Día de los derechos humanos

Este 10 de diciembre se cumplen 68 años de la aprobación, por la Asamblea General de Naciones Unidas, de la Declaración Universal de Derechos Humanos. De los 58 países que pertenecían a la ONU, 48 apoyaron el tratado y otros 10 se abstuvieron (entre ellos la antigua URSS y otros países del este). No hubo ningún voto en contra. En la actualidad, 195 países han ratificado la Declaración. España ingresó en la ONU 7 años más tarde, en diciembre de 1955, después de que la ONU suspendiera las sanciones a España y del tratado de amistad y cooperación firmado con Estados Unidos, por el que, como compensación a la ayuda económica recibida, nuestro país permitió que los americanos establecieran 4 bases militares en nuestro territorio.

Los estados democráticos incorporan a su derecho interno las normas y tratados internacionales sobre derechos humanos. Así, la Constitución republicana, de 1931 (que, por cierto, su aniversario se ha cumplido el 9 de diciembre, en que fue aprobada por las Cortes Constituyentes), en el artículo 7 establecía que "el estado español acatará las normas universales de Derecho Internacional, incorporándolas a su derecho positivo". La Carta Magna actual, de 1978, en su artículo 10.2 establece también que "las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España". Este artículo, como ha reconocido el Tribunal Constitucional, en sentencia 53/1985, de 11 de abril (fundamento jurídico 3), es el "prius lógico y ontológico" para la existencia y el reconocimiento de la dignidad de la persona y los demás derechos.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, que consta de 30 artículos, constituyó un hito sin precedentes (con la excepción de la Carta de Derechos inglesa, Bill of Rights, de 1689, la Declaración de Virginia, de 1776 ó la de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, francesa, de 1789, aunque con menos entidad y repercusión) y consagra la libertad y la igualdad de todos los seres humanos en dignidad y en derechos, sin que haya discriminación alguna por motivos de "raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición". Y concreta una serie de derechos como el de la vida, libertad, seguridad, a no se sometido a esclavitud ni a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; a la libertad religiosa y de conciencia y a otros derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales.

No obstante, aunque llevamos ya casi siete décadas con la vigencia de la Declaración, su cumplimiento sigue siendo aún una entelequia en muchos países. Esto ha sido una práctica general en aquéllos que sufren regímenes políticos totalitarios y autoritarios (dictaduras tanto fascistas como comunistas). España no ha sido una excepción, incluso también en nuestro actual Estado Social y Democrático de Derecho. Recordemos que recientemente un grupo de relatores de Naciones Unidas han pedido a España la retirada de algunas leyes como la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza) porque "amenaza con violar derechos y libertades fundamentales de los individuos" y porque "socavan los derechos de manifestación y expresión de los ciudadanos". Por su parte, también el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha pedido explicaciones al Estado por el "carácter arbitrario de las investigaciones y enjuiciamientos que pusieron fin a la carrera judicial de Garzón".

Las amenazas contra los derechos humanos son una tónica general, por desgracia, en todas las épocas y en todos los países (también en los democráticos y más avanzados política, social y económicamente). Y más aún con el auge de los "populismos" que acceden a los gobiernos de los diferentes países: recientemente la victoria de Trump, en Estados Unidos, o las hipotéticas de partidos ultraderechistas y xenófobos en las próximas elecciones de Francia o Alemania. Menos mal que el pasado domingo, Alexander Van Der Bellen, del partido de los Verdes, triunfó sobre el líder de la ultraderecha, Norbert Hofer.

Tanto poderes públicos como ciudadanos tendrían que divulgar y promocionar con más fuerza campañas de educación y sensibilización en derechos humanos. En las escuelas y universidades, en los centros de trabajo, en las sedes de las asociaciones de vecinos, juveniles, culturales, de mujeres, de mayores y en las de los partidos políticos, deberían realizarse jornadas y foros en defensa de la dignidad y de los derechos humanos, que nos corresponden a todas las personas por el mero hecho de serlo. Incluso no estaría mal que los diferentes gobiernos hicieran de este día una fiesta laboral universal. Creo que sería la mejor forma de prevenir conductas violentas, racistas, machistas y discriminatorias y esa enfermedad social que cuando nos ataca causa los grandes desastres y la mayor vergüenza de la humanidad (guerras mundiales, exterminio, exilio y campos de concentración).