Castilla y León aportará su experiencia para mejorar el Sistema de Dependencia en España

La Conferencia de Presidentes celebrada el pasado 17 de enero acordó que es necesario constituir una comisión para el análisis de la situación del Sistema de Dependencia, tal y como propuso el presidente de la Junta de Castilla y león, Juan Vicente Herrera. En concreto, el acuerdo alcanzado en el seno de la Conferencia de Presidentes precisaba que la comisión tendría por objeto el análisis de la situación actual del Sistema de Dependencia, de su sostenibilidad, y de los actuales mecanismos de financiación, en especial, los contenidos en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, para evaluar su adecuación a las necesidades de las prestaciones asociadas a la dependencia.

La comisión se ha constituido esta mañana, en la sede del IMSERSO en Madrid. Forman parte de ella el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, la directora general del IMSERSO, la secretaria general de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Función Pública, el director general de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, el director general de Relaciones con las Comunidades Autónomas y Entes Locales del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, la directora del Gabinete del secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, el secretario general del IMSERSO y las comunidades autónomas de Castilla y León, Cataluña, Galicia, Andalucía, Principado de Asturias, Aragón y Canarias.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, se ha referido a que el objetivo de esta comisión es trabajar en la elaboración de un informe técnico sobre la situación actual del Sistema de Dependencia, de su sostenibilidad y de los actuales mecanismos de financiación. Como resultado de sus trabajos, la Comisión presentará, en el plazo de tres meses, un informe final con los análisis y las conclusiones. Este informe será debatido en el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en una sesión extraordinaria.

Alicia García ha agradecido al Ministerio la diligencia en la convocatoria del grupo y también haber contado con Castilla y León para participar en la evaluación de la Ley de Dependencia, ya que a su juicio se trata de una iniciativa muy oportuna para hacer una reflexión e introducir mejoras, una vez transcurridos diez años de la puesta en marcha de la Ley de Dependencia.

García ha recordado que, por un lado, Castilla y León trabajó desde el primer momento por la implantación de esta Ley y durante estos años ha hecho un importante esfuerzo para cumplir con sus previsiones y, por otro lado, también desde el primer momento fue una Comunidad crítica con la financiación prevista, al ser conscientes de que nacía mal financiada, situación que posteriormente se agravó con la crisis. A pesar de ello, la consejera ha asegurado que la voluntad política ha sido siempre garantizar los derechos de las personas y buena muestra de ello ha sido la incorporación total de Grado I, siendo la primera Comunidad en España que ha alcanzado así la plena atención a la dependencia. En este sentido, García ha referido a la importancia de que este grupo de trabajo constituido hoy empiece a funcionar rápido y que en el plazo previsto alcance los objetivos para llevarlos cuanto antes al Consejo Territorial de Dependencia.

Temas planteados por Castilla y León en la Comisión

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha señalado algunos de los temas que Castilla y León considera importantes y que ya han planteado en la reunión constitutiva de la Comisión para su debate.

El primero de ellos es la necesidad de hacer un sistema sostenible económicamente para las arcas de las comunidades autónomas y que tenga una financiación suficiente y garantizada, para lo que es necesario hacer un buen estudio de los costes reales del Sistema de Dependencia, especialmente de los servicios profesionales.

Junto a esto, García ha defendido la necesidad de simplificar los mecanismos de financiación, ya que el mecanismo diseñado por la Ley ha demostrado ser excesivamente complejo y su gestión conlleva un alto coste y esfuerzo, tanto para las comunidades como para la administración central. Por este motivo, Castilla y León ha defendido que la financiación de la Dependencia pueda ir vía financiación autonómica, con los parámetros que se determinen y con las garantías que pudieran ser necesarias en relación su destino.

Otro de los aspectos que Castilla y León ha puesto sobre la mesa es la necesidad de profundizar en los servicios profesionales como garantía de calidad en la atención y como fuente destacada de empleo; empleo estable, fundamentalmente femenino, que aporta importantes retornos que también deben ser evaluados y tenidos en cuenta. Junto a esto, avanzar en el desarrollo de la prestación de asistencia personal, que aún tiene muy pocos usuarios en España pero que, desde la experiencia de Castilla y León, tiene muchas posibilidades en circunstancias muy diversas para promover la autonomía de las personas.

Por último, Alicia García ha destacado la necesidad de potenciar la coordinación socio-sanitaria, ya que las personas en situación de dependencia necesitan la actuación conjunta de los servicios sociales y de los sanitarios. García ha compartido que Castilla y León ha tenido experiencias de éxito en el ámbito de la enfermedad mental y en las plazas sociosanitarias de convalecencia y que, en este momento, las consejerías de Familia e Igualdad de Oportunidades y la de Sanidad están trabajando en el desarrollo de una plataforma sociosanitaria mediante una compra pública en innovación que facilite esta acción conjunta de ambos sistemas de atención.

La dependencia en Castilla y León

Cuando se han cumplido diez años de implantación de la Ley de Dependencia en España, la semana pasada el dictamen nacional dado a conocer por los profesionales del Observatorio de la Dependencia señalaba que Castilla y León es la Comunidad que mejor gestiona la Dependencia en España y la única Comunidad que cumple con la plena atención a la Dependencia.

Al mismo tiempo, el dictamen resaltaba de forma especial que Castilla y León es la Comunidad que está demostrando mayor capacidad para generar empleos en torno a la dependencia ya que, por cada millón de euros de gasto público, en Castilla y León se generan 50 empleos, mientras la media es España es de 34,8 empleos. El dictamen cifra en más de 24.000 los empleos generados en Castilla y León en torno a la Dependencia.

Financiación de la dependencia

La financiación es precisamente uno de los aspectos más destacados del análisis que tiene que abordar la recién constituida Comisión para el estudio de la situación del Sistema de Dependencia. Castilla y León aporta el 81 % del coste del Sistema de Dependencia mientras que el Estado aporta el 19 % de financiación.El citado dictamen del Observatorio de la Dependencia indica que la financiación del sistema de dependencia en Castilla y León fue de 593,2 millones de euros en 2016 y que el gasto público por habitante en Castilla y León ascendió a 166,65 euros, mientras en España se quedó en 121,8 euros. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades destina 6 de cada 10 euros de su presupuesto a dependencia.