Tras conocer la decisión de la Comisión de Patrimonio de informar favorablemente sobre la retirada del medallón de Franco de la Plaza Mayor de Salamanca, Domingo Benito Lucas, quien presentara la solicitud en su etapa como coordinador de Izquierda Unida de Salamanca y como firmante de la demanda judicial que provocó la conocida sentencia del Juzgado número 1 de lo Contencioso Administrativo de Salamanca, ha remitido un comunicado en el que expresa su satisfacción por esta decisión y que reproducimos a continuación:
- En el caso de que dicha información sea verídica, y con la cautela de no haber recibido la notificación oficial ni de la Junta de Castilla y León ni del Ayuntamiento de Salamanca, considero que dicha noticia sería muy beneficiosa y digna de ser celebrada por todos los demócratas y defensores de la memoria democrática de la provincia de Salamanca. El medallón en honor al dictador ha sido un caballo de batalla constante de quienes creemos que ese tipo de elementos y simbología no caben en una democracia consolidada. Es, además, una aberración histórica y democrática, que no hubiera tenido sentido en ningún país de nuestro entorno.
- Ha de recordarse que hemos llegado hasta aquí tras un camino que comenzó en 2014, cuando desde la organización de la que yo era Coordinador Provincial iniciamos una ofensiva contra los símbolos franquistas de la provincia de Salamanca, entre los que se encontraba en medallón de la Plaza Mayor. Instamos a más de 80 instituciones a modificar su callejero y retirar simbología, llegando a acuerdos en unos casos y en otros teniendo que acudir a los tribunales en defensa de la legalidad.
- En el caso del Ayuntamiento de Salamanca, el Alcalde, Alfonso Fernández Mañueco, ni siquiera se dignó en responder a la solicitud que presenté con mi firma en nombre propio y en el de la organización que entonces representaba, motivo por el cual nos vimos obligados a acudir a los tribunales.
- En esta defensa jurídica, dirigida y desarrollada por Azafranal Abogados, demostramos mediante informes periciales la inexistencia de valor artístico o arquitectónico alguno, al contrario de lo defendido por el Ayuntamiento de Salamanca. Por este motivo, el Ayuntamiento fue condenado a dar trámite a mi petición y al pago de las costas procesales.
- Quiero aprovechar la ocasión para mostrar mi más sincero agradecimiento a todas las personas que han colaborado para que hoy podamos tener esta noticia. A Javier Infante, entonces secretario de Memoria Histórica de IU Salamanca, por ser capaz de reunir a muchos expertos en la materia de cara a elaborar el callejero y la estrategia. A Azafranal Abogados, y especialmente a Gorka Esparza, por su dedicación y por el excelente trabajo realizado a nivel jurídico. Y, sin poder citarlos a todos, a cuantas personas han puesto su granito de arena participando en el equipo generado por Javier Infante, pero también a los catedráticos y catedráticas que prestaron sus conocimientos de manera desinteresada para poder presentar sendos informes pericial intachable.
- Por último, creo que es justo reconocer la buena labor de la Comisión de Patrimonio, que ha sabido, como era de esperar, hacer su trabajo de manera profesional y técnica, evitando cualquier otra interpretación de una norma que, por su claridad y como han dicho los tribunales, no admite otras lecturas. Sin que ello evite reconocer también la labor de organizaciones en defensa de la memoria democrática en la provincia que durante las últimas semanas han trabajado de manera incansable, al tiempo que discreta, para facilitar una resolución en este sentido.
- Dentro de poco, es de esperar, Salamanca perderá de su vista al dictador de su bellísima Plaza Mayor. De igual manera, y gracias a la solución extrajudicial a un proceso similar, ha ido perdiendo nombres de calles y, parece, finalmente terminará con otra simbología. Todo ello gracias al esfuerzo de hombres y mujeres comprometidos con la memoria democrática y de organizaciones como Izquierda Unida (que, a pesar de haber cambiado de dirección, ha mantenido el pulso). Y siempre a pesar de un Partido Popular que ha evitado posicionarse del lado de la legalidad y la democracia, y se ha visto obligado por los tribunales (en Ayuntamientos, Diputación y en este último caso) a cumplir con algo que, para algunos, es una obligación moral y política.
Firmado: Domingo Benito Lucas