La rehabilitación de viviendas rurales para el alquiler tendrá una deducción del 15% en el IRPF

Fijar población en el medio rural es una de las prioridades de la Junta. De ahí la propuesta de crear una nueva deducción en el IRPF dirigida a promover un parque inmobiliario de alquiler en los pueblos, que se podrán aplicar los contribuyentes que recuperen una vivienda con ese propósito y la arrienden por menos de 300 euros al mes durante los cinco años siguientes, o bien la anuncien para ese fin si queda vacía.

Para acceder a la bonificación del 15 % de la inversión en el Impuesto sobre la Renta, con un máximo de 20.000 euros, es necesario que el valor de la edificación no supere los 135.000 euros y que esté situada en una localidad de menos de 10.000 habitantes, con carácter general, o de 3.000 si dista menos de 30 kilómetros de la capital de la provincia. Puesto que esta medida pretende además fomentar la inversión y, con ello, generar actividad y empleo en los pueblos, está abierta a cualquier contribuyente, con independencia de su nivel de ingresos.

En la misma línea de favorecer el asentamiento de nuevos pobladores en los núcleos más pequeños, el borrador de la que también se conoce como Ley de Acompañamiento de los Presupuestos mejora las condiciones de las ventajas fiscales ya existentes por adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual para menores de 36 años residentes en pueblos, con las mismas características que las mencionadas para la realización de obras con destino al alquiler. En concreto, la bonificación pasa del 5 % o el 10 %, según el caso, hasta el 15 %, para equipararse con la destinada a favorecer el arrendamiento rural. Del mismo modo, se amplía de 10.000 a 20.000 euros el importe con derecho a deducción de los trabajos de carácter medioambiental que se efectúen en los inmuebles o para adaptarlos a personas con discapacidad.

Más facilidades para fomentar el emprendimiento

Otra de las modificaciones fiscales más relevantes que introduce el anteproyecto tiene que ver con la deducción para el fomento del emprendimiento, que permite a los contribuyentes desgravarse el 20 % de las cantidades dedicadas a la compra de acciones o participaciones de empresas de nueva creación o en fase de expansión, siempre que las compañías destinen los recursos a un proyecto de inversión en Castilla y León y amplíen la plantilla de empleados.

En concreto, se facilita poder acogerse a ella por dos vías. Por un lado, se reduce el límite mínimo ?del 1 % al 0,5 %? y se amplía el máximo ?del 40 % al 45 %? del capital social cuya adquisición da derecho a aplicar la desgravación. Por otro, se define el concepto de plantilla de forma más incluyente. Si con la normativa vigente se exigía que la empresa objeto de la inversión incrementara el número de trabajadores por cuenta ajena para ser beneficiario de la bonificación, a partir de ahora también se computará a los autónomos económicamente dependientes de la sociedad y a los empleados por cuenta propia que tengan el carácter de familiares colaboradores de titulares de acciones o participaciones. Este cambio, al igual que todas las demás modificaciones relativas al IRPF, será de aplicación desde el 1 de enero de este año.

Moratoria tributaria para nuevas inversiones en renovables

El primer avance de la futura Ley de Medidas Tributarias y Administrativas para 2017 también retoca al alza el mínimo exento en la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones, que sube de 250.000 euros a 300.000 euros para las herencias directas, es decir, de padres a hijos y entre cónyuges.

La sección tributaria del documento contempla, asimismo, una moratoria de cinco años de duración en el Impuesto sobre la Afección Medioambiental para las nuevas inversiones en materia de energías renovables en territorio castellano y leonés. Con ello se pretende que la existencia de este tributo no se convierta en un factor desincentivador de la implantación de proyectos de este tipo en la Comunidad, dado que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha anunciado la próxima convocatoria de subastas de capacidad de generación de energía mediante tecnologías renovables.

De esta forma, el catálogo de beneficios fiscales de los que disfrutan los castellanos y leoneses se amplía a 51 en este ejercicio, uno más que en 2016, con el objetivo de cuidar a las familias y favorecer la actividad económica y la generación de empleo. Precisamente este último aspecto explica que se mantengan las ventajas tributarias para las empresas del juego que preserven los puestos de trabajo, ya que este sector emplea de forma directa a más de un millar de personas, así como el hecho de que se regule la aplicación de un tipo del 1 % a los cartones de bingo del tipo especial para los primeros 400.000 euros jugados.

Apoyo al sector primario con la exención de la tasa por servicios veterinarios

En materia de tasas y precios públicos ?que no experimentan ningún incremento en este borrador de ley?, se introducen cinco modificaciones. La más sustancial afecta a la relativa a la prestación de servicios veterinarios para determinadas explotaciones agrícolas, donde se suprime temporalmente la obligación de pago para el transporte y circulación de bovino procedente de explotaciones con orientación láctea, y de ovino y caprino criado en instalaciones dedicadas a lácteo o cárnico. Esta medida tiene como objetivo apoyar al sector primario, estratégico para Castilla y León, y pretende paliar las consecuencias de la bajada de precios de la producción, que en el caso del subsector de vacuno de leche derivan en gran medida de la desaparición del régimen de cuotas lácteas.

Las deducciones sobre la tasa por inspecciones y controles sanitarios de animales y sus productos, que hasta ahora se aplicaban en distinto porcentaje según las especies, se unifican al alza, es decir, fijando la bonificación máxima para estimular la realización de controles oficiales. Para las familias numerosas se elimina el requisito de capacidad económica para aplicarse las exenciones y bonificaciones a las que tienen derecho sobre la tasa por la expedición de títulos y certificados académicos, y por la realización de pruebas en el ámbito de las enseñanzas no universitarias. Por último, el borrador de la ley recoge retoques técnicos en la tasa en materia de servicios de comunicación audiovisual y en la derivada de actuaciones administrativas relativas a actividades agrícolas.

El anteproyecto normativo que ha presentado hoy la consejera de Economía y Hacienda incluye además modificaciones en 32 leyes, que en muchos casos obedecen a la necesidad de adecuar su contenido a la normativa estatal. Los cambios afectan a la Ley de Sanidad Animal; de Caza; de Protección de Animales de Compañía; del Gobierno y de la Administración de la Comunidad; de la Viña y del Vino; de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas; de Protección Ciudadana; de Carreteras; de Montes; de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad y de Gestión Pública; de Prevención de la Contaminación Lumínica y del Fomento del Ahorro y Eficiencia Energéticos Derivados de Instalaciones de Iluminación; de Pesca; Agraria; del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental; del Patrimonio Natural; Electoral; de Bibliotecas; de Archivos y Patrimonio Documental; de Cámaras Agrarias; de Urbanismo; de Creación del Instituto Tecnológico Agrario; del Deporte; de Universidades; de la Función Pública; de Medidas Financieras; de la Hacienda y del Sector Público; del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud; de Subvenciones; de Ordenación del Sistema de Salud; de Comercio de Castilla y León; de la ley por la que se aprueba el Estatuto del Consumidor, y finalmente de Medidas Financieras y de Creación del Ente Público Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial.

La ADE modifica su denominación y se suprime Cylsopa

En lo relativo a esta última norma, se sustituye la denominación de la actual Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León (ADE) por la de Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, en consonancia con el ámbito de actuación más amplio asumido por este ente dependiente a la Consejería de Economía y Hacienda y, en general, con la política económica de la Junta.

Por último, el borrador de la ley incluye en una disposición final la supresión de Castilla y León Sociedad Patrimonial (Cylsopa), empresa pública adscrita al departamento que dirige Pilar del Olmo. Esta decisión es coherente con las medidas de reestructuración del sector público que se vienen aplicando desde 2010, y se toma una vez constatado que la entidad ha cumplido los fines para los que fue creada. Hay que recordar que Cylsopa fue constituida con el doble objetivo de facilitar la realización de inversiones en condiciones óptimas de financiación y la gestión de los bienes propiedad de la Administración, como ha ocurrido con la construcción del Edificio Administrativo de Usos Múltiples (Esaum) de Salamanca, el Centro de Proceso de Datos (CPD) de la Consejería de Sanidad en Valladolid y de un archivo en la localidad vallisoletana de Laguna de Duero.