación positiva del 0,5 %.

En cuanto al sector exterior (resto de España y resto del mundo), se espera un crecimiento de las exportaciones totales de bienes y servicios en torno al 3,2 %, por encima del previsto para las importaciones, alrededor del 2,7 %, lo que determinará una contribución positiva al crecimiento del PIB de seis décimas.

Por último, la evolución del mercado laboral en el ejercicio 2017 será reflejo de la tendencia esperada para la actividad económica. Así, el empleo crecerá el 2,1 % en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, y la tasa de paro se reducirá hasta situarse, en media anual, alrededor del 14,1 % de la población activa.

En este sentido, cabe recordar que los últimos resultados publicados de la EPA, correspondientes al primer trimestre de 2017, indican que hay 26.300 ocupados más y 38.300 desempleados menos que hace un año, reduciéndose la tasa de paro 3,2 puntos porcentuales hasta situarse en el 15,13 % de la población activa (lo que supone 3,6 puntos menos que la media nacional, que es del 18,75 %).

En todo caso, como ya conocen sus señorías, la consecución de este escenario macroeconómico no está exenta de riesgos, tanto internos como externos, cuya concreción puede afectar al crecimiento económico mundial a través de diversas vías. Entre los principales factores de incertidumbre, destacan las dudas sobre la orientación de las políticas económicas y comerciales de Estados Unidos, sobre la negociación del nuevo régimen regulador de las relaciones entre la Unión Europea y Reino Unido tras la salida del país de esta área integrada, o las consecuencias que puedan derivarse de los resultados electorales en varios países europeos con importante peso económico.

INGRESOS

Señoras y señores procuradores:

En ese escenario se ha definido la previsión de los ingresos de los que podremos disponer en este ejercicio y se ha decidido sobre los gastos que van a financiar.

Entiendo que la referencia a los ingresos atendiendo a su naturaleza ?según sean de carácter no financiero o financiero? ofrece información relevante para valorar no sólo la evolución de los distintos ingresos y las razones de la misma, sino también asuntos importantes como la propia sostenibilidad de las cuentas públicas. Esta misma división la veremos después también desde la perspectiva del gasto.

Pues bien, los ingresos no financieros representan el 86,6 % del total: alcanzan la cifra de 8.914,4 millones de euros y experimentan un incremento del 2,1 % respecto a los del año anterior. El bloque más importante desde el punto de vista cuantitativo lo constituyen las entregas a cuenta del modelo de financiación, que suman 6.101,7 millones de euros y crecen el 3,2 %. Destacan los ingresos por el IRPF (1.845 millones) y por el IVA (1.957 millones), que crecen en ambos casos ligeramente por encima del 6 %.

Dos apuntes en este momento: uno para destacar algo que creo que todos compartiremos y es el hecho de que esos mayores ingresos derivan de la mejora en la situación económica y la recuperación del empleo; y otro para insistir en que las rebajas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que ha impulsado la Junta no hacen caer la recaudación, además de aliviar la carga tributaria, en particular a las rentas más bajas.

Por el contrario, los fondos del sistema, (Fondo de Garantía y de Suficiencia) no muestran esa positiva evolución y en conjunto descienden el 0,42 %.

Obligada es, señorías, la denuncia una vez más del actual sistema de financiación, que año a año acredita la mala evolución para Castilla y León y otras tantas comunidades autónomas. Porque, si bien es cierto que los ingresos por entregas a cuenta muestran un crecimiento destacable respecto a 2016 (siendo con ello el tercer año consecutivo de mejora de ingresos por este concepto), es sensiblemente inferior al crecimiento medio de la recaudación esperada de los principales impuestos. Y continúa revelando una insuficiencia importante que se demuestra tan sólo con atender al déficit de las entregas a cuenta en relación al gasto necesario para cubrir los servicios sociales fundamentales; una insuficiencia que se refuerza con el análisis de la evolución del peso de la financiación de Castilla y León en el conjunto del sistema.

El segundo bloque en orden de importancia lo conforman los ingresos procedentes de otras administraciones y entidades, que alcanzan la cifra de 1.782,5 millones de euros y que también crecen, en este caso el 4 %. Dentro de ellos, los más importantes son los procedentes de la Unión Europea, 1.175 millones, en los que encontramos los tradicionales recursos de la PAC, 923,8 millones de euros; y los derivados de los fondos estructurales y de inversión: FEDER (53,6 millones), FSE (32,7 millones) FEADER/FEAGA (163 millones), entre otros, y que presentan un crecimiento conjunto del 2,2 % respecto a 2016. El resto de los ingresos en este bloque, 607,5 millones de euros, provienen en su casi totalidad de la Administración General del Estado y son de carácter finalista. Crecen en conjunto el 7,8 % respecto a 2016 (segundo año consecutivo de crecimiento).

El tercer gran bloque en que dividimos los ingresos no financieros lo constituyen los denominados 'ingresos propios', 1.030 millones de euros, que se reducen el 6,9 % respecto al ejercicio pasado. Proceden de diferentes tributos:

De los cedidos y gestionados directamente por la Comunidad, como son el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (que va a aportar 196 millones), el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (195 millones), el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (110 millones) o la Tasa sobre el Juego (70 millones).

De otros cuya recaudación nos la transfiere el Estado. Así, del Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte recibiremos 12,3 millones; del Impuesto sobre el Patrimonio 38 millones y del Impuesto sobre depósitos de entidades de crédito 25 millones.

Y de los impuestos que en el ejercicio de la capacidad normativa ha establecido la Junta de Castilla y León, como son los impuestos sobre daño medioambiental y sobre depósitos de residuos, cuyos importes se estiman en 75 millones de euros.

Los importes señalados suponen el mantenimiento o ligera reducción respecto a 2016 para ajustarlos a la recaudación esperada, destacando además la desaparición de los procedentes de la tarifa por hidrocarburos como consecuencia de su eliminación desde el 1 de enero de 2016.

Este último bloque recoge también un conjunto de ingresos de naturaleza patrimonial, por prestaciones de servicios, reembolsos, etc... cuyo importe se estima en 275,6 millones de euros, reduciéndose el 18 % sobre lo estimado para 2016, que se justifican en la disminución de los ingresos por enajenación del inversiones reales fundamentalmente.

Respecto a los ingresos financieros, destacar que son el reflejo del uso de la capacidad de endeudamiento dentro de los objetivos de déficit y deuda autorizados a la Comunidad.

De estos ingresos hemos de hacer mención, en relación a los activos financieros, al incremento de los reintegros de los préstamos previamente concedidos por la Junta en apoyo al tejido empresarial, con un incremento del 256,4 % hasta alcanzar la cifra de 123 millones de euros. Respecto a los pasivos financieros, sobresale el incremento en la emisión de deuda nueva, el 87,4 %, hasta alcanzar los 422,5 millones de euros. Aquí debemos considerar que, aunque fue revisado posteriormente al 0,7 %, el Presupuesto para 2016 se aprobó con un objetivo de déficit del 0,3 % frente al 0,6 % del Proyecto de Presupuestos que hoy nos ocupa. El resto de ingresos corresponden a la deuda de reposición, una partida determinada por el calendario de amortizaciones, que este año implica una reducción del 4,3 % hasta los 781,4 millones de euros; y a un préstamo por importe de 50 millones de euros, que se prevé obtener del BEI para el apoyo a nuestras empresas.

Para finalizar el análisis de los ingresos querría llamar su atención sobre un hecho significativo: el peso que ha adquirido el endeudamiento desde 2009 a la hora de financiar el Presupuesto se traduce en unos ingresos importantes por esta vía, pero en unos gastos también importantes para el pago de intereses y su devolución, de los que hablaremos al analizar el estado de gastos.

GASTOS

Señorías, en los gastos se hace más oportuno si cabe su análisis distinguiendo entre operaciones financieras y no financieras; no sólo porque estas últimas son las que constituyen el denominado 'techo de gasto' y respecto a ellas gira el concepto de déficit, sino porque son las que reflejan en mayor medida las que venimos denominando a estos efectos políticas activas de las consejerías; las que reflejan las opciones de gasto que les propone el Ejecutivo.

Respecto a las operaciones financieras, indicar que representan el 10,2 % del presupuesto de gastos y presentan un incremento del 11,9 %, siendo el capítulo más importante por su cuantía el de los pasivos financieros, esto es, la amortización de la deuda de la Comunidad, que presenta un incremento del 7,3 % hasta alcanzar los 935,4 millones de euros.

En cuanto a los activos financieros, subrayar su refuerzo este año (crecen el 77,3 %) por la decisión de crear diferentes instrumentos financieros de garantía cofinanciados por FEDER y FEADER destinados al apoyo del tejido productivo y a las empresas del sector agrario y ganadero, por importe cercano a los 45 millones de euros, que se complementan con los 50 millones que se esperan obtener del Banco Europeo de Inversiones para apoyar a nuestras empresas y emprendedores a través de la Lanzadera Financiera. Estos activos se completan con otras actuaciones, entre las que destacaría la aportación de cinco millones de euros a la sociedad Valladolid Alta Velocidad. En conjunto pues, el gasto previsto en activos financieros asciende a 109,8 millones de euros.

Respecto a las operaciones no financieras, las que determinan la verdadera capacidad de actuación de la Administración autonómica, repetir la cifra global, ya señalada al inicio de esta intervención, de 9.248 millones de euros, con un crecimiento del 3,9%, y que representan cerca del 90 % del total del Presupuesto.

Importe que se destinará a atender la PAC (923,8 millones), que mantiene su importe; los intereses de la Deuda de la Comunidad (290,7 millones), que se reducen el 12 %; el gasto de las Cortes e Instituciones propias de la Comunidad (30,5 millones), que se incrementa el 9,2 %, consecuencia de los acuerdos adoptados en la Mesa de las Cortes y, el resto, 8.003 millones, para atender las políticas específicas de las consejerías, cuantía que aumenta el 4,9 %. Este crecimiento representa 375 millones de euros más en gasto efectivo de las mismas.

Es este último importe el que mejor permite identificar cuáles son los objetivos que se persiguen con este Presupuesto que, como pueden imaginar, son los que a lo largo de estos años de Gobierno del presidente Herrera, y con más intensidad durante los años de la crisis, han sido la seña de identidad de la acción de gobierno: los ciudadanos, sus necesidades.

Y cuando hablo de las necesidades de los ciudadanos me estoy refiriendo no solo a las que son la esencia del Estado autonómico, la sanidad, la educación y los servicios sociales; también al empleo (bien social básico) y a la reactivación económica que permita consolidar aquel, fortaleciendo la Comunidad, tanto desde el punto de vista social como territorial.

Tomando como referencia estos 8.003 millones de euros, las consejerías de Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades van a gestionar 6.375,3 millones de euros, prácticamente el 80 % (79,66 %, si se quiere ser exacto), porcentaje que se eleva al 82,9 % si consideramos nuestros recursos autónomos. Esta cuantía que da una idea muy clara de cuál es la prioridad y el destino de la mayor parte de los recursos que este Gobierno obtiene tanto ordinarios como del endeudamiento permitido. Estas tres consejerías absorben el 80,5 % del incremento del gasto no financiero de las mismas.

Desde el punto de vista económico, el mayor volumen del gasto por operaciones no financieras lo representan las operaciones corrientes, 7.999 millones de euros, correspondiendo el 45,3 % al capítulo 1. En concreto, los gastos de personal absorben 3.624 millones de euros, con un crecimiento del 1,4 %. El mayor incremento se produce en la sección 20 de Cortes e Instituciones propias de la Comunidad, que lo hace en el 10,8 %, seguido de la sección 9, Familia e Igualdad de Oportunidades, el 4,2 %; la sección 5, Sanidad, que lo hace en el 2,4 %, y la sección 7, Educación que aumenta el 0,4 %. El resto de las secciones presentan disminuciones que obedecen fundamentalmente a que en el año anterior hubo que hacer frente a los atrasos de la paga extra suspendida en 2012 y que este año está saldada. El 86,7 % de este gasto se concentra, señorías, en las consejerías de Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades.

El capítulo 2 de gastos corrientes en bienes y servicios representa el 17,2 % de las operaciones corrientes y asciende a 1.375,8 millones de euros. El 94 % de este montante se consigna en las consejerías netamente sociales, donde destaca el gasto de funcionamiento de los centros sanitarios, con 945,8 millones de euros, o de los servicios sociales, con 215,3 millones de euros.

El capítulo 3 de gastos financieros representa el 3,6 % el conjunto de operaciones corrientes del Presupuesto. Es éste un capítulo que se reduce casi el 12 %, hasta los 290,7 millones de euros como consecuencia de una responsable gestión financiera que nos permite aprovechar las mejores condiciones que el mercado nos ofrece. En él se recoge el pago obligado tanto de los intereses de la Deuda Pública emitida por la Comunidad como de los intereses de los préstamos financieros que sirvieron en su momento para financiar los apoyos reembolsables al tejido empresarial.

El capítulo 4, transferencia corrientes, presenta un crecimiento del 6,2 %, alcanzando la cifra de 2.708.5 millones de euros. En esta cantidad se incluye la PAC, por lo que si descontamos ésta su crecimiento sería del 9,8 %. Es, señorías, en cualquier caso, el segundo capítulo del Presupuesto con mayor peso relativo. El 96 % del conjunto de estas transferencias (sin PAC) se gestionan desde las consejerías sociales, siendo su destino las ayudas para el gasto en farmacia de los ciudadanos y prótesis (588 millones de euros); la enseñanza concertada (266,8 millones); la gratuidad de libros (12,5 millones); la financiación de las universidades públicas de la Comunidad (345,4 millones) y, finalmente, las prestaciones de la Dependencia, la Renta Garantizada de Ciudadanía y las pensiones y subvenciones a los diversos entes que colaboran en el desarrollo de las políticas sociales y asistenciales, por importe global de 473,9 millones de euros.

Por otra parte, las operaciones de capital (capítulos 6 y 7), ascienden a 1.248,9 millones de euros y se incrementan el 10,2 %. Dentro de éstas las de mayor peso son las transferencia de capital, el 57,3 %, y alcanzan los 715,6 millones de euros, correspondiendo el 93 % de su gestión a las denominadas consejerías 'no sociales'. Este importe va a permitir financiar ayudas al empleo por 188,8 millones de euros; ayudas a la actividad empresarial por 110,6 millones; políticas de desarrollo rural por 228,9 millones; políticas de acceso a la vivienda por 22,7 millones; y de mejora de infraestructuras por 40 millones, entre otras.

El otro capítulo dentro de las operaciones de capital lo conforman las inversiones, que con 533,3 millones de euros se elevan el 14,76 %, dando así continuidad a los incrementos que desde 2014 se vienen produciendo en este capítulo. Como en el caso de las transferencias de capital, las principales gestoras de estos créditos son las llamadas consejerías 'no sociales', que dispondrán de 348,7 millones de euros, fundamentalmente, los departamentos de Agricultura y Ganadería y de Fomento y Medio Ambiente, que acumulan el 67,5 % de dicho importe.

No obstante, las que mayor crecimiento experimentan son las de carácter social, que lo hacen el 21,2 %, alcanzando los 184 millones de euros, con los que se financiarán las actuaciones del Plan de Inversiones Sociales Prioritarias, cuya información en detalle la recibirán seguro de las consejerías de Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades.

Una breve referencia ahora al presupuesto de cada una de las consejerías, para que puedan ver también desde esta perspectiva las políticas prioritarias para la Junta en 2017. En su conjunto, les informo, suman 8.319,9 millones de euros, el 6,55 % más que en 2016.

La mayor parte, 6.379 millones de euros, van dirigidos a los presupuestos de las áreas netamente sociales ?Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades?, que por lo tanto concentran más de tres de cada cuatro euros de gasto de las consejerías.

El presupuesto total de la Consejería de Sanidad es de 3.477,2 M?, el 5,4 % más que en 2016. Esto le permite sumar más de 162 millones al gasto dirigido a la prestación de asistencia sanitaria en Castilla y León, disponiendo de 3.256 M? para el adecuado funcionamiento de los centros de salud, los hospitales y el servicio de emergencia.

La Consejería de Educación incrementa sus créditos cerca del 4 % hasta los 1.976,3 M?, con lo que se mejoran las dotaciones de los programas de enseñanza infantil, primaria enseñanza obligatoria, bachillerato y formación profesional.

El presupuesto de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades sube hasta los 925,4 M?, lo que supone un crecimiento por encima del 6 % respecto a 2016. Con ello se ha podido mejorar en casi el 11 % la partida dirigida a la Renta Garantizada de Ciudadanía (76,5 M?), y reforzar también las destinadas a la atención de personas mayores, personas con discapacidad y colectivos vulnerables, a los que se dedican 31,3 M?.

La Consejería de Empleo, que centra su actividad en las actuaciones dirigidas a mejorar la ocupación de los castellanos y leoneses ?una política con tinte social?, cuenta con 287 M?, un presupuesto que crece, también este año, cerca del 11 %. Conviene resaltar que en su conjunto, las políticas de empleo disponen de 292,7 M? en los presupuestos para 2017.

El presupuesto de la Consejería de Economía y Hacienda, que les detallaré más adelante, es de 458,7 M?; el que más se incrementa en términos porcentuales respecto al de 2016, el 35,7 %, para reforzar el apoyo a las empresas y los factores que determinan su competitividad.

La Consejería de Agricultura y Ganadería mejora sus presupuestos el 7,7 % respecto a 2016, con lo que se sitúa en 437,6 M?. Las políticas de desarrollo rural, por importe de 66,9 millones de euros, presentan un crecimiento del 6,5 %; la política de apoyo a la industria agroalimentaria se incrementa el 24,7 % hasta los 71,7 millones; y las políticas dirigidas a la mejora de las estructuras agrarias y sus sistemas productivos alcanzan 231,9 millones de euros, lo que supone un aumento del 4,72 %. Además gestionará los 923,8 millones de euros de recursos de la PAC.

Los recursos con los que cuenta la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ascienden a 515,5 M?. El crecimiento en este caso es del 3,7 %, donde la política de vivienda y urbanismo crece el 33,3 %, el gasto en infraestructuras se mantiene en 408 millones de euros, con un leve repunte del 0,9 %, si bien las de carácter medioambiental lo hacen en el 8,6 % hasta los 125,6 millones de euros; además recogen la aportación de la Junta de Castilla y León a la sociedad Valladolid Alta Velocidad.

El presupuesto de la Consejería de Cultura y Turismo asciende a 120,2 M?, con un importante incremento del 4,7 %, con lo que refuerza el gasto dirigido al apoyo al patrimonio histórico (que crece el 12,7 %), el de fomento del turismo (el 6,8 %) o el de apoyo a la actividad deportiva (el 6,7 %), entre otros.

La Consejería de la Presidencia va a gestionar 121,9 M?, con un crecimiento del 2,3 %. Casi el 64 % de su presupuesto se dirige a la Cooperación Económica Local, una política cuya dotación crece el 4,6 % respecto a 2016.

En este rápido resumen del presupuesto y actuaciones de las diferentes consejerías, sobre las que tendrán sus señorías oportunidad de profundizar en las próximas sesiones de esta Comisión, no quiero dejar de hacer alguna referencia concreta más.

Como la relativa a la política de Ciencia y Tecnología, una política transversal que afecta a todas las consejerías, bien porque son las responsables de las gestión de las ayudas dirigidas a la misma, bien porque son las que deben incentivar este tipo de actuaciones, o porque con su gestión deben impulsar en la sociedad el desarrollo e implantación de la misma. El Proyecto de Presupuestos para 2017 recoge créditos por importe de 220,6 millones de euros para el desarrollo de actuaciones específicas de esta política, con un incremento del 28,3 %. Estos recursos representan el 2,75 % del gasto no financiero de las consejerías.

También contempla recursos para la política de apoyo a las empresas, que se elevan hasta los 223,6 millones de euros si atendemos exclusivamente a las ayudas directas, financieras e inversiones en suelo empresarial recogidas en el Presupuesto. Estos apoyos se refuerzan con el mantenimiento de la política de avales públicos al tejido empresarial y la colaboración público-privada a través de la Lanzadera Financiera de Castilla y León.

Y finalmente quiero referirme a las actuaciones más novedosas relativas al desarrollo sostenible y que impulsan la cohesión de nuestra Comunidad, reflejadas en el Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros y en el conocido como Plan Soria. En ambos se superan ampliamente las dotaciones mínimas comprometidas, que iremos desgranando estos días para que las conozcan en profundidad.

Hasta aquí, señorías, un análisis general del Presupuesto de la Comunidad. Les hablaré ahora de otros temas, incluyendo de forma más concreta lo relativo a la consejería que dirijo. Y les recuerdo que en los próximos días mis compañeros en las tareas de gobierno vendrán también a esta casa a explicarles detalladamente los presupuestos que ellos gestionarán.

EMPRESAS Y FUNDACIONES PÚBLICAS

Pues bien, unos de esos otros temas a los que me refería son las empresas públicas de la Comunidad. Como saben actualmente sólo contamos con dos: la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl) y Castilla y León Sociedad Patrimonial (Cylsopa).

La primera de ellas dispondrá de un presupuesto de 45,5 millones de euros, de los que 40,5 serán para inversiones, sobre todo para construcción de plantas de depuración de aguas residuales y desarrollo del Plan de Bioenergía de Castilla y León.

Por su parte, Castilla y León Sociedad Patrimonial, S.A.U. cuyo proceso de extinción está previsto en la Disposición Adicional de la Ley de Medidas Tributarias y Administrativas, dispondrá de un importe de 475.100 euros para llevar a cabo sus actuaciones.

El subsector fundacional, que se encuentra integrado por nueve entidades, además del Consejo de la Juventud, impulsará en su conjunto actuaciones por valor de 66,1 millones de euros, con un descenso del 6,5 %. Estas entidades desarrollan iniciativas en ámbitos tan diversos como la actividad cultural, la sanitaria, el patrimonio natural o la enseñanza universitaria.

De ellas, la que maneja un presupuesto mayor es la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León, que asciende a 23,1 millones de euros, seguido de la Fundación de Hemoterapia y Hemodonación, con 18 millones de euros, por citar algunas de ellas.

ARTICULADO DEL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS

En cuanto al texto articulado del Proyecto de Ley de Presupuestos, como saben, hace referencia a normas de gestión presupuestaria en 2017. Junto a la previsión de no incremento de las tasas públicas, quiero destacar lo que entiendo que son las principales novedades que se recogen en este texto, que tienen que ver con el empleo público:

De un lado, la previsión de una subida salarial para los empleados públicos del 1 %, al igual que sucedió en el año 2016, después de los varios ejercicios en que esas retribuciones se mantuvieron inalteradas.

De otro lado, el establecimiento de una tasa de reposición de efectivos del 100 % en amplios sectores y servicios más sensibles, y del 50 % en el resto. Como novedad quiero señalar también la incorporación de un nuevo punto 7 en el artículo 14, que introduce para importantes sectores ?personal docente, personal sanitario de hospitales y centros de salud, personal que presta asistencia directa a los ciudadanos en los servicios sociales y personal que presta servicios en materia de gestión tributaria y recaudación, e inspección y sanción de servicios y actividades? una tasa de reposición adicional para dotar de estabilidad a los empleados del sector público que incluirá hasta el 90 % de las plazas que, estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpida al menos en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2016.

Debido al hecho de la prórroga de los Presupuestos de 2016, durante los primeros meses de 2017 y en tanto se apruebe este Proyecto de Ley, es necesario regular la imputación de operaciones de gasto del presupuesto prorrogado a los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2017, así como la situación en que quedan las modificaciones presupuestarias aprobadas durante la vigencia del presupuesto prorrogado. Para ello se ha introducido la Disposición Transitoria Quinta.

PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS TRIBUTARIAS Y ADMINISTRATIVAS

Por lo que respecta al Proyecto de Ley de Medidas Tributarias y Administrativas que acompaña a las cuentas, las previsiones más significativas contenidas en el mismo son de índole tributaria, encontrándose en sintonía con el modelo impositivo autonómico que defiende la Junta y con los acuerdos presupuestarios firmados con el Grupo Parlamentario Ciudadanos.

En este sentido, se introducen modificaciones relevantes, haciendo uso de la capacidad normativa reconocida a la Comunidad por el sistema de financiación autonómica, que afectan a los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre Sucesiones y Donaciones, y sobre la Afección Medioambiental causada por determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta, así como a la imposición sobre el Juego.

Por un lado, con efectos desde el 1 de enero de 2017, en el IRPF se introduce una nueva deducción autonómica cuyo objetivo es promover que se pongan a disposición del mercado, en régimen de alquiler y a un coste máximo de 300 euros al mes, viviendas en núcleos rurales de la Comunidad, para contribuir de esta forma a la dinamización demográfica de estas zonas, al tiempo que se favorece la actividad económica y el empleo. Para ello, se bonifica a través de una deducción en la cuota autonómica del IRPF la rehabilitación de edificaciones que sean destinadas al alquiler. La bonificación aplicable es el 15 % de la inversión realizada en la rehabilitación y el importe máximo de la inversión que puede acogerse a la deducción es de 20.000 euros.

Además, se modifican las actuales ventajas fiscales por inversiones en vivienda habitual para igualar su régimen al de la nueva bonificación. Se mejoran, por tanto, las deducciones por adquisición de vivienda por jóvenes y por inversiones medioambientales y por de adaptación para discapacitados.

También en el IRPF, en la deducción autonómica para el fomento del emprendimiento se reduce el límite mínimo y se amplía el máximo de capital social (el límite mínimo pasa del 1 % al 0,5 % y el límite máximo pasa del 40 % al 45 %) y se define de forma más incluyente el concepto de creación de empleo (para incluir a los autónomos económicamente dependientes de la sociedad en la que se invierte y a los trabajadores por cuenta propia que tengan el carácter de familiares colaboradores de titulares de acciones o participaciones).

Por otra parte, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, se incrementa la reducción variable que corresponde a las adquisiciones mortis causa por familiares cercanos desde los actuales 250.000 euros hasta los 300.000 euros.

En relación con el Impuesto sobre la Afección Medioambiental, se incorpora una medida destinada a reducir la carga tributaria de las nuevas instalaciones de producción y transporte de energías renovables que se pongan en funcionamiento a partir del 1 de enero de 2017; y ello con el fin de favorecer el desarrollo de proyectos e inversiones en Castilla y León.

Finalmente, y también con efectos desde el 1 de enero de 2017, se mantienen los beneficios fiscales del 2016 en la tasa fiscal sobre el Juego vinculados a la conservación del empleo y se incorpora una medida nueva consistente en la aplicación de un tipo del 1 % a los cartones de bingo del tipo especial respecto de los primeros 400.000 euros.

Estas nuevas medidas tributarias, unidas al mantenimiento de los beneficios fiscales vigentes en la actualidad, van a suponer 281 millones de euros de ahorro fiscal en 2017 y 169.230 beneficiarios; un incremento de los recursos disponibles para las familias y las empresas, que estimulan el consumo y la inversión y, por tanto, la demanda interna. Su efecto positivo en la actividad económica y la creación de empleo generará a su vez ingresos impositivos.

Además de las citadas novedades en materia tributaria, el Proyecto de Ley de Medidas, que acompaña al Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2017, contiene diversos preceptos que adecúan la legislación autonómica a la nueva regulación básica estatal en materia de procedimiento administrativo y régimen jurídico del sector público, introduciendo las oportunas modificaciones en leyes autonómicas en diversos ámbitos: agrícola, ganadero, agroalimentario, caza, espectáculos públicos y actividades recreativas, protección ciudadana, carreteras, montes, contaminación lumínica, pesca y protección del medio ambiente. Se modifican también la Ley de Función Pública y el Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Sistema de Salud de Castilla y León, de las que seguro les podrán informar detalladamente en las comparecencias de los próximos días.

Y por último, señalaré otras previsiones contenidas en el Proyecto de Ley de Medidas que afectan directamente al ámbito competencial de esta consejería:

La Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León (ADE) pasa a denominarse Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, reflejando mejor el ámbito competencial actual del ente público de derecho privado.

Se suprime la empresa pública Castilla y León Sociedad Patrimonial (Cylsopa), una vez que ha cumplido los fines para los que fue creada, continuando con el proceso de reestructuración del sector público iniciado en 2010.

También se modifica la Ley de Urbanismo, para facilitar la gestión de la conservación y mantenimiento de los parques tecnológicos.

Y, en materia de horarios comerciales, se reconocen las tradiciones comerciales históricas de los municipios de Castilla y León en la determinación del calendario de días de apertura al público, atendiendo de forma prioritaria al atractivo comercial de esos días, como medio impulsor de la economía regional.

SECCIÓN 02

Paso a informarles a continuación de la sección presupuestaria 02 ?que integra los presupuestos de la Consejería de Economía y Hacienda, de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León (ADE) y del Ente Público Regional de la Energía de Castilla y León (EREN) y de la sección presupuestaria 21, de la Deuda Pública ?responsabilidad de esta Consejería?, así como de los trabajos que tiene previsto realizar en 2017 la empresa pública Cylsopa y la Fundación Santa Bárbara.

El Proyecto de Presupuesto de la Sección 02 para 2017 asciende a 458,7 millones de euros, una cuantía que se incrementa el 35,7 % respecto a 2016 con lo que pasa a representar el 4,5 % del Presupuesto de la Comunidad.

Dentro de este presupuesto total hay que diferenciar entre las operaciones financieras y no financieras. Así, 266,8 M? se destinan a cubrir las operaciones no financieras ?con un crecimiento del 3,95 %? y realmente el auténtico incremento se produce en las operaciones financieras, que con un montante de 191,9 M? pasan a representar casi el 42 % del presupuesto consolidado de la consejería.

Los activos financieros, que se incrementan cerca de un 40 %, suman 73,8 M?; se dirigen a las políticas de apoyo empresarial a través de la Lanzadera Financiera, para préstamos y fondos de garantía a las empresas a los que luego me referiré.

El capítulo de pasivos financieros asciende a 118,1 M? y crece el 315,6 %. Este fuerte incremento se debe a las amortizaciones de préstamos suscritos con el BEI dentro de la política de ayudas reembolsables implementada por la ADE en apoyo a la liquidez de las empresas de la Comunidad.

En los gastos no financieros sobresale, como es habitual, el peso específico del capítulo 1 de gastos de personal que, con un importe de 95,8 M? representa casi el 21 % del presupuesto, justificado, como les he señalado en otras ocasiones, por la importancia y trascendencia que tienen los recursos humanos en una consejería cuyas competencias y funciones son fundamentalmente de prestación de servicios al resto de la estructura de la Junta y de atención directa al ciudadano y a las empresas. Tengan en cuenta que las políticas relacionadas con la promoción empresarial se ejecutan muchas de ellas con medios propios, principalmente personal de la ADE.

El presupuesto previsto para atender los gastos corrientes en bienes y servicios, capítulo 2, donde se incluyen los correspondientes de las Delegaciones Territoriales, tiene una dotación de 24,1 M? experimentando una reducción del 0,2 % sobre el presupuesto equivalente del ejercicio anterior. Al respecto, cabe indicar aquí que la unificación en los servicios centrales de la consejería de los contratos necesarios para el funcionamiento ordinario de las mismas, tales como suministro de energía eléctrica, gasóleo de calefacción y mantenimientos, han permitido conseguir una gestión más eficiente y obtener importantes ahorros a lo largo de los últimos años.

El capítulo 3, de gastos financieros, asciende a 4,9 M?, lo que supone un incremento del 15,4 % con respecto al ejercicio anterior; recursos destinados fundamentalmente a atender la carga financiera derivada de los préstamos concertados por la ADE para poder llevar a cabo su política de apoyo empresarial, así como de los convenios suscritos con diversas entidades financieras para que los titulares de derechos frente a la Administración de la Comunidad puedan anticipar su cobro. Principalmente se concreta en los convenios correspondientes a las facturas de proveedores sanitarios y de otros convenios para facilitar el cobro de ayudas concedidas por las consejerías de Fomento y Medio Ambiente y de Agricultura y Ganadería.

El capítulo 4, de transferencias corrientes, se eleva a 7,6 M?, y en buena parte se destinan a corporaciones locales (6,7 M?) para atender las transferencias de competencias a diputaciones y ayuntamientos en materia de instalaciones deportivas, bibliotecas, deporte escolar, guarderías y medio natural, contempladas en los correspondientes decretos de transferencias.

Respecto a los gastos de capital, señalar que el capítulo 6, de inversiones reales, tiene una dotación de 47,6 M?, con un incremento del 2,9 % respecto al ejercicio anterior. Sus principales cifras responden a actuaciones en materia de suelo industrial y tecnológico (23,9 M?); de mantenimiento de aplicaciones informáticas (Siccal, Guia, Duero), renovación de equipos y licencias para el adecuado ejercicio de las funciones de seguimiento y control de recursos públicos, así como la administración tributaria y contratación electrónicas (7,1 M?); para la obligada restauración de espacios mineros (3,3 M?); para el programa de gestión de patrimonio y edificios administrativos (3,5 M?); y al apoyo a la internacionalización de las empresas (2,2 M?).

Si no por su cuantía, sí por la relevancia de su objeto siempre me gusta destacar otras actuaciones inversoras de la consejería, como las referidas a la obtención de información estadística (0,8 M?); al seguimiento y evaluación de actuaciones financiadas con fondos comunitarios (0,6 M?); a las de ordenación y promoción comercial (0,5 M?); a las referidas a trabajos en materia de inspección, normativa y calidad industrial (220.000 euros) y las de obras e instalaciones de eficiencia energética (1,9 M?).

Por su parte el capítulo 7, de transferencias de capital, se incrementa el 10,4 %, hasta los 86,8 M?, básicamente para la concesión de ayudas al tejido empresarial a través de la ADE (72,5 M?), así como para actuaciones de eficiencia energética y energías renovables (7,2 M?) en industrias, edificios o locales de empresas y comunidades de vecinos, y otras de apoyo al sector del comercio (3,7 M?). Las cifras señaladas ya apuntan lo que son las actuaciones prioritarias de la Consejería para este ejercicio.

Me gustaría destacar que las que corresponden a los centros directivos del área de Hacienda, aunque suman actuaciones en otros capítulos de gastos que ya he indicado, van a consumir fundamentalmente presupuesto en gastos de personal destinado a tareas tan relevantes como la administración tributaria; las presupuestarias, tanto de elaboración como de seguimiento del presupuesto; las funciones de fiscalización y control del gasto de toda la Administración autonómica; las de tesorería y política financiera; las de elaboración de estadísticas autonómicas para la Comunidad; o las funciones de coordinación y apoyo que corresponden a la Secretaría General de una consejería como esta. Aunque su peso en términos de gasto es bajo, no pueden olvidarse las tareas relativas a la reforma del sistema de financiación, que van a tener especial relevancia en el año 2017.

Señorías, voy a desgranarles ahora las actuaciones prioritarias del presupuesto de la consejería en lo que respecta a la política económica.

Tal y como venimos explicándoles a lo largo de la legislatura, estamos desarrollando cuatro estrategias de competitividad que dan cobertura a la política económica de la Junta de Castilla y León pensando en el mejor desarrollo posible del modelo de crecimiento sostenible y competitivo que queremos para nuestra Comunidad: la Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos, el IV Plan de Internacionalización Empresarial de Castilla y León, la Lanzadera Financiera y la política de suelo industrial y tecnológico.

Estas estrategias tienen a la ADE (próximamente Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León) como principal instrumento de su ejecución. Y están desarrolladas en un esquema similar de colaboración público-privada. Todas, además, sobre la base de Diálogo Social que gobierna la relación entre los agentes fundamentales de nuestra economía. Hago especial hincapié en el modelo de coordinación y colaboración público-privada de las estrategias de competitividad porque este hecho nos permite reforzar y multiplicar los efectos y esfuerzos presupuestarios públicos con más inversión de otros agentes, sean públicos o privados, que permiten a cada una de las estrategias de competitividad llegar a más empresas, generar más actividad y procurar más empleo estable para nuestra economía.

El presupuesto de la ADE para el desarrollo de estas estrategias en 2017 asciende a 318 millones de euros, aumentando por tanto el 59,8 % respecto al del año anterior. Este importante incremento tiene su origen, fundamentalmente, en las operaciones financieras de amortización anticipada de préstamos concedidos por la Agencia con fondos BEI y por la creación de dos instrumentos financieros de garantía.

En general, el proyecto de presupuesto de la ADE para 2017 combina las subvenciones a fondo perdido (ya les he destacado los 72,5 M? de su capítulo VII para ayudas públicas a fondo perdido) con las ayudas reembolsables y otros instrumentos financieros. Se sigue también apostando por instrumentos extrapresupuestarios que complementen la financiación empresarial concedida a través de la Lanzadera Financiera.

La Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos pretende desarrollar un ecosistema de carácter autonómico capaz de vincular la creación de empresas y su crecimiento a la imperiosa necesidad de reforzar el carácter innovador en todos y cada uno de los sectores y ramas de actividad de nuestra economía. Precisamente la innovación es un factor que, tanto la Junta como los representantes de los grupos o fuerzas políticas que hemos trabajado hasta alcanzar el acuerdo en torno al Plan Director de Promoción Industrial, entendemos que es imprescindible desarrollar si queremos avanzar en el modelo económico que queremos para nuestra Comunidad.

Por eso, prácticamente el 35 % del presupuesto de la ADE, 111,2 M?, se dirige a financiar esa Estrategia a través de dos subprogramas:

El de Creación de Empresas (con un definido carácter innovador), con 20,9 M?, que integra medidas como el Plan de Acogida de Start Ups, que forma parte del acuerdo presupuestario alcanzado con el Grupo Parlamentario Ciudadanos e incluye las aceleradoras especializadas en ciberseguridad y agrotecnología; los programas de retos de empresas regionales en el marco del Open Future; los espacios de crowdworking en parques científicos y tecnológicos; la instalación gratuita en los mismos, y el apoyo financiero de garantías y capital semilla, que se complementa con deducciones fiscales que pueden favorecer la inversión en este tipo de empresas. El subprograma de Creación de Empresas recoge asimismo los apoyos a las iniciativas relacionadas con el emprendimiento social, inclusivo y rural determinantes por la configuración de nuestra Comunidad.

Y el subprograma de Ciencia y Tecnología, que dobla su presupuesto respecto a 2016 (crece el 54,5 %) para dedicar 86,3 M? a la innovación, investigación y telecomunicaciones. Integra actuaciones en I+D y apoyos públicos a las empresas de Castilla y León para estas materias (digitalización, desarrollo y adquisición de soluciones TIC, Industria 4.0?) a través de subvenciones y productos financieros tales como participación en capital, préstamos participativos y avales a proyectos innovadores a través de Sodical e Iberaval. También da cobertura presupuestaria en buena parte a los 5 M? de euros con los que se ha de dotar anualmente el Plan de Atracción y Retorno del Talento, conforme a los compromisos asumidos en los acuerdos políticos firmados recientemente.

Señorías, los ejes fundamentales del Plan de Internacionalización Empresarial sobre los que ejecutamos el presupuesto de la internacionalización 2017 son, les recuerdo, la promoción comercial y multilateral, la captación de inversiones exteriores, la formación, la información y la red exterior. El presupuesto destinado a través de la ADE al IV Plan de Internacionalización para la anualidad 2017 es de algo más 10 M?, consolidando el incremento del ejercicio pasado. Este presupuesto se destina a:

Subvenciones a fondo perdido para acciones de internacionalización (6,3 M?), con objeto de garantizar el máximo apoyo a aquellas empresas que quieran participar de manera individual en acciones de promoción comercial o de inversión.

Y acciones de promoción comercial en ferias y sectores clave con imagen de Castilla y León (14 ferias), promoción de empresas de Castilla y León en organismos multilaterales internacionales, acciones de captación de inversiones exteriores, y formación de capital humano en internacionalización (3,7 M?).

Así, con este presupuesto están programadas en el presente ejercicio 356 acciones de promoción comercial, 32 de captación de inversiones y 34 de promoción multilateral. Todo ello para mantener la buena evolución registrada hasta el momento en nuestro comercio exterior, continuar con el desarrollo de una mayor diversificación en los mercados exteriores, y promover la captación de nuevos proyectos de inversión procedentes de otros mercados.

Respecto a la Lanzadera Financiera, quiero comenzar señalando que ha demostrado capacidad de dar soluciones rápidas y adecuadas a las necesidades de financiación de los proyectos empresariales viables que lo han solicitado, mediante un procedimiento ágil de asesoramiento integral y apoyo, tanto técnico como financiero, con el objetivo último de mantener y generar empleo.

Desde su puesta en marcha, se han tramitado un total de 4.654 solicitudes, por un importe de financiación de 1.309,7 M? y una inversión inducida de 2.485,6 M?. Estas solicitudes han implicado el mantenimiento y creación de 100.723 puestos de trabajo. De todas las solicitudes recibidas se han financiado / asesorado 4.036 (86,7 % del total) por un importe de 720,1M? (datos cerrados a finales de abril).

Esos resultados animan por tanto a fortalecer esta herramienta: con el presupuesto del capítulo 8 de la ADE en este ejercicio se van a poner en marcha instrumentos financieros cofinanciados por el Programa Operativo FEDER que ya he citado:

Un Fondo de Garantía para proyectos de I+D y empresas innovadoras, preferentemente en sectores pertenecientes a la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una especialización inteligente (RIS3) de Castilla y León 2014-2020, con un importe presupuestado de 4,9 M? para 2017.

Y un Fondo de Garantía de Cartera, con un importe presupuestado en 2017 de 15,4 M?, para proyectos destinados al crecimiento empresarial para pymes de Castilla y León que realicen inversiones materiales e inmateriales, así como capital circulante asociado.

En el período 2017-2020 movilizarán una inversión de más de 450 M?.

También a través de la Lanzadera se va a financiar el Plan de Crecimiento con componente innovador para pymes y midcaps de Castilla y León, que permitirá dotar de capacidad financiera a las empresas de Castilla y León para que puedan incrementar su tamaño y competitividad ?también en el medio rural?, mejorar su capacidad tecnológica y crear empleo, con el reto de que incrementen sus plantillas en torno al 5 %. Este Plan, que contribuirá a la reindustrialización de nuestra Comunidad, contará con 50 M? en 2017, que serán puestos a disposición de Sodical, mediante la intermediación de la ADE, a través de un préstamo con fondos del BEI por dicho importe. La inversión inducida derivada de este programa se estima en 375 M? hasta 2020.

Está previsto continuar con el programa de bonificación de costes financieros de los préstamos avalados a emprendedores, pymes y autónomos, ADE Financia, con un presupuesto de 3,5 M?. Como novedades, se incrementará en 0,25 puntos el descuento aplicado sobre los tipos de interés de cuatro de las diez líneas de apoyo existentes; se ampliará con una nueva línea de avales de hasta 600.000 euros y a coste cero para el anticipo del cobro de las subvenciones, y se pondrá en marcha un programa para apoyar iniciativas de inversión en I+D+i. ADE Financia 2017 movilizará, según estimaciones, 78 millones de euros en préstamos bonificados durante el ejercicio, que permitirán el desarrollo de alrededor de 750 proyectos empresariales y la creación y consolidación de más de 6.300 puestos de trabajo

Señorías, el suelo industrial y tecnológico es un factor determinante para la implantación y crecimiento empresarial en la Comunidad, además de necesario para favorecer un desarrollo equilibrado en el territorio. Con el objetivo de mantener una oferta de suelo industrial y tecnológico competitivo y atractivo para el desarrollo de proyectos empresariales en Castilla y León, se van a destinar a estas políticas 23,8 M? durante 2017.

En actuaciones de Parques de Proveedores del Sector de la Automoción (actividad de referencia para nuestra industria, tanto en términos de producción como de empleo o de I+d+i), la segunda fase del de Villamuriel de Cerrato (Palencia) contará con 5 M?, y el de Valladolid con 11 M?, lo que permitirá al sector industrial más importante de la Comunidad seguir ganando en competitividad y afianzar su liderazgo en España, contribuyendo a generar más inversión y a crear más empleo.

Quiero destacar también una partida por importe de 6,5 M? para las obras de urbanización, dirección facultativa y control de calidad del Parque Tecnológico de Burgos, un proyecto que para la Junta es prioritario y con el que está plenamente comprometida.

El resto de inversiones van dirigidas a actuaciones de reposición o finalización de inversiones en distintos polígonos industriales de titularidad autonómica, como los de Vicolozano y Arévalo, en Ávila; Ircio, en Burgos; Magaz de Pisuerga, en Palencia; Villacastín, en Segovia, o el Canal de Castilla, en Valladolid. Asimismo, se dedicarán recursos a la adecuación de los edificios propiedad de la Agencia en los Parques Tecnológicos.

INDUSTRIA

Les aporto ahora, señorías, algo de información concreta respecto a las políticas económicas sectoriales que impulsan las correspondientes direcciones generales.

La industrial se instrumenta a través de la ADE; de ahí que en el presupuesto de la Dirección General de Industria y Competitividad cuente con dotación de 2,6 M? (el 11,4 % más que en 2016) para atender cuestiones generales relacionadas con la política industrial y de competitividad.

En el ámbito de la seguridad industrial, se van a continuar desarrollando actuaciones dirigidas a la formación a través de un línea de subvenciones competitiva, dotada con 80.000 euros y dirigida a entidades sin ánimo de lucro, como colegios profesionales o asociaciones de instaladores. En segundo lugar, se mantiene el respaldo (con 80.000 euros) a los laboratorios de ensayo, calibración y metrología de Castilla y León, que suponen una red de apoyo a las empresas de Castilla y León. Y se reedita también el Plan Renove de calderas y calentadores para la sustitución de calderas de gas atmosféricas por otras de condensación y de calentadores de gas atmosféricos por estancos, para la mejora de la seguridad, eficiencia energética y protección del medio ambiente, con 200.000 euros.

Entre las actuaciones novedosas destacan por un lado una línea de subvenciones no competitivas de 50.000 euros para incentivar la adquisición de vehículos de energías alternativas en nuestra Comunidad. La movilidad alternativa, en particular la eléctrica, supone el futuro de la automoción, y es la apuesta de Castilla y León, alineada con la Estrategia de Impulso del Vehículo de Energías Alternativas (VEA) en Es