Como bien recordamos, la primavera árabe hizo que miles de ciudadanos lucharan por sus ideales de libertad e incluso gracias a ella fue posible derrocar dictadores en algunos países del mundo árabe.
Autor: Alexis Silva Tosca, activista por los Derechos Humanos
Sin embargo, las cosas en Siria no resultaron como se esperaban. Han pasado ya más de cinco años desde que comenzaron las protestas en contra del régimen de Bashar Al-Ásad con la expectativa de obtener los cambios políticos que se tuvieron en Túnez o Egipto, pero, con la respuesta que dio el gobierno sirio, jamás se llegó a ese añorado escenario. Y es que ésta consistió en callar con desmesurada violencia las manifestaciones de los ciudadanos, trayendo como consecuencia la guerra en la que se encuentra sumida actualmente Siria. Una guerra compleja debido a todos los Estados que participan en ella, ya sea en apoyo de los rebeldes o contra el régimen de Al-Ásad y el Estado Islámico.
Hasta el día de hoy hemos sido testigos de que el conflicto bélico en Siria ha dejado más de 250.000 muertos, 7,6 millones de personas desplazadas internamente y 4,6 millones de refugiadas en otros países, de acuerdo con Naciones Unidas. Dicho panorama empeora con la existencia de indicios de comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad en contra de civiles por los que podría resultar responsable el propio Al-Ásad.
Todo ello ha llevado a gran parte de la Comunidad Internacional a posicionar la mira hacia La Haya, donde se yergue la Corte Penal Internacional ?CPI?, pues una de las soluciones para mitigar la violación grave de derechos humanos en dicho país sería establecer responsabilidad penal internacional a quienes resulten ser los perpetradores de los crímenes en cuestión.
Si bien el principal obstáculo para este cometido es que la CPI no tiene competencia en Siria ?pues no es Estado Parte del Estatuto de Roma que creó dicho órgano internacional?, existe una posibilidad de obtener justicia: el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esto gracias al artículo 13 del Estatuto de Roma y al capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, ya que en virtud de estas disposiciones el Consejo de Seguridad podría turnar eventualmente un caso al Fiscal de la CPI con la finalidad de iniciar las investigaciones pertinentes.
No obstante, China y Rusia, dos de los Estados que integran permanentemente el Consejo junto a EE.UU., Francia y Reino Unido, se oponen a turnar el caso sirio al Fiscal de La Haya mediante el derecho al veto, resultando para la Comunidad Internacional en un desalentador intento por conseguir justicia. Al respecto, Amnistía Internacional a través de su Informe 2015/16 señaló que "aun teniendo la esperanza de que los esfuerzos actuales traigan la paz a Siria, los años de guerra en este país han puesto también de relieve la impunidad que se crea cuando los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU usan su derecho de veto para bloquear medidas creíbles y proporcionadas con que poner fin a los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, y para dificultar la rendición de cuentas cuando se están cometiendo o se han cometido este tipo de crímenes."
Para empeorar el panorama, el gobierno ruso recientemente ha ordenado la revocación de la firma del Estatuto de Roma, lo cual acrecienta la preocupación para la Comunidad Internacional, puesto que, además de restar credibilidad a la eficacia de la CPI, se ve eclipsada una de las alternativas jurídicas para investigar la posible comisión de crímenes internacionales en Siria por intereses que no obedecen al respeto universal de los derechos fundamentales.
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