El 8 de marzo, una constante reivindicación de los derechos humanos de las mujeres

Autora: Pilar Hierro, Activista por los Derechos Humanos

Hay quien piensa que no es necesario celebrar el 8 de marzo, un día destinado a reivindicar la igualdad de derechos de la mujer, debido a los logros que las mujeres han conseguido en sus derechos respecto al pasado, pero la consecución de algunos no significa la obtención de una igualdad plena.

En el ámbito público, todavía hoy se tolera el acoso en el lugar de trabajo, los abusos, las torturas y violaciones contra mujeres en los conflictos armados; y a nivel comunitario, las normas que rigen el modo en que debe tratarse la resolución de los conflictos dentro de la familia y de la comunidad crean un entorno que favorece a nivel político y social que se tolere la violencia contra las mujeres.

Las doctrinas jurídicas sobre la privacidad del hogar han invisibilizado y ocultado la violencia dentro de ese ámbito y con frecuencia han justificado la abstención de la intervención estatal para adoptar medidas cuando se cometen actos de violencia contra las mujeres dentro de la familia.

Sin embargo, la violencia de género constituye, sin duda, la manifestación más grave de la desigualdad, del dominio y abuso de poder de los hombres sobre las mujeres. Es una violación de los derechos fundamentales y un grave problema social que no puede tolerar ninguna sociedad asentada en valores de respeto y solidaridad.

La desigualdad de género es uno de los mayores estigmas que las sociedades actuales hemos heredado del pasado. Ya sea por motivos culturales, políticos, religiosos o económicos, la historia de la humanidad se ha escrito sobre unos pilares donde el género femenino siempre se ha encontrado sometido al masculino, donde la mujer era un objeto más que un sujeto.

Hoy, en pleno siglo XXI, donde las mujeres son consideradas personas que poseen una identidad propia, seguimos viviendo actos violentos contra ellas, actos violentos que merecen especial protección cuando ocurren en la intimidad del domicilio y cuando el agresor es aquella persona con la que se mantiene una relación de afectividad.

Hoy, en España, despertar con las noticias de que el día anterior otra mujer ha sido asesinada por parte de su pareja o ex pareja, se ha convertido en un asunto estremecedoramente familiar. Desde que se dispone de estadísticas oficiales, entre el 1 de enero de 2003 hasta la actualidad cerca de 900 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas.

¿Cómo no reparar en el mensaje que deja la muerte de tantas mujeres? Es hora de afrontar el problema cara a cara y planteemos qué sociedad queremos realmente ser; y, sin olvidar de dónde venimos y el porqué de nuestros problemas, consigamos poner fin a una cuestión que, en lo personal, me avergüenza pensar que a estas alturas no hemos conseguido zanjar. Y aún más vergonzoso es ver cómo, con los parches con los que hemos intentado tapar el problema de la violencia de género en España, no hay nadie que esté realmente satisfecho. Ni hombres, ni mujeres.

Y es que en España esta cuestión no sólo ha calado especialmente hondo en nuestra naturaleza, resistiéndose a abandonar ciertas costumbres, sino que además la lucha contra la desigualdad ha llegado tarde, mal y salpicada de oportunismo político. Hasta tal punto que a día de hoy, sigue siendo uno de los puntos más sensibles de la actualidad diaria española.

Es evidente que las reformas legales e institucionales no son suficientes por sí solas para abordar el problema de la violencia contra las mujeres. Para erradicarla o al menos para reducir el impacto de este tipo de violencia, serán necesarios profundos cambios culturales. Sólo será posible el cambio del paradigma tóxico en el cual todos estamos inmersos, si cada persona cambia.

Y es que olvidamos que no es cuestión de géneros, sino de sentido común, que la solución a este problema no es otra que una igualdad real de todo ciudadano, independientemente de sus condiciones de nacimiento, ante la Ley. Y a su vez, la igualdad sólo puede lograrse a través de la educación, otro histórico fracaso de España como sociedad. Y en ese sentido la educación desempeña un papel crucial. Si no hay cambios en la educación, no habrá cambios sociales.

Podíamos empezar, en mi opinión, por adoptar medidas de detección y prevención precoz de la violencia, entre ellas, la exigencia del cumplimiento de la ley vigente, la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. En el ámbito educativo, a nivel nacional, por ejemplo, educar para que se acepten las diferencias, y no se sostengan desigualdades por razón de sexo, edad o creencias. Involucrar a padres en la educación sobre igualdad para erradicar la violencia en todos los ámbitos y que los docentes tengan formación en violencia de género, ya que son valiosos agentes.

Pero además, el gobierno debe mostrar voluntad política y traducirla en acciones concretas porque los derechos humanos deben ser garantizados sin discriminación, no como metas sociales ni aspiraciones políticas, sino promovidos y protegidos por el gobierno acorde al principio de igualdad que está garantizado en todos los tratados de derechos humanos y desarrollado específicamente en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, CEDAW, conocida como la Carta de los Derechos de las Mujeres.