Los trabajadores de la empresa Pedro Diego reclaman el abono de sus despidos

Varios trabajadores de la empresa dedicada a la producción y elaboración de jamones Pedro Diego S.A., ubicada en Cantagallo, el próximo enero cumplirán dos años desde que fueron objeto de un despido declarado improcedente por los Tribunales de Justicia.

Este despido generó una deuda de la empresa con los 11 trabajadores despedidos que, después de dos años, aún no ha sido satisfecha y sin embargo la empresa continúa desarrollando su actividad con total normalidad. Por este motivo los trabajadores y sus familias protafonizaron una concentración ante la puerta de las instalaciones el pasado viernes,con el fin de visibilizar su situación y hacerse oír por quienes llevan dándoles la espalda durante todo este tiempo.

Izquierda Unida ha emitido un comunicado en el que se suma y apoya las reivindicaciones de los trabajadores y se ha manifestado, junto CGT en la concentración a las puertas de la fábrica de Pedro Diego para manifestar su indignación por lo que considera un abuso de la empresa, a la que acusa de "mala praxis" y aduce como agravante que se aprovechó de un ERE en 2014.

Fuentes consultadas en hemerotecas ponen de manifiesto que no fue un solo ERE, sino dos, los que se llevaron a cabo sin el acuerdo de los trabajadores y sindicatos, y los trabajadores afectados, manifiestan que se tomaron represalias contra quienes habían denunciado a la empresa por impago de cuatro meses de salarios y dos pagas extraordinarias, castigándoles con la privación de la alternancia obligatoria de trabajadores en sus puestos durante estos periodos sujetos a Expediente de Regulación de Empleo, cuando así lo requieren las necesidades de producción, sin que funcionaran los mecanismos de control por parte de la administración que debían haber vigilado esta alternancia.

Además, fueron esos mismos trabajadores que denunciaron, los que después fueron despedidos por la empresa, quedando en una situación de desamparo doblemente perjudicados, porque se les ha dejado sin trabajo sin tener en cuenta sus edades, ni su situación familiar o personal, incluso alguno ha fallecido en estos dos años dejando viuda y huérfanos, y porque pese a haber sido despidos de forma improcedente se pretendía ponerles en la calle abonándoles diez días por año trabajado con un máximo de seis meses de indemnización, lo que ha llevado a dos años de reclamación de sus derechos y "a la ruina", según han manifestado los propios trabajadores despedidos.

Por su parte, el director de la empresa Pedro Diego ha defendido a su empresa aduciendo que la crisis les ha afectado profundamente y se vieron obligados a realizar una importante reestructuración despidiendo a varios trabajadores, atendiendo en todo momento a criterios de antigüedad, experiencia y polivalencia de los trabajadores.

Manifiesta que los responsables de la empresa reconocen en todo momento la deuda que tienen contraída con los antiguos trabajadores, así como otras con proveedores, pero que al igual que con estos han llegado a un acuerdo para poder ir abonándola poco a poco, los antiguos trabajadores tendrán que avenirse a negociar con la empresa una forma de pago fraccionado y gradual, que permita a la empresa mantenerse sin ir a la quiebra y al concurso de acreedores que dejaría a todos sin cobrar.

Pedro Diego ha añadido que el principal objetivo de los responsables de la empresa es mantenerla a flote, para lo que en primer lugar se vieron obligados a llegar a acuerdos de refinanciación con los bancos, y después a mantener reuniones con los acreedores y con los representantes y abogados de los trabajadores despedidos, obteniendo colaboración y acuerdos con los dos primeros colectivos y no así en el caso de los trabajadores.

El director de la empresa se ha mostrado en todo momento dispuesto a mantener conversaciones con ellos o con sus representantes para llegar a un acuerdo y lamenta profundamente su situación máxime cuando se trata de trabajadores que en muchos casos han estado prestando sus servicios durante mucho tiempo en su empresa y reconociendo que pertenecen a familias humildes que necesitan el dinero, sin embargo manifiesta que tienen que entender que una descapitalización de la empresa sólo llevaría a que se perdieran los 30 puestos de trabajo que aún se mantienen, de los 80 que llegó a tener, y que ante la falta de apoyos financieros necesitan un plazo de tiempo para que la empresa pueda coger oxígeno, tratando de generar los recursos suficientes para abonar todas las deudas, incluidas las de los despidos.