Estos datos implican una pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas, cuya prestación se revalorizó el mínimo legal del 0,25% por cuarto ejercicio consecutivo
La inflación se contiene en el 3% en el mes de febrero, la misma tasa que la registrada en enero, según el dato adelantado hoy por el INE. La caída del precio de la luz ha permitido mantener el mismo nivel, a pesar del comportamiento del petróleo. De esta forma, el IPC evita una nueva escalada como la sufrida en el primer mes del año, cuando se disparó 1,4 puntos. En cualquier caso, las previsiones del Gobierno son que la inflación se mantendrá en estas cifras elevadas durante el primer trimestre.
Por su parte, la variación anual del indicador adelantado del IPC Armonizado (homogéneo en toda la UE) se sitúa en febrero en el 3%. Si este dato se confirma, la tasa anual del IPCA aumentaría una décima respecto al mes anterior. Este avance, supone una pérdida de competitividad de las empresas españolas respecto a las compañías de la zona euro, ya que el dato en enero era del 1,8%.
La inflación en febrero vuelve a implicar una pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas, cuya prestación se revalorizó el mínimo legal del 0,25% por cuarto ejercicio consecutivo después de que el Gobierno rechazase una propuesta de la oposición para elevar la ayuda un 1,2%. De esta forma, los pensionistas registran una menor capacidad de compra de 2,75 puntos con el IPC actual.
Salarios y desindexación
Además, una inflación tan alta también tiene un impacto negativo para los trabajadores. Para evitarlo UGT y CC OO han propuesto a la patronal una subida salarial en 2017 de entre el 1,8% y el 3% en función de las capacidades de cada compañía. Sin embargo, la CEOE sólo acepta un incremento de las retribuciones de "hasta" el 1,5% más un plus de 0,5% vinculado a la productividad y a la reducción del absentismo laboral. Algo que los sindicatos rechazan porque no garantiza una revalorización mínima. Además, denuncian que la revalorización de los últimos años siempre ha sido inferior a la acordada en el pacto salarial. De hecho, en 2016 la subida media en convenio fue del 1,1%, frente al 1,5% firmado en el acuerdo.
Para tratar de evitar que el auge de la inflación se traslade al resto de la economía el Gobierno aprobó la ley de desindexación. Esta normativa desvincula la revisión de los precios de bienes y servicios públicos ?como el billete del tren o el autobús- de la evolución del IPC. Sin embargo, sí se pueden trasladar los cambios en los costes energéticos, como la subida (y bajada) de los carburantes o de la electricidad.