El Gobierno prohíbe la suspensión del suministro eléctrico a los hogares vulnerables

​El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que establece un nuevo mecanismo de financiación del bono social de electricidad y diversas medidas de protección de los consumidores, con especial atención a los más vulnerables. El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha destacado que el texto, que tendrá que ser convalidado en el Congreso de los Diputados, procede del acuerdo entre diferentes fuerzas políticas para solucionar "un problema de gran complejidad".

En primer lugar, la norma garantiza la financiación del bono social, que en la actualidad consiste en un descuento del 25% en la factura final de la electricidad del que se benefician 2,3 millones de hogares: familias con todos sus miembros en situación de desempleo, perceptores de pensiones mínimas, familias numerosas y consumidores con potencia contratada inferior a 3 kilovatios.

Como ha explicado el ministro, el bono social lo pagaban las empresas matrices de las comercializadoras de la electricidad que estuvieran integradas en un gran grupo, el 94% de ese mercado, pero el Tribunal Supremo dictaminó el pasado octubre que ese sistema era discriminatorio porque no incluía al otro 6%. La norma aprobada hoy incluye al 100% del mercado de las comercializadoras que actúan en nuestro país, de manera que su matriz o, si no la tienen, ellas mismas se harán cargo del bono. Por tanto, ha subrayado Nadal, será el sector eléctrico el que siga pagando ese descuento.

Consumidores más vulnerables

Una vez asegurada la financiación, el Decreto-ley introduce diversas novedades para que el Gobierno, a través del desarrollo reglamentario, refuerce la protección de los consumidores eléctricos.

En primer lugar, posibilita una definición más variada del consumidor vulnerable. Si los siete millones de personas que forman parte de esta categoría reciben ahora la misma bonificación del 25% en la factura, en el futuro podrán dividirse en diferentes grupos, en función de su renta, y recibir de ese modo ayudas distintas. El cambio entrará en vigor, según ha apuntado Nadal, "en cuanto aprobemos el reglamento, que tendrá que ser discutido y dialogado con las fuerzas políticas porque es un tema enormemente sensible".

En segundo lugar, se amplía de dos a cuatro meses el plazo para suspender el suministro eléctrico a determinados consumidores, "en las categorías que se determinen", ha señalado el ministro. En el caso de los hogares en situación de especial vulnerabilidad, aquellos que están atendidos por los servicios sociales, la norma establece la prohibición de cortar el suministro.

Nadal ha detallado que cuando una compañía eléctrica se encuentre con un impago, tendrá que comunicárselo inmediatamente al consumidor, algo que en la actualidad no es obligatorio. A partir de ahí, habrá un plazo de dos o cuatro meses, dependiendo del tipo de consumidor, para hacer efectivo el corte. Las compañías tendrán que contactar con los servicios sociales de las comunidades autónomas para saber si se trata de un consumidor extremadamente vulnerable; si es así, no podrán interrumpir el suministro. La comunidad autónoma o la corporación local se hará cargo de los pagos y las deudas, que serán cofinanciados por el bono social.

El Decreto-ley mejora, además, las condiciones de comercialización al conjunto de los consumidores, particularmente a través de la creación de un indicador que les facilitará comparar las distintas ofertas, como ocurre en el sector financiero con las hipotecas.

Álvaro Nadal ha recordado que en el proceso de tramitación de estos aspectos hay que contar con la Comisión Europea, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia y el Consejo de Estado. El Gobierno, ha remarcado, intentará "discutir con las fuerzas políticas esos desarrollos a la mayor velocidad posible y que cuanto antes el sistema opere a pleno funcionamiento".