El pasado 20 de febrero los diputados Alberto Garzón y Ricardo Sixto presentaban una proposición no de ley con el objeto de pedir "la absoluta neutralidad en materia de ideologías, religión o creencias" en RTVE "y esto debe traducirse en el cese de las emisiones televisivas de determinados ritos religiosos, misas católicas básicamente, que actualmente se emiten". Consideran que se trata de un privilegio y que contraría la aconfesionalidad del Estado señalada por la Constitución.
En primer lugar, llama la atención que nada digan sobre "Misa en España", el programa de Radio 5-Radio Nacional de España. Queda claro que sus señorías forman parte de la gran mayoría de españoles que ignoran a la radio y sólo ponen sus ojos en el tontorrón rectángulo que reina en casi todos los salones, y hasta cocinas y dormitorios. Sorprende menos la fijación en el elemento religioso como banderín de enganche para anticlericales recalcitrantes. Es una causa muy vetusta y obsoleta, propia de ateneos decimonónicos, pero ahí resiste como recurso siempre disponible. Saben que las trescientas y pico mil personas que ven cada domingo la Misa en el programa de La Dos "El día del Señor" no idearán otro plan ni trazarán otra oposición que volver a sintonizar la segunda cadena de TVE el próximo domingo, sosteniendo junto a "Saber y ganar" su mermada audiencia. Casi todos ancianos o enfermos, eximidos del precepto dominical, ponen la televisión no para cumplirlo sino para unirse de esa manera a la Iglesia universal, se reúna en un moderno templo de Madrid, en los Reparadores de Alba o en la plaza de San Pedro cuando la emisión se haga desde Roma, con motivo de diferentes celebraciones presididas por el Papa. Ya se unirán más plenamente cuando, si lo desean, desde la parroquia les lleven, con unción y sencillez, la Eucaristía a su casa. En Castilla y León, cuartel general de "la España vacía", con tantos pueblos envejecidos y venidos muy a menos, olvidados sin rubor por sus señorías, sin apenas votos que disputarse porque casi todos los señores Cayos ya murieron, la audiencia de la Misa televisada llega al 17%.
Los millones de españoles que acudimos a las iglesias cada domingo tampoco vamos a sorprendernos ahora por tan ligera y endeble interpretación de la aconfesionalidad del Estado. En la pretendida neutralidad que demanda esta solicitud parlamentaria no se oculta el ansia de desterrar lo religioso de la esfera pública, como si no fuéramos públicos, notorios, visibles, palpables, los ciudadanos que nos confesamos creyentes. Pero lo más enrevesado es el argumento: en un lugar de la proposición, ésta se fundamenta en "la imposibilidad de dar cabida a todos y cada uno de estos sistemas ideológicos y conjunto de creencias", mientras que en otro ya se subrayan los requisitos "plural, aconfesional y acorde con la Constitución". ¿Es por imposibilidad o es por imposición de mi agnosticismo o ateísmo sobre tu catolicismo? ¿Soy mejor que tú? Puede ser aconfesional un Estado pero no necesariamente las personas que lo integramos, y no por ser creyente se nos puede o debe discriminar frente al no creyente. Siendo distintos, ninguno es mejor o peor. La sana laicidad, la laicidad positiva, "en cooperación con la Iglesia Católica y las otras confesiones" (esto también lo dice la Constitución, en su artículo 16), tiene en cuenta "las creencias religiosas de la sociedad española" (mismo artículo), se lucra para el bien común de todo lo bueno que puede aportar una institución mucho más antigua que el mismo Estado, que en otro tiempo quizá abrazó por circunstancias el poder temporal pero hoy no se aparta de contribuir al interés general desde el segundo plano de sus centros asistenciales, sanitarios, educativos, pastorales? Que a los contribuyentes se nos dé la oportunidad de marcar una X en la declaración de la Renta, que las procesiones puedan atravesar calles y plazas, que los padres podamos escoger la asignatura de Religión en la escuela pública o una propuesta cristiana en enseñanza concertada para nuestros hijos, que se emita cada domingo la Santa Misa por la televisión pública (¡y por la radio!), no es ningún privilegio ni diezmo medieval. Sencillamente es justo, adecuado a la significación social del hecho cristiano católico en España y fielmente constitucional.
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