La edad ordinaria de jubilación pasa a ser de 65 años y 5 meses

El ajuste en las pensiones iniciado en 2013 continúa su curso año a año y este 2017 dará una nueva vuelta de tuerca. Desde el 1 de enero, la edad ordinaria de jubilación aumentará un mes y pasará a ser de 65 años y 5 meses. Se trata de una edad de referencia, la que marca la plena aplicación de todos los derechos, porque la realidad es que el sistema tiene otras posibilidades de retiro, con diversas penalizaciones o ventajas. Los nuevos requisitos para jubilarse se aplican en un momento de máxima actualidad, con un debate abierto en la sociedad y en el Congreso de los Diputados sobre la necesidad de adoptar nuevas medidas que aseguren el pago de las prestaciones a corto y medio plazo, ya que con la normativa actual solo está garantizado hasta 2017.

Otra de las novedades es que el periodo mínimo de cotización para poder seguir jubilándose a los 65 años con todos los derechos es de 36 años y 3 meses, tres meses más que en 2016. Y en ambos casos, se computarán los últimos 20 años, uno más que en 2016, para calcular la pensión. El progresivo endurecimiento de las condiciones de retiro no ha servido para asentar en la opinión pública la creencia firme de la viabilidad de un sistema que generará este año un déficit de unos 18.000 millones de euros, y que para 2017 será similar. El recurso continuado en los últimos años al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que previsiblemente se agotará el año que viene, ha sembrado la inquietud en los futuros pensionistas, e incluso en los actuales, dado que también son víctimas de un duro ajuste al haberse anulado la garantía de actualización de las prestaciones con el IPC. Así, este año las pensiones perderán poder adquisitivo, al haber subido el 0,25%, revalorización que se repetirá en 2017.

Hay aún otro elemento de contención del gasto en pensiones que se aplicará el 1 de enero de 2019 -el 'factor de sostenibilidad'-, y cada cinco años a partir de esa fecha, que tendrá en cuenta el aumento de la esperanza de vida de los nuevos jubilados. Sus pensiones descontarán en el momento de concederse el equivalente al crecimiento de la expectativa de vida de los últimos cinco ejercicios.

A partir del año 2019, la edad de jubilación crecerá a doble ritmo del actual, ya que cada año que transcurra sumará dos meses, hasta alcanzar en 2027 los 67 años. Cuando llegue esa fecha, es probable que se abra un nuevo debate sobre la necesidad de alargar esa edad, dado que ya en estos momentos hay defensores de elevarla a 70 años. Desde que se comenzó a aplicar la reforma en 2013, ya se ha retrasado cuatro meses - a uno por año-, pero la realidad es que la edad media sigue estando por debajo de los 65 años. En concreto, el año pasado estaba en torno a los 64. Hay que tener en cuenta al respecto que la posibilidad de jubilarse anticipadamente -con las oportunas penalizaciones- presiona a la baja la edad media de retiro.

El privilegio de los 65 años

La reforma que entró en vigor en 2013 colocó en posición de privilegio a los trabajadores con largas carreras de afiliación, de tal forma que los que superen un determinado periodo de aportación al sistema puedan seguir retirándose a los 65 años. En 2017 necesitarán 36 años y tres meses, y al final del periodo de implantación de la reforma, en 2027, 38 años y seis meses. Esos dilatados periodos de cotización aportan también ventajas a la hora de jubilarse anticipadamente, con una menor penalización por trimestre de adelanto, entre otras cosas.

Otra de las medidas de ajuste del gasto en pensiones, esta vez de incidencia directa en la cuantía de cada prestación, es la ampliación del periodo de cómputo para calcularla. Cuando comenzó a aplicarse la reforma se tomaban las cotizaciones de los últimos 15 años, y en 2017 serán 20 años, para llegar a los 25 en 2022. Es posible que tampoco acabe ahí esta restricción, ya que han comenzado a escucharse voces que abogan porque se compute toda la vida laboral para calcular la prestación. Más años tenidos en cuenta quiere decir, en general, cuantía más baja, aunque unos pocos se verán beneficiados si al final de su vida laboral han tenido salarios más bajos o lagunas de cotización.

También la edad a la que se puede acceder a la jubilación anticipada sufrirá cambios, dado que la más temprana para hacerlo de forma voluntaria es dos antes de la ordinaria, es decir 63 años y 5 meses en el mejor de los casos en 2017. No obstante, si el acceso a la pensión es por causa de despido, la edad puede ser inferior en cuatro años a la ordinaria vigente en ese momento, si se han cotizado 33 años. Además, existen otras posibilidades para determinadas ocupaciones o casos de invalidez.

En las últimas reformas de las pensiones se han habilitado fórmulas para incentivar la permanencia en el mercado laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación. La ventaja es que se puede cobrar la mitad de la pensión y seguir trabajando y cotizando de manera reducida. Es una fórmula que ha tenido cierto éxito entre los autónomos, que pueden preservar así sus ingresos y percibir la mitad de una pensión, en el 90% de los casos muy reducida. Es la denominada 'jubilación activa', que el Gobierno quiere incluso hacer compatible con la percepción de la pensión completa.

Si se tiene en cuenta que el objetivo buscado era frenar el gasto en pensiones, puede decirse que sin duda la reforma está cumpliendo con su cometido. Baste para ello poner dos ejemplos: la pensión media ha pasado de crecer en torno a un 5% hasta 2008 al 1,9% de la actualidad, ajuste que se ha apoyado también en las débiles subidas de las prestaciones como consecuencia de la crisis; y además, donde mejor pueden verse los efectos es en las nuevas prestaciones de jubilación. Así, en los once primeros meses de 2015 estas prestaciones alcanzaron una media de 1.343 euros al mes, una cifra que un año después es de 1.332. Es la primera vez en la historia que en el sistema de pensiones se da un fenómeno a la baja de este tipo, que va a continuar durante décadas.

Al Fondo de Reserva le quedan poco más de 15.000 millones

Tras la última retirada de dinero producida el martes pasado del Fondo de Reserva de la Seguridad Social (936 millones de euros), a la hucha de las pensiones le queda un patrimonio de 15.195 millones (a precio de mercado), que representa el 1,41% del PIB. Esta cifra, muy probablemente, será insuficiente para hacer frente al déficit del sistema de 2017. Hasta el momento, las disposiciones realizadas alcanzan los 67.337 millones, de los que 20.136 millones de euros corresponden a este año 2016. Esta cifra es un 51,9% superior a los 13.250 millones que se tomaron en 2015.

Fuente El Norte de Castilla